España pide a los socios de la UE que frenen la llegada de radicales a Cataluña
El Gobierno prioriza evitar que haya cualquier tipo de conflicto en las calles catalanas
El Gobierno ha hecho partícipe a varios países europeos de su preocupación ante la eventual llegada a Cataluña de activistas radicales que puedan ocasionar disturbios al calor de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. La respuesta ha sido inmediata y los más concernidos trabajan ya en la llamada de alerta del Gobierno para interceptar o identificar la salida de grupos pertenecientes a movimientos antisistema, anarquistas y de extrema izquierda. El Ejecutivo quiere evitar a toda costa que el 1 de octubre, y los días previos, se produzca un problema grave de orden público en las calles catalanas.
Habrá colaboración entre socios. Los países europeos conocen perfectamente la crisis política y social que vive España ante el desafío secesionista de las autoridades de Cataluña. La colaboración consolidada entre Juan Ignacio Zoido, el ministro de Interior de España, y sus homólogos de todos los países socios de la UE —cimentada en la lucha contra el terrorismo yihadista— hace ahora aún más fácil el intercambio de información. Así, los movimientos hacia Cataluña de grupos radicales antisistema han sido detectados en estos días. Estos grupos proceden de al menos tres países y ya están en el radar de las autoridades europeas, según fuentes consultadas por EL PAÍS.
El respeto a la libre circulación que rige en Europa supone una barrera legal insoslayable en el dispositivo orquestado por los socios europeos, aunque la experiencia de las policías continentales supone una garantía para identificar a quienes quieran entrar en España para unirse a colectivos que puedan ocasionar actos violentos. Así ha ocurrido en otras ocasiones cuando se ha impedido la entrada en otros países europeos de grupos organizados que querían aprovechar reuniones políticas internacionales para escenificar sus protestas.
Prevenir e impedir cualquier posibilidad de que haya violencia en las calles catalanas es una de las principales preocupaciones del Gobierno. También comparten esa inquietud el PSOE y Ciudadanos, los dos partidos que han formado una alianza de apoyo al Ejecutivo frente a los independentistas. Los miles de miembros de los cuerpos de seguridad que estarán en Cataluña desde este jueves, con un refuerzo especial entre el viernes y el domingo, tratarán de evitar que haya problemas de orden público. El primer paso es la prevención, por lo que se considera fundamental la colaboración con los socios europeos, que es muy estrecha en el caso de Francia e Italia, además de la estrategia conjunta que mantienen todos los ministros del Interior de la UE en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
El mensaje transmitido por el Ejecutivo es nítido. La situación excepcional que vive España por la crisis en Cataluña es de orden político y no debe convertirse en algo distinto. Por eso el Gobierno le ha dado al PP, el partido que lo sustenta, la instrucción de que opere con moderación en todos los terrenos. El discurso político puede ser muy firme contra los nacionalistas, pero hay que huir de actitudes agresivas que puedan ofender a parte de la sociedad catalana, señalan fuentes de la formación de Génova.
En consecuencia, la dirección del partido que sostiene al Gobierno ha desautorizado la participación de sus cargos en los actos de apoyo a las fuerzas de seguridad con los que se está despidiendo a las unidades que se desplazan a Cataluña. De hecho, dirigentes del PP y del Gobierno expresaron ayer su desazón ante los gritos de “¡A por ellos!” con los que se había coreado en Andalucía a un convoy de guardias civiles. También condenaron sin matices las palabras de un concejal del PP de Huelva, que expresó su deseo de “ver a la policía y a la guardia civil dando hostias como panes”. Los gestos se quieren cuidar al máximo. Sin embargo, eso no impide que el mensaje contra los nacionalistas gane en contundencia según se acerca la fecha del referéndum. “Hispanofobia”, fue el título elegido ayer por el PP para un vídeo con el que resumió duras opiniones sobre España, e insultos, de los líderes independentistas.
El Gobierno excluye de cualquier acusación o responsabilidad en posibles incidentes a los partidos nacionalistas. A su vez, estos son conscientes de que el peligro existe e incluso acusan al Ejecutivo y al PP de querer que haya conflictos.
“Todo el mundo sabe que Cataluña es un país pacífico, muy pacífico”, clamó ayer desde la tribuna de oradores del Congreso Joan Tardà, portavoz de ERC.
“Me preocupa la imagen de cañones, agua, porrazos y represión”, dijo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la entrada del Hemiciclo. “El PP debe evitar que el domingo haya alguna desgracia en Cataluña”, añadió.
Pacifismo
La afirmación del carácter “pacífico y alegre” de los actos que protagonizarán los catalanes los próximos días fue ayer una constante en las intervenciones en la Cámara Baja de los diputados de partidos que defienden la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre. Hoy continuarán los actos de movilización que protagonizarán estudiantes de las universidades catalanes y que tienen la autorización de sus rectores para interrumpir las clases.
La preocupación está en la jornada del día 1 de octubre, aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos que salgan a la calle son ajenos a cualquier intención violenta, según reconocen los partidos constitucionalistas. “La respuesta a la llamada del 1 de octubre será masiva y habrá kilómetros de ciudadanos que saldrán a la calle pacíficamente desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche”, anunció el diputado republicano Joan Tardà, citando así el horario de la jornada clave de la votación.
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