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Entre la espada de Erdogan y la pared de Merkel

El Gobierno busca cómo sortear la ‘patata caliente' de la extradición de dos escritores de origen turco

Manifestación reclamando la libertad de los periodistas presos el pasado día 11 en Estambul (Turquía). Ampliar foto
Manifestación reclamando la libertad de los periodistas presos el pasado día 11 en Estambul (Turquía). AFP

El pasado 28 de agosto, aprovechando la cumbre de los cuatro grandes de la UE en París, la canciller germana, Ángela Merkel, abordó al presidente español, Mariano Rajoy, para interceder por su compatriota Dogan Akhanli, pendiente de un proceso de extradición en España. Akhanli, de 60 años, alemán de origen turco, fue detenido el 19 de agosto en un hotel de Granada, en aplicación de una orden de detención dictada por las autoridades de Ankara a través de Interpol. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, lo puso en libertad provisional 48 horas después, pero no puede abandonar España mientras no se resuelva la petición de extradición turca, que lo acusa de pertenecer a la organización terrorista THKP. 

La demanda de Merkel no pilló por sorpresa a Rajoy. En un programa de la televisión RTL, la canciller ya había expresado su intención de tratar el asunto con su homólogo español, al tiempo que se mostraba satisfecha de que hubiera sido puesto en libertad, al contrario que el sueco de origen turco Hamza Yalçin, detenido el 3 de agosto en Barcelona, que espera en la cárcel de Can Brians a que se resuelva su expediente de extradición. “Es inaceptable que organizaciones internacionales como Interpol sean manipuladas así”, afirmó la canciller, aludiendo a la práctica del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de recurrir a la cooperación policial contra el crimen para perseguir a disidentes políticos.

Akhanli, residente en Alemania desde 1991, es un escritor conocido por denunciar el genocidio armenio, que más de un siglo después sigue siendo anatema en Turquía, y Yalçin, exiliado en Suecia desde 1984, es un periodista crítico con el régimen de Erdogán.

La detención de los dos ciudadanos europeos de origen turco es una patata caliente que el Gobierno atribuye al “exceso de celo” de los policías españoles, ya que sus colegas europeos, incluidos alemanes y suecos, no hicieron caso a las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre ambos.

Rajoy no puede hacerle un feo a Merkel, que no solo es la gobernante más poderosa de la UE, sino que lo ha tomado como ahijado político y alumno aventajado en las políticas de ajuste para salir de la crisis. Pero tampoco quiere indisponerse con Erdogan. España ha jugado tradicionalmente la carta de apoyar el ingreso de Turquía en la UE, quizá porque sabía que otros socios ya se encargaban de cerrarle el paso, y ha guardado silencio ante los atropellos cometidos por Erdogan tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Las buenas relaciones políticas han acompañado una creciente penetración de las empresas españolas en el mercado turco, mientras que la colaboración con sus servicios de inteligencia ha sido fundamental para identificar a los yihadistas retornados del campo de batalla sirio.

Por el contrario, las relaciones entre Ankara y Berlín se han tensado progresivamente hasta el punto de que Erdogan ha pedido a los turcos residentes en Alemania, más de 2,5 millones, que no voten en las elecciones del domingo a los partidos tradicionales (democristianos y socialdemócratas) a los que califica de “antiturcos”.

Interpol se desmarca de las detenciones

El Gobierno español ha culpado a Interpol de la detención de los dos escritores. “Vamos a tener una discusión en la UE sobre si Interpol está siendo utilizada de manera inapropiada”, afirmó el 4 de septiembre en el Congreso el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. “¿Por qué parece que nosotros lo hacemos con más automatismo que otros países? Porque se supone que estas personas han pasado por otras fronteras y no han sido detenidas... A lo mejor tendríamos que tener un filtro”, reconoció.

Sin embargo, Interpol se desmarca. “Una alerta roja [como la que tenían Akhanli y Yalçin] no es una orden internacional de arresto. Es emitida a petición de un país miembro basada en una orden de arresto nacional. Interpol no obliga a arrestar a alguien que es objeto de una alerta roja. Cada país decide por sí mismo que valor legal da a una alerta roja dentro de sus fronteras”, explica la organización.

En las próximas semanas, el Consejo de Ministros, o en su lugar el departamento de Justicia, decidirá si da vía libre a los procesos de extradición. Aunque la ley permite denegar la petición de Ankara —y hay argumentos para ello, como el hecho de que tuvieran asilo político antes de acceder a la ciudadanía comunitaria— , el ministro Rafael Catalá ya ha anticipado que su intención es proceder a un examen de los requisitos formales de la demanda turca, sin entrar en el fondo del asunto.

Una vez que el Gobierno de luz verde a la continuación del procedimiento, la decisión estará en manos de la Audiencia Nacional, que tendrá resolver si los dos escritores son entregados a Turquía. Fuentes gubernamentales reconocen que sería un alivio que la Audiencia denegase la petición, lo que permitiría al Ejecutivo escudarse en la independencia del Poder Judicial frente a las quejas de Ankara. Si los jueces aprobasen la extradición, la pelota volvería a la mesa del Consejo de Ministros, que tendría que decir la última palabra ante las presiones cruzadas de Alemania, Suecia y Turquía.

Para sortear este escenario, el Gobierno maneja una última baza: que Alemania y Suecia, países cuya nacionalidad ostentan los dos detenidos, los reclamen. España, en aplicación de la jurisprudencia de Tribunal de Justicia de la UE, estaría encantada de que sean sus socios europeos quienes se las vean con las demandas de Turquía. Pero ello requeriría que sus respectivos tribunales abrieran procesos contra ellos y eso es algo que, según fuentes jurídicas, no parecen dispuestos a hacer. Sencillamente, porque no creen que hayan cometido ningún delito.

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