La Agencia de Protección de Datos investiga un posible acceso ilícito para crear el censo electoral catalán

Tras la denuncia de un ciudadano, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado información sobre el posible “acceso ilícito” de la Generalitat y de Ayuntamientos independentistas a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Al tiempo, ha pedido a la Autoridad catalana de protección de datos (ACPD) que hiciera lo mismo con los organismos públicos catalanes, ya que tiene la competencia sobre los ficheros de datos generados por las instituciones catalanas. Este organismo no ha aclarado que vaya a cumplir con ese encargo.

No ha sido la única decisión adoptada por la Agencia española, que ha recordado a su contraparte catalana que está obligada a comunicarle cualquier dato que obtenga sobre el origen de los datos empleados para elaborar el censo para la consulta del 1 de octubre.

Así, el gabinete jurídico del organismo estatal ha elaborado un informe especificando la “ausencia de base legal” para que el Govern haya creado ese listado de votantes basándose en ocho fuentes de distinta naturaleza: fiscales, médicas, listados de elecciones pasadas, de la Seguridad Social, padrones municipales, el registro de población o el de catalanes en el exterior.

“La elaboración por la Generalidad de Cataluña [sic] de un censo electoral para la celebración del referéndum supondría un tratamiento de datos contrario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal”, ha enfatizado el gabinete jurídico de la Agencia en ese informe, basado en resoluciones y providencias del Tribunal Constitucional. Ese documento también ha sido remitido a la Autoridad catalana.

La Generalitat de Cataluña asegura que cuenta con todos los medios necesarios para realizar la consulta, incluyendo las urnas, las papeletas y el censo electoral correspondiente. La AEPD da por hecho que este listado ya ha sido validado por el Govern, puesto que el Ejecutivo catalán realizó la semana pasada el sorteo de las 55.000 personas que deberían formar parte de las mesas electorales para el referéndum programado para el 1 de octubre.