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Los jueces dicen que la Generalitat “pierde el carácter de autoridad” al desobedecer al Constitucional

Las cuatro asociaciones judiciales afirman que el desprecio al alto tribunal “no es un acto heroico sino totalitario”

Símbolos del independentismo catalán en la Diada.
Símbolos del independentismo catalán en la Diada. Getty Images

Las cuatro grandes asociaciones de jueces españoles se han unido este jueves para responder al órdago independentista lanzado por la Generalitat de Cataluña. En un comunicado conjunto, sostienen que el Ejecutivo autonómico, al desobedecer de manera reiterada las resoluciones del Tribunal Constitucional que vetan el proceso secesionista y suspenden el referéndum del 1 de octubre, “pierde el carácter de autoridad”.

“Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia no es un acto heroico sino totalitario” señala el comunicado. El texto está firmado por los portavoces y presidentes nacionales de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, de signo conservador y mayoritaria en la carrera), Jueces para la Democracia (de carácter progresista), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

El comunicado señala que la Ley del Referéndum de Autodeterminación y los decretos que las desarrollan, y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República catalana, “carecen de valor vinculante alguno”. Y recuerda que el deber de los jueces es “no aplicarlas”.

“Los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas Leyes ni las normas dictadas en su desarrollo. Por su parte, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución”, recuerdan las cuatro asociaciones. El comunicado señala que los particulares y los funcionarios “encontrarán amparo y respuesta en los Juzgados y Tribunales ante cualquier actuación encaminada a aplicar o imponer disposiciones suspendidas o declaradas nulas”.

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