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La fiscalía se querella contra los líderes de los alcaldes independentistas

El ministerio público pide al juez que prohíba a los ediles colocar carteles de apoyo al referéndum y que retiren los que hay

Miquel Buch, presidente de la Asociacion de Municipios Catalanes y Neus Lloveras, Presidenta de la Asociacion de Municipios para la Independencia. Foto: EL PAÍS (Massimiliano Minocri). Vídeo: ATLAS

La Fiscalía ha ultimado dos nuevas acciones a propósito del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado ya una querella contra los máximos responsables de los entes municipalistas que promueven el referéndum: Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), y Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fiscalía de Barcelona, por su parte, se ha querellado contra los cinco miembros de la sindicatura electoral de Cataluña por realizar actos que favorecen la celebración de la consulta, declarada ya fuera de la ley por el Tribunal Constitucional (TC).

La primera querella atribuye a Lloveras y Buch los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Ambos remitieron escritos a todos los alcaldes de Cataluña en el que les solicitaban que elaborasen un decreto de alcaldía de apoyo al referéndum.Además de pedir su declaración como imputados, la Fiscalía solicita cuatro medidas cautelares, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá decidir si acuerda. La más llamativa solicita al juez que ordene a todos los alcaldes la retirada de los carteles que aparezcan en la calle que inviten a votar en el referéndum. La Fiscalía pide que se prohíba a los ediles "imprimir, colocar o difundir por cualquier medio los carteles de fomento de la participación a favor del sí". Y que se les exija, además, "retirar, en su caso, los carteles que ya se hayan colocado".

La querella también solicita el cierre de las páginas web de las dos entidades (www.municipisindependencia.cat y www.acm.cat) y la imposición de una fianza para Lloveras y Buch por el presunto delito de malversación de fondos públicos. Por último, en la línea de lo que ya solicitaron en la querella contra el Gobierno catalán en pleno por convocar el referéndum, la fiscalía pide a los cuerpos policiales que actúen para requisar cualquier material electoral.

La querella se dirige contra los responsables de los entes supramunicipales que promueven el referéndum del 1 de octubre. Además de alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parlament por Junts pel Sí, Neus Lloveras es presidenta de la AMI. En esa condición, redactó y envió a los alcaldes adscritos a esa entidad un modelo de decreto de alcaldía en el que éstos mostraron su apoyo al referéndum. Los alcaldes que firmaron ese decreto (más de 700) serán citados a declarar por la fiscalía como investigados. A Lloveras se le atribuyen los mismos delitos que a otros cargos políticos encausados por el referéndum: desobediencia, prevaricación y malversación. La querella también se dirige, por los mismos delitos, contra el presidente de la ACM, Miquel Buch.

Lloveras y Buch "son perfectamente conocedores" de los pronunciamientos del Constitucional y de las consecuencias penales de incumplir la ley, según la fiscalía. A las 23.31 horas del 6 de septiembre, "apenas unos minutos después" de haberse aprobado la Ley del Referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O, desde la cuenta de correo de la AMI se envió una comunicación a todos los alcaldes de Cataluña "suscrita por ambos querellados". En esa carta, se pide a los alcaldes que respondan "con la máxima celeridad" con un texto que diga: "Nos damos por informados y confirmamos la disponibilidad". En la comunicación, Lloveras y Buch también remiten una "propuesta de modelo de decreto de alcaldía para demostrar vuestro apoyo político al referéndum".

El 10 de septiembre, Lloveras remitió un nuevo correo a los alcaldes de los municipios de la AMI. En él les hacía llegar un “informe” sobre la Ley del Referéndum redactado por un grupo autodenominado Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local por la Indepencia (SITxCAT). Este informe contiene la “retorcida tesis”, en palabras de la Fiscalía, de que el referéndum es legal porque se ampara en la nueva norma catalana y que lo que son ilegales son las resoluciones del Constitucional que suspenden las leyes secesionistas.

El “ilícito proceder” de Lloveras y Buch se completa con otro correo del pasado martes. En él anuncian que la AMI y la AMC, órgano este último de carácter público, han elaborado carteles a favor de la participación en el referéndum (la AMC), y a favor del sí (la AMI), y que se los harán llegar a los consejos comarcales de sus territorios para que los recojan y los coloquen en los pueblos y ciudades que gobiernan. En ese correo les advierten de que los carteles no se pueden pegar hasta las doce de la noche de ayer jueves, cuando comenzaba la campaña electoral del referéndum. El fiscal pide al Tribunal Superior de Justicia que ordene que no se coloquen los carteles y que se retiren los que ya se hayan pegado.

La sindicatura del 1-O

La segunda querella se dirige contra los cinco miembros de la sindicatura electoral, que hace las veces de junta electoral del 1-O. Entre sus funciones cuenta validar el censo electoral, los modelos oficiales de papeletas y el procedimiento del voto anticipado. El Tribunal Constitucional notificó personalmente a sus miembros (cinco titulares y dos suplentes) la suspensión del referéndum y su obligación de impedir cualquier actuación que lo impulse. El tribunal ha dado, además, 48 horas a la sindicatura para disolverse.

Los miembros de la sindicatura electoral son Jordi Matas, doctor en Ciencia Política; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Josep Pagès, licenciado en Ciencia Política y abogado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona; Tània Verge, profesora de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra; y Marta Alsina, abogada especializada en responsabilidad civil. Fuentes judiciales señalan que también podría dirigirse contra dos sustitutos.