El Congreso declara nula la condena a Companys
La Cámara toma en consideración una proposición no de ley para invalidar la sentencia de muerte del expresidente catalá
La coincidencia ha hecho que la figura del expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys haya impregnado buena parte del pleno del Congreso de los Diputados de este martes en el vértice de la convulsión independentista catalana. En un momento en el que el procés ha reactualizado el hito insurrecto de 1934, cuando proclamó el Estat català, en el que se miran y se miden los impulsores del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Pero Companys, que también fue ministro de la Marina española, no ha entrado en el hemiciclo de la mano del último partido en el que militó, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Lo ha hecho aupado por el PSOE y el PSC, que presentaron una proposición no de ley para reclamar la nulidad su sentencia de muerte, dictada por el Gobierno de Franco en un juicio sumario y sin garantías tras su detención en Francia por la policía militar alemana y su deportación a España en 1940.
La controversia que ha acompañado al político catalán desde su muerte en 1940 no ha pasado de largo en la Cámara, donde cada grupo ha tomado la figura de Companys, y por extensión la del resto de víctimas, para apuntalar sus urgencias más perentorias. El debate ha servido para visualizar las distancias que, en los temas históricos, separan a los partidos mediante los reproches sobre posiciones mantenidas en otros tiempos y geografías. Con todo, ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y el PDeCAT, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP y ERC.
El texto de la iniciativa, acordada por Pedro Sánchez y Miquel Iceta el 14 de julio, declara que las sentencias dictadas contra Companys por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas (en diciembre de 1939), y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales (en octubre de 1940), son “ilegítimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez”.
La proposición no de ley insiste en la “ilegitimidad” del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, que fueron “constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa” en la Dictadura y que, por tanto, dictaron condenas “radicalmente nulas y carentes absolutamente de eficacia y validez” contra quienes “defendieron la legalidad institucional” y un modo de vida que amparan hoy los derechos y libertades constitucionales.
Los socialistas apoyan su exposición de motivos en que el 29 de junio el Parlament de Cataluña declaró ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamó la nulidad de las sentencias de los mismos, una aprobación que, en medio de la división actual, se produjo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Pero ERC no estaba dispuesta a dejarse arrebatar la figura de Companys y antes de la celebración del pleno, el grupo liderado por Joan Tardà presentó una enmienda a la Ley de la Memoria Histórica a cuyo respaldo socialista condicionó el apoyo a su proposición de ley. La enmienda de ERC instaba al Gobierno a modificar el artículo 3 de la ley en sus tres apartados sustituyendo el término “ilegitimidad” con el que se califica a los tribunales por “ilegalidad” y cambiando la declaración de “ilegítimas” por “nulas de pleno derecho” las condenas y sanciones emanadas. La justificación de ERC es que la iniciativa socialista “solo reitera” lo que establece la ley.
La socialista Meritxell Batet basó la propuesta en que la Ley de la Memoria, cuyo impulso se produjo desde el PSOE hace 10 años, "no ha cerrado las heridas" y la sociedad sigue demandando la nulidad de las sentencias ilegítimas. En ese sentido, apeló a "repetir una expresión de unanimidad" como la de entonces con la figura de Companys, un símbolo, consideró, en el que se pueden sentir representados todos los partidos por encima de las diferencias ideológicas.
Iniciativa insuficiente
En el turno de fijación de posiciones, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han considerado que la de los socialistas es una proposición insuficiente y que, puesto que el artículo 3 de la ley no produjo el efecto jurídico de la nulidad, era mejor modificar la Ley de Memoria Histórica, algo que en repetidas ocasiones habían hecho los representantes de las formaciones nacionalistas.
Mientras que Jordi Xuclà (PDeCAT) dio la bienvenida a la iniciativa, a la que opuso enmienda, Tardà denunció "la hipocresía del PSOE", al que ha acusado de "llegar tarde con Companys", puesto que el Parlament catalán ya ha declarado nula unas sentencias que afectan a 65.090 víctimas. ERC pidió coherencia al PSOE para que proponga lo mismo que apoyó en el Parlament. "Si no, es que quieren engañarnos", añadió. Finalmente, el partido de Tardà votó en contra.
También Xavier Domènech, por el grupo confederal, ha hurgado en lo que los socialistas defendieron en otras ocasiones y consideró llamativo que la iniciativa "se produzca precisamente en el momento de la principal crisis del Estado y Cataluña". Al grupo de Domènech no le valdrá solo con una proposición no de ley. "Se tendrá que ver cuando presentemos la enmienda por la honorabilidad de todas la víctimas de la represión franquista", que Batet ha aceptado a través de una transacción.
Por su parte, el PNV ofreció su apoyo a la iniciativa a través del diputado Mikel Lagarda, pese a considerarla insuficiente por no tener consecuencias jurídicas para los afectados.
Como estaba previsto, la propuesta socialista chocó contra el PP y Ciudadanos. Antes del pleno, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, avisó en los pasillos del Congreso de que el PP votaría en contra de la iniciativa. Lo justificó en que la Ley de Memoria Histórica, en sus artículos 2 y 3, ya produjo los “efectos” que ahora se reclaman y ya se hicieron las "restituciones oportunas" a la familia de Companys y a otras 2.000 familias.
Alicia Sánchez-Camacho no se salió de ese guion, aunque le añadió la intensidad del momento catalán. Dijo que esta es una proposición que "quiere ir un paso más allá de la ley de Memoria Histórica", Y consideró amparado en la ley el reconocimiento de la ilegitimidad de las sentencias. Pero no se ha olvidado de Companys, al que no valoró como un símbolo y atribuyó haber dado un "golpe de Estado a la legalidad" por el que fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República.
La diputada popular repitió los reproches que Francesc Cambó hizo a Companys por haber sido indultado y no indultar en 1936 a los monárquicos y deploró que la Cámara un día después de la Diada de la independencia se estuviera hablando de 77 años atrás.
A tono con Sánchez-Camacho, Juan Manuel Villegas (Ciudadanos) lamentó que se tuviera que "volver una vez más la vista atrás, para hablar de 1939 y 1940", que no son las prioridades de su formación y defendió la eficacia de Ley de Memoria Histórica para las reclamaciones de la oposición. La iniciativa, sin embargo, fue tomada en consideración por 168 votos contra 141 y 32 abstenciones.
El PP da largas a la eliminación de los aforamientos en Murcia
El Pleno también debatió la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia para eliminar los aforamientos políticos, una de las condiciones que puso Ciudadanos al PP para apoyar la investidura del presidente murciano, Fernando López Miras, y que los populares no parecen muy dispuestos a cumplir.
Todos los partidos, excepto el PP, defendieron la toma en consideración de esta reforma estatutaria. Los populares, que admitieron que les gusta el fondo pero no la forma de la propuesta, se distanciaron de la propuesta defendiendo que para la supresión de los aforamientos hay que abrir un debate nacional para no generar desigualdades en “una España de dos velocidades”.
El PP defendió que el aforamiento no es un privilegio sino una garantía. Reconoció que en España hay más de 250.000 aforados, pero matizó que solo 2.000 de ellos son responsables políticos. Sobre ese dato, el representante popular, Francisco Bernabé Pérez, se preguntó si había que suprimirlos todos o solo a los políticos, “cuando la lacra de la corrupción se ha dado en todos los estamentos”.
La propuesta, sin embargo, fue tomada en consideración. La Mesa del Congreso abrirá el plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional, que tendrá dos meses para redactar un dictamen junto a la delegación designada por la Cámara autonómica.
Con todo, el texto remitido por el Congreso puede ser vetado o enmendado por el Senado y su dictamen definitivo, tras superar la revisión por la Comisión Constitucional, requiere de la mayoría absoluta de la Cámara Baja para salir adelante, al tratarse de una ley orgánica.
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