Rajoy plantea reformar el Código Penal y mejorar la cooperación internacional para combatir el terrorismo

Mariano Rajoy planteará la necesidad de mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo durante la reunión que mantendrá el lunes en París con Emmanuel Macron, el presidente de Francia; Angela Merkel, la canciller alemana; y Paolo Gentiloni, el presidente de Italia. Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, que también ha apuntado la posibilidad de modificar el Código Penal y de acometer cuantas reformas sean necesarias para adaptar las herramientas de la lucha antiterrorista a los nuevos perfiles de los yihadistas, que consumen alcohol, comen cerdo y se visten con ropa occidental para pasar desapercibidos. Rajoy también ha pedido que las fuerzas políticas que no han firmado el pacto antiterrorista (Podemos, ERC, PNV, Bildu o PdECAT) se incorporen al acuerdo.

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"En España hemos revisado nuestro Código Penal en dos ocasiones para combatir las nuevas formas del terrorismo yihadista, y si es necesario volveremos a hacerlo en el futuro", ha advertido el presidente del Gobierno. "Es evidente que los terroristas modifican sus comportamientos, y nosotros debemos hacer lo propio. Nunca hay ni puede haber descanso en esta tarea, y por eso es tan importante la unidad política", ha seguido. "En la lucha contra el terrorismo, aparcar las diferencias nos hace grandes y fuertes frente a los asesinos", ha continuado. "La unidad política es fundamental y debe ofrecer resultados en forma de reformas y mejoras que doten a nuestros jueces, policías y fiscales de mejores herramientas para luchar contra esta lacra", ha añadido. "La coordinación policial e institucional, y la unidad política, se completan con la imprescindible cooperación internacional", ha rematado el presidente del Gobierno, que aprovechará la cumbre europea del lunes para "perfeccionar los mecanismos de cooperación en la lucha contra el terrorismo"; "analizar los actuales mecanismos"; y "abordar opciones para su impulso y mejora".

El entramado legal, judicial y policial tejido por España para combatir a ETA sirvió de base para lograr que no hubiera ningún atentado yihadista en el país en los trece años transcurridos entre el 11-M (2004) y el 17-A (2017). Sin embargo, los ataques de Barcelona y Cambrils (Tarragona) han demostrado al Ejecutivo que esa estructura debe modificarse, cambiando al mismo ritmo que lo hacen los terroristas para evitar ser detectados. El Gobierno afronta la tarea con precaución. No es tiempo de tomar decisiones en caliente, subrayan fuentes del gabinete de Rajoy, sino de investigar los ataques, sacar las conclusiones pertinentes y reaccionar luego con reformas para evitar nuevos atentados.

Al tiempo, el Ejecutivo ha logrado el compromiso de las autoridades europeas y de sus socios continentales para acelerar los trabajos de la Comisión del Parlamento Europeo que debe subsanar las deficiencias detectadas en el intercambio de información entre los Estados miembros; identificar los métodos más exitosos para proteger infraestructuras clave; y unificar la legislación que combate la financiación del terrorismo y la radicalización de los terroristas. En La Moncloa se sostiene que los socios europeos deben homologar criterios en la lucha antiterrorista y mejorar el intercambio de información entre sus servicios secretos para agilizar la lucha contra "una amenaza global".  Esta misma semana, Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, dio el primer paso para abordar esas cuestiones durante una reunión con Gérard Collomb, su homólogo francés. 

Cooperación con la Generalitat

Rajoy también ha defendido este viernes la cooperación del Gobierno de España y el de la Generalitat en la gestión de la respuesta a los atentados. En una comparecencia posterior al Consejo de Ministros, el presidente ha subrayado "la coordinación fluida y constante" entre las dos administraciones, ha recalcado la ayuda prestada por Francia y Marruecos en la investigación, y ha querido despejar el fantasma de posibles tensiones entre La Moncloa y la Generalitat, que ha especificado que mantiene la hoja de ruta independentista tras los ataques.

"Quiero destacar que en la misma tarde del jueves se activaron todos los protocolos de actuación, con dos ejes prioritarios: la investigación de los hechos y la atención inmediata a las víctimas", ha recordado el presidente del Gobierno. "La coordinación ha sido fluida y constante, tanto en el nivel de decisión política como en el técnico de responsabilidades policiales", ha recalcado. Y ha subrayado: "Desde el minuto cero, el gobierno de España y el de la Generalitat acuerdan la constitución de un gabinete de crisis, que recibe información en tiempo real. Siempre hubo allí miembros de la Guardia Civil y la Policía nacional. Quiero resaltar el carácter de lealtad de la cooperación entre los diferentes cuerpos implicados en la investigación".

Rajoy y Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, conversaron telefónicamente nada más producirse los atropellos en Las Ramblas, el jueves, pero no se reunieron hasta el viernes. Entre esos dos hitos, ambos presidieron por separado sendos gabinetes de crisis y protagonizaron comparecencias públicas individuales en la capital catalana.

Desde entonces, los dos presidentes han pedido “unidad” frente al terror y han argumentado que su colaboración es estrecha y que las dos administraciones intercambian información al minuto. Sin embargo, la gestión pública de la crisis ha correspondido principalmente a la Generalitat, que también es la que se ha encargado de informar a los ciudadanos del avance de la investigación.

Aunque casi una decena de ministros del Gobierno se han desplazado en los últimos días a Cataluña, quien ha servido de puente entre las dos administraciones ha sido Enric Millo, el delegado del Ejecutivo en Cataluña. Además de Rajoy, solo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, han jugado hasta ahora un papel relevante sobre el terreno.

La número dos del Gobierno se ha convertido en la cara del Ejecutivo en Cataluña y también en la referencia de los representantes de los países con ciudadanos afectados por los ataques. El titular de Interior, por su parte, fue el primer miembro del Gobierno en reaccionar a los atentados, aunque paulatinamente fue cediendo protagonismo a las autoridades catalanas y priorizando el contacto con sus homólogos extranjeros (incluso se desplazó a Francia para entrevistarse con el ministro de Interior galo).

“No se trata de echarle leña al fuego”, resumió una fuente de la dirección nacional del PP, que vinculó el perfil bajo adoptado por el Gobierno a su voluntad de no crear conflictos y tensiones innecesarias con los independentistas catalanes. Un segundo integrante de la dirección del partido que sostiene al Gobierno se expresó en los mismos términos. Los consejeros de Rajoy, además, minimizan las quejas que haya podido provocar esa táctica en un sector de su partido en Cataluña (que reclama una mayor presencia), y las describen como “muy minoritarias”.