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La Generalitat mantiene los planes para la consulta ilegal

“No se va a evitar el referéndum”, afirma el consejero del Presidencia, Jordi Turull

Carles Puigdemont, el día posterior a los atentados de Barcelona.
Carles Puigdemont, el día posterior a los atentados de Barcelona.

La Generalitat mantiene imperturbable su objetivo de convocar el referéndum ilegal para la independencia del próximo 1 de octubre, pese a los atentados que asolaron Cataluña la pasada semana. “No se va a evitar el referéndum”, sostuvo ayer a modo de claro desafío Jordi Turull, portavoz del Gobierno catalán. Junts pel Sí opina que la gestión de la crisis terrorista le ha dado alas y que se ha demostrado que la Generalitat puede erigirse en Estado.

Turull, también consejero de Presidencia, se convirtió ayer en el primer miembro del Ejecutivo que alza la voz tras los 15 asesinatos del jueves, para asegurar que, pese a los ataques yihadistas, no existen motivos para paralizar los planes en los que el Gobierno de Carles Puigdemont ha estado trabajando en los últimos veinte meses para saltarse la legalidad marcada por la Constitución. “Cataluña está preparada y quiere gobernarse a sí misma, pero intentar mezclar una cosa [terrorismo] con otra [independencia] es muy miserable”, dijo en una entrevista en Radio Nacional, a dos días de la manifestación de repulsa del terrorismo con la que se quiere dar una imagen de unidad de todas las instituciones.

Tanto desde el Gobierno catalán como desde Junts pel Sí se defiende que el terrorismo no puede alterar el objetivo independentista, bajo el argumento de que esa variación sería una victoria de quienes utilizan los atentados. En ese sentido se refirió el vicepresidente del Gobierno catalán el martes, cuando dijo: “Tenemos que procurar que los atentados no alteren la vida democrática de las sociedades. No hay ninguna sociedad que se deje condicionar por el terror o por el chantaje del terrorismo”. El Ejecutivo trata de aprovechar la idea de que el terror no puede afectar a la cotidianeidad y esta, en el último año y medio de política catalana, se ha convertido en el proceso independentista, sin apenas otras iniciativas legislativas.

Así, los ataques terroristas no van a cambiar en absoluto la estrategia de la Generalitat, afirmación que se pudo constatar también en una cena celebrada el pasado lunes en el Empordà, organizada como cada verano por el cineasta Pere Portabella, y a la acudieron empresarios y dirigentes del Gobierno catalán, entre ellos Puigdemont.

Ciudadanos pide condecorar a Guardia Civil y Policía Nacional

Júlia Gamissans

Ciudadanos propuso ayer la concesión de la Medalla de Oro del Congreso a todas las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia (SEM) que participaron en las tareas posteriores de los atentados de la semana pasada en Cataluña, incluyendo a los Mossos d'Esquadra, pero también a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La Mesa del Parlament otorgó, el pasado martes, la Medalla de Honor a la Policía catalana, al SEM y a las policías municipales de Barcelona y Cambrils. El vicepresidente de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, también propuso galardonar a la Policía y Guardia Civil, pero la petición, tras tres horas de debate, fue desestimada. No obstante, esta obtuvo el apoyo del secretario de la Mesa, David Pérez (PSC), y de la diputada José Cuevas (PP).

La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, anunció que la medalla era "un reconocimiento a la dedicación, esfuerzo y valentía" que mostraron los integrantes de los servicios públicos citados, y añadió que el agradecimiento "se extendía" al resto de los cuerpos y voluntarios que participaron en la respuesta de los atentados, pero que el criterio establecido para condecorar era el de honrar a aquellos efectivos que dieron una respuesta inmediata y que se encontraban en el territorio de actuación en el momento de los hechos: "Por eso no se ha dado la medalla a otros colectivos como podrían ser los camareros o los médicos de los hospitales", explicaron fuentes del entorno de la presidenta.

Ciudadanos criticó esa distinción y reclamó que los cuerpos nacionales fueran reconocidos por el Parlament, sin embargo Espejo-Saavedra no rompió la unanimidad de la votación de la Mesa, porque, afirma, "no quería bloquear la entrega de una medalla tan necesaria".

Reanudar la controversia

Para el 1 de octubre está prevista la convocatoria del referéndum y para el 6 de septiembre el inicio del desafío soberanista, que se escenificará en el Parlament con la aprobación de la ley del referéndum. Ese paso precipitará el choque de trenes definitivo de la Generalitat con el Gobierno central —que recurrirá la ley en cuanto inicie su tramitación— y el Tribunal Constitucional. Será entonces cuando el bloque independentista prevé saltarse los avisos y las prohibiciones y dar visos de realidad a una legalidad catalana que, según su criterio, blindaría la celebración del referéndum y podría llevar a incumplir la ley española a los funcionarios de la Generalitat.

Si no hay otro cambio de planes, el mismo 6 de septiembre se iniciará la tramitación con una reunión de la mesa del Parlament antes del pleno y, minutos después, acabará aprobándose en el pleno con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Se utilizará una excepción del reglamento de la Cámara (artículo 81.3) para introducir la votación en el orden del día, imposibilitando que haya enmiendas de la oposición.

En los planes del Gobierno catalán y de las entidades independentistas no pasa desapercibido que una prohibición de la norma espoleará la multitudinaria manifestación de la Diada, el 11 de septiembre. El número final de personas que acudan a la marcha, en la capital catalana, y la respuesta a las que puedan convocarse posteriormente serían uno de los argumentos utilizados por el Gobierno catalán y el Parlamento para hacer caso omiso de la prohibición del Constitucional y ceñirse a la supuesta “legalidad catalana”. En ese sentido, Turull defendió que el plan secesionista tiene “la legitimidad de los ciudadanos”. Junts pel Sí y la CUP concentran el 47,8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, aunque tienen mayoría en la Cámara catalana.

En las filas de Junts pel Sí existe la sensación de que la gestión de la crisis de los atentados ha reforzado la imagen del Gobierno catalán y ha reforzado los ánimos. Diversos diputados de la coalición retuiteaban ayer un reportaje publicado por The Wall Street Journal que asume que la investigación policial y la caza de los terroristas “ha dado al Gobierno catalán una ocasión para desmostrar su principal argumento: que puede gobernar independientemente de Madrid”. Incluso la CUP, permanentemente censora del papel de los Mossos d'Esquadra, ha celebrado en este caso su actuación y ha asumido el discurso de que la Administración ha actuado como “Estado, independientemente del Estado español”.