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¿Cuántos turistas caben en España?

El tope de plazas impuesto en Baleares abre el debate sobre la sostenibilidad de un sector que representa el 11% del PIB español

Bañistas en la playa de la Barceloneta (Barcelona) el domingo 13 de agosto.
Bañistas en la playa de la Barceloneta (Barcelona) el domingo 13 de agosto.

Barcelona impide la apertura de nuevos hoteles en el centro, e incluso diseña una senda de decrecimiento en las zonas más saturadas.

Baleares decreta un tope de 623.624 plazas turísticas, con vistas a que este número vaya cayendo progresivamente hasta quedar ligeramente por encima del medio millón.

Actos vandálicos aislados bajo el paraguas del nuevo término de moda, la turismofobia, se han convertido en la serpiente del verano.

Y, por si todo esto fuera poco, el operador turístico TUI echa más leña al fuego al afirmar que España ya está muy llena; y que otros destinos se beneficiarán de esta saturación.

Frente a la masificación, el sector aspira a diversificar las visitas en distintas zonas y épocas del año

Pero, ¿es realmente así? ¿Son los más de 80 millones de visitantes extranjeros previstos para este año ya demasiados? La respuesta, compleja y con muchos matices, se resume en una especie de término medio: sí en algunos lugares y en algunas épocas del año; no con carácter general.

Incluso el propio sector admite la necesidad de abordar el desembarco masivo de visitantes con chanclas y bermudas en determinadas ciudades o islas. “En estos lugares, es necesario o bien limitar las capacidades de acogida o bien subir los precios de forma importante. Por eso creemos que la ley balear va en la buena dirección”, asegura José Luis Zoreda, vicepresidente y portavoz de Exceltur, el organismo que ejerce como lobby del turismo español. El objetivo primordial es, según Zoreda, doble: mantener como locomotora del crecimiento un sector que genera más de 2,5 millones de empleos directos y que, con el 11% del PIB, es ya la primera industria del país. Y, al mismo tiempo, evitar que sus efectos negativos acaben por extender una antipatía entre amplias capas de la población.

Pese a todo el revuelo levantado, el techo de plazas turísticas no es ninguna novedad en Baleares. Se estableció en 1999 bajo el principio de intercambio, que consistía en la creación de una bolsa de alojamientos en la que no se podía dar de alta ninguna cama si previamente no se había dado de baja otra. Pero tras unos años en los que esta norma se desvirtuó y, sobre todo, tras la irrupción masiva de las plataformas online de apartamentos turísticos, el Gobierno que dirige la socialista Francina Armengol se ha propuesto poner orden en el sector.

"Hay que limitar la capacidad o subir precios”, opina el ‘lobby’ del sector

Para ello ha decretado una moratoria de un año para Airbnb, Homeaway y similares, y convierte en ilegales los pisos turísticos que hasta ahora funcionaban al margen de la legalidad. Los incumplidores tendrán que hacer frente a cuantiosas multas. El Gobierno también acota las plazas actuales a 623.624, de las que unas 50.000 están en la bolsa de alojamientos aún sin atribuir. Para el futuro se plantea no renovar cerca de 120.000 licencias, las concedidas de más desde que la creación de los topes hace casi dos décadas.

Límites sobrepasados

¿Considera el Gobierno balear que las islas acogen ya a demasiados turistas? “En verano no se puede crecer más. Se han sobrepasado los límites. Tenemos que reequilibrar el modelo, demasiado dependiente del turismo”, responde Gabriel Barceló, vicepresidente y consejero de Turismo. Este político del partido econacionalista Més insiste en reenfocar el debate: no solo importa el número total de visitantes, sino la calidad de los servicios que se ofrecen. Para ello, compara la situación de Baleares y Canarias, dos archipiélagos que reciben un número similar de turistas —más de 15 millones el año pasado, en su mayoría extranjeros— pero con distintas capacidades de acogida.

Ya en los años noventa se intentaron fijar máximos de ocupación

“Canarias tiene más islas y más grandes. Y, además, los viajeros allí están mejor repartidos a lo largo del año, mientras que aquí llegan sobre todo en verano”, explica Barceló. Incluso dentro de una misma comunidad, las diferencias son también abismales. No tiene nada que ver la masificación de la localidad mallorquina de Magaluf o la ibicenca Sant Antoni, por ejemplo, con la más tranquila Santa Eulalia, también en Ibiza.

El discurso de este político econacionalista coincide en este aspecto con el de los representantes del sector: ambos reclaman una mayor diversificación en la oferta. “No tiene sentido hablar de cupos nacionales. La realidad es muy diversa. En Teruel el turismo no es un problema ahora ni probablemente lo será nunca. Pero en Barcelona se están superando los límites de capacidad. O en Palma. Allí tenemos un problema”, añade Zoreda.

Un experto pide evitar a los ‘hooligans’ y fomentar al viajero responsable

Y es en estos lugares donde el sector corre el riesgo de alienar la simpatía hasta hace poco prácticamente unánime en la población. Por primera vez en la historia, los ciudadanos de Barcelona ven al turismo como el principal problema de la ciudad, según reveló en junio una encuesta del Ayuntamiento.

Las cuotas baleares fueron recibidas con poco disimulada satisfacción por los hoteleros, que sin embargo criticaron la posibilidad de reducir plazas en el futuro; y por una abierta hostilidad de los principales perjudicados por la normativa, las plataformas como Airbnb, que veían en los planes del Gobierno balear un atentado contra su actividad.

Expertos como Juan Ignacio Pulido conceden que la limitación de plazas puede tener sentido en lugares como Baleares. Pero este profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén insiste en que la solución no vendrá tan solo limitando la oferta. “El problema de Magaluf no es de oferta, sino de demanda. Hay que tomar medidas para impedir que vengan los hooligans e incentivar el turismo responsable. Y no se puede meter en el mismo saco a todos los establecimientos. No es lo mismo una plaza de hotel que dispone de depuradora de agua y medidas de ahorro energético que otro que no lo tenga. O uno que paga buenos salarios y otro que no”, concluye Pulido.

Desde las tecnológicas, las críticas a la ley balear son todavía más despiadadas. Fernando Encinar, jefe de Estudios de idealista.com, dice que está “en shock” por la decisión del Gobierno. “Dentro de un año, veremos que la gente que quiera alquilar usará plataformas desconocidas, y por lo tanto más difíciles de controlar. Veremos fraudes y abusos por culpa de una prohibición que no va a solucionar nada”, responde.

Revolución de Airbnb

El turismo español ha pasado en solo 15 años de recibir a 50 millones de extranjeros a los cerca de 84 millones previstos para 2017. En este periodo, el número de plazas —en hoteles, campings, apartamentos turísticos reglados, turismo rural y albergues— ha crecido en 800.000, hasta llegar a los 3,3 millones del pasado junio, según los datos del INE.

Pero pocos impactos ha experimentado el sector comparables a la irrupción de Airbnb y otras plataformas que han facilitado que un alemán pueda vivir su experiencia mediterránea alquilando un piso en el Eixample barcelonés prácticamente sin intermediarios. Según los cálculos de Exceltur en 22 ciudades, el número de pisos turísticos superó por primera en 2016 al de plazas hoteleras.

Las plataformas de apartamentos turísticos argumentan que, con su actividad, contribuyen a redistribuir los ingresos de un sector en ebullición a segmentos de la población que hasta ahora no se beneficiaban. Este argumento es en parte cierto. Pero obvia otras consecuencias perjudiciales que ha traído el que tantísimos propietarios se hayan convertido de la noche a la mañana en pequeñísimos empresarios de la hostelería. “Ha habido un crecimiento descontrolado al que hay que poner coto. De repente llegan a Barcelona decenas de miles de personas con las que las infraestructuras hoteleras y turísticas no contaban. Así se genera una presión tremenda sobre el territorio”, replica el experto en turismo Antonio Bernabé.

Los empresarios del sector llevan años frotándose las manos con récords que se superan mes a mes. 2017 promete sobrepasar todas las expectativas. Pero es importante tener en cuenta que muchos de los que llegan a España son turistas prestados, viajeros que huyen de los problemas de otros destinos —principalmente, los países afectados por las tensiones tras las primaveras árabes—; y que tan pronto como se tranquilice la situación volverán a esos lugares. Así se explica la llamada del operador TUI a los hoteleros españoles a contener los precios, con la amenaza velada de apostar por otros destinos.

Mientras tanto, España debe hacer un difícil equilibrismo entre afrontar la saturación en determinadas zonas, apostar por actividades que vayan más allá del sol y playa, y evitar que un creciente número de ciudadanos sienta que la turistización de sus ciudades les expulsa poco a poco de sus barrios. Y, todo ello, sin olvidar al inglés que elige la costa gaditana para pasar sus vacaciones.

De la moratoria canaria al plan de Valencia para Airbnb

El debate sobre los límites del turismo ha rebrotado ahora tras la decisión de Baleares de fijar un tope de plazas. Pero no es nuevo. A principios de este siglo, el Gobierno de Canarias impulsó una moratoria hotelera que, pese a sus excepciones, ha dejado de estar en vigor recientemente. Junto a la gestión del suelo, las Administraciones locales y autonómicas se enfrentan ahora a un reto tan o más peliagudo: qué hacer con los pisos turísticos no reglamentados que se alquilan a través de plataformas como Airbnb.

“Todas las ciudades estamos trabajando en cómo afrontar el aumento incontrolado de estos apartamentos. En Valencia preparamos un plan estratégico basado en la sostenibilidad cuyas conclusiones presentaremos en septiembre”, asegura Antonio Bernabé, director de la Fundación Turismo Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna en coalición Compromís, PSOE y València en Comú, se ha reunido con las partes afectadas para estudiar cómo abordar la proliferación de estos apartamentos. Las autoridades se plantean el establecimiento de una tasa especial sobre los pisos turísticos y la creación de un observatorio que cuantifique y analice la situación. “Hemos identificado muchos apartamentos que se escapan a cualquier tipo de control. Es cierto que en Valencia el fenómeno aún no se ha extendido tanto como en otras ciudades. Pero creemos que es mejor actuar preventivamente, antes de que se convierta en un gran problema”, concluye Bernabé.

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