La fiscalía archiva las dos denuncias contra Moix por su sociedad panameña

La Fiscalía General del Estado ha archivado dos denuncias contra el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix por vulneración del régimen de incompatibilidades, al entender que no incurrió en "conducta corrupta" por ser dueño, como sucesor, del 25 % de un inmueble registrado a nombre de una sociedad offshore en Panamá. Moix dimitió al frente de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 1 de junio tras desvelarse que a través de dicha sociedad offshore camuflaba la propiedad de un chalé en Collado Villalba junto a sus tres hermanos.  Moix llevaba apenas tres meses en el cargo y dijo que dimitió "para proteger a su familia".

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El fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, considera que "los datos fácticos y "documentación" aportados en sendas denuncias, "en ningún momento" permiten calificar los hechos de falta disciplinaria por actividades incompatibles con el cargo de fiscal, a la luz del Estatuto Orgánico del ministerio público. "Los hechos objeto de estas actuaciones constituyen una cuestión de naturaleza estrictamente privada, sin incidencia en el régimen de incompatibilidad absoluta de los miembros del ministerio fiscal", destaca

el jefe de la Inspección Fiscal en su decreto, suscrito el pasado 26 de julio.

El artículo 57.7 del Estatuto de la Carrera Fiscal señala como incompatible con cargos fiscales "el ejercicio de toda actividad mercantil". Asimismo, el artículo 57.8 de esta misma ley establece que los fiscales no pueden desarrollar las "funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".

Cartagena recuerda que un mes antes, el 26 de junio, la Fiscalía del Supremo archivó ya estas diligencias abiertas para investigar ambas denuncias, una de un particular y otra del presidente partido político Contrapoder, José Luis Mazón. Al decretar ese archivo, la fiscalía del alto tribunal, a la que está adscrito Moix, consideró que el denunciado no incurrió en "ninguna conducta corrupta" por el hecho de ser dueño, como sucesor, del 25% del chalé en Collado Villalba heredado de su padre fallecido, titular de una sociedad radicada en Panamá.

De igual modo, el fiscal jefe inspector opina que ser titular, junto con otros tres hermanos, del 25% de una sociedad cuyo único bien es un inmueble, sin participar en ella desempeñando funciones de ningún tipo, "no comporta infracción disciplinaria alguna".

Cuando anunció su dimisión, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, manifestó que pese a la decisión "personal" tomada por Moix, él no veía que su conducta hubiese sido incorrecta.

La renuncia de Moix, colocado en una situación insostenible –con los partidos de la oposición y las principales asociaciones de la carrera fiscal exigiendo su cese- acabó con una trayectoria marcada por la polémica. Su nombramiento, el pasado 22 de febrero, fue ampliamente discutido por dos motivos principales. El primero, de carácter técnico, por el hecho de no haber pertenecido a la plantilla de Anticorrupción, una fiscalía especializada con cierto espíritu de cuerpo. La segunda razón era política: Moix, anterior fiscal superior de Madrid, fue considerado desde el inicio un ariete del Gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y, en los últimos meses, Lezo.