Anticorrupción o el rompecabezas de Maza

El Consejo Fiscal, órgano que asiste al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha sido convocado el próximo 5 de julio para dar fumata blanca al nombramiento del nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. El plazo para optar al concurso de dicha plaza vencía ayer, 23 de junio. Son siete los aspirantes. Pero lo que sale del concurso y lo que diga el Consejo Fiscal no es vinculante. Maza decide una vez oído dicho órgano.

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Y Maza, en un rapto de creatividad, vende ahora que quiere a una fiscal jefe en la persona de la actual fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Montes. Ella, que se ha presentado para optar a la plaza, ha sido hasta 2011 fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cargo al que llegó aupada por Jesús Cardenal, nombrado fiscal general del Estado por el gobierno de José María Aznar. Desde 2011 no dirige equipos, carece de experiencia en delitos económicos y corrupción y es fiscal de a pie en el Supremo.

Una vez formalizadas las candidaturas, Maza intentará persuadir a la Asociación de Fiscales (AF), entidad conservadora que posee seis decisivos votos sobre los 11 del Consejo Fiscal, de que le respalde en el nombramiento de Montes, como ya hiciera en febrero pasado al prestarle su apoyo para nombrar al fiscal jefe, más tarde defenestrado, Manuel Moix. Según ha explicado Maza, él está dispuesto a proponer a un candidato siempre que tenga algún voto en el Consejo Fiscal (no el suyo, se entiende).

Para conseguir el apoyo a Moix, Maza le dio a la AF todo lo que tenía en cartera para ofrecerle. Primero, el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional para Jesús Alonso, teniente fiscal en ese tribunal y portavoz de la AF; también el cargo de fiscal jefe de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para Ana Tárrago (que era vocal del Consejo Fiscal que adoptó la decisión) y, finalmente, el nombramiento del fiscal Antonio Roma como enlace con América Latina para la lucha contra la criminalidad organizada, un puesto que el ministro Rafael Catalá ya había ofrecido al juez Eloy Velasco, sin éxito.

Pero el fiscal general del Estado no puede cambiar más cromos para conseguir el respaldo de la AF a su candidata. Y, además, la caída de Moix requiere, según varios dirigentes de la AF, un distanciamiento respecto a Maza. Porque la AF se presenta no como una organización conservadora sino como una asociación de la “carrera fiscal” que defiende los intereses de todos.

La AF, pues, parecía estos días dispuesta a apoyar la candidatura de Alejandro Luzón, miembro de la Fiscalía Anticorrupción y actualmente teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. De orientación conservadora, Luzón parecía el candidato ideal.

Pero si a Maza se le complica armar el rompecabezas, no le ocurre menos a la AF. Para ascender al puesto de fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, Ana Tárrago logró vencer a su compañero Jesús García Calderón, un histórico de la AF. Y ahora García Calderón se presenta para el puesto de fiscal jefe Anticorrupción.

¿A quién apoyará la AF? ¿A Luzón, como algunos postulaban hasta ahora? ¿O se dividirá y algunos miembros votarán a Luzón y otros la candidatura de García Calderón?

Por último, a todo el Consejo Fiscal y a Maza se les ha complicado salvar la cara. ¿Por qué? En una jugada estratégica, el fiscal jefe de la fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pedro Crespo, ha decidido dar el paso al frente y optar por la plaza de Anticorrupción. Crespo ya es fiscal de sala del Supremo, máxima categoría y salario más elevado de la carrera. Pasaría a un puesto para el que se requiere ser fiscal de sala, sin necesidad de ascenso e incremento salarial alguno. Ha trabajado en asuntos de delitos económicos en la Fiscalía de Madrid y tiene un plan de reforma de Anticorrupción. Propone crear tres departamentos especializados (lucha contra la corrupción, criminalidad organizada y criminalidad económica-financiera) y replantea la coordinación con las llamadas unidades de apoyo: la UCO (Guardia Civil), la UDEF (Policía), la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Pero Crespo, cuya profesionalidad es reconocida por conservadores y progresistas, fue teniente fiscal y fiscal jefe de la secretaría técnica durante el mandato del fiscal general Cándido Conde-Pumpido, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto supondrá que en el Consejo Fiscal obtendrá los tres votos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y quizá el de uno de los dos vocales institucionales.