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“Queda prohibida la realización de fiestas, reuniones o acumulación de peso en la terraza”. Con esta frase y su traducción en inglés cuelga un cartel en las paredes del portal de un edificio residencial del palmesano barrio de Marqués de la Fontsanta, en plena zona del Eixample y junto a la céntrica estación de tren y la plaza de España. En la zona hay un total de nueve inmuebles en los que hasta hace pocos años habitaban familias y parejas con alquileres de larga duración que con el devenir de los meses han sido sustituidos por jóvenes ingleses, alemanes y franceses que vienen a pasar unos días de turismo y diversión en la capital de las Baleares.

“He buscado el anuncio en un montón de portales web para denunciarlo y no doy con él”, lamenta Júlia Llaneras, vecina del segundo piso que tiene que convivir con uno turístico situado en el primero. Varias veces a la semana se topa con extranjeros que suben su maleta con ruedas por las escaleras y que utilizan las bicicletas que el propietario del piso también les alquila. Entre olor a crema solar, golpes con las maletas y alguna voz más alta que otra, en ocasiones tienen suerte de que los turistas no molestan. Otras, no tanto, y los vecinos se ven obligados a poner carteles para dejar claras las normas de convivencia.

Florian Deveaux y su novia están sentados junto a la Lonja de Palma con un mapa en la mano. Ambos son belgas y pasan sus primeras vacaciones en la ciudad, alojados en un apartamento que han encontrado a través de la plataforma AirBnB. ¿Por qué un piso antes que un hotel? Deveaux dice que el apartamento es mucho más barato que una noche de hotel y les permite tener libertad a la hora de entrar y salir. “Siempre que viajamos por Europa encontramos el alojamiento a través de AirBnB”, dice mientras señala en el plano el barrio en el que se ubica el apartamento, a unos 20 minutos andando de la zona histórica y monumental.

La proliferación de pisos turísticos, la escalada del precio del alquiler de larga duración y la consiguiente expulsión de los residentes a poblaciones de alrededor, así como la sensación de vivir en una ciudad masificada preocupa a muchos vecinos desde hace meses. La recién aprobada reforma de la Ley General Turística de la comunidad, promocionada como la panacea para regular el descontrol del alquiler vacacional, ha quedado reducida a un galimatías que ni los propios partidos del Gobierno regional son capaces de descifrar. La norma llegó sin acuerdo al trámite parlamentario y tras la retirada del apoyo de Podemos a ciertos aspectos de la norma, algunas enmiendas fueron aprobadas entrando en contradicción con otras. PSOE, Més y Podemos negocian ahora cómo deshacer un entuerto que, de momento, continúa dejando en el aire la regulación del alquiler vacacional en los edificios residenciales y las multas correspondientes. Lo único claro es que durante un año hay una moratoria para dar de alta nuevas plazas de alojamiento turístico.

Faltan estudios

El Ayuntamiento tendrá la posibilidad de regular esta práctica en el municipio y establecer en qué barrios de la ciudad se permitirá el alquiler de pisos y apartamentos a turistas. “A priori es muy difícil llegar a una conclusión antes de haber hecho estudios”, dice el teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, sobre la posibilidad de vetar el arrendamiento turístico en todos los edificios residenciales de la ciudad, donde se concentra la oferta ilegal.

Y es que el Consistorio no tiene competencias para sancionar o inspeccionar los apartamentos ilegales como el que ha encontrado para pasar sus vacaciones Beatrice Fournier, una turista francesa que descansa en Palma junto a sus padres y su hijo de unos meses. A través de un portal especializado ha podido hacer la reserva de un alojamiento privado que les permite “no tener que estar pendientes de los horarios y estar más cómodos con el niño”. La familia Fournier está alojada en el barrio de Santa Catalina, una zona en auge donde los pisos ilegales se baten contra la gentrificación [abandono por los residentes tradicionales y ocupación del espacio por comercios y visitantes] que también se ha apoderado de muchas zonas del centro. “El alquiler turístico es determinante en la falta de oferta de pisos para el residente en el centro, pero no es la única causa”, según dice Hila.

Para la plataforma vecinal Ciutat per a qui l'Habita, el alquiler vacacional en pisos es lo que ha provocado que Palma haya dejado de ser “una ciudad fácil para vivir”. Joan Moranta, miembro de esta agrupación nacida al calor de las quejas vecinales por masificación, el crecimiento de la gentrificación y los problemas de acceso a la vivienda, opina que el problema del arrendamiento turístico es el cambio de usos que ha provocado en la ciudad. “Palma se transforma, las tiendas habituales están cerrando, las terrazas están ocupadas y los turistas llevan otros horarios”, dice Moranta, que señala que en el último estudio que realizaron algunos barrios tradicionales y alejados de la zona monumental como Plaza de Toros ya no cuentan con oferta residencial.

Son partidarios de la prohibición total del arrendamiento en edificios residenciales y de la moratoria para nuevas plazas hoteleras. Han realizado varias acciones de protesta, como la performance en la que 200 personas vestidas de turistas protestaron por la masificación o el cierre simbólico de la Consejería de Turismo para denunciar el alquiler ilegal. Ese que aloja a los turistas que Júlia Llaneras continúa esquivando cada día en la escalera.