El fiscal desinfla el mayor caso de presunta corrupción política en las Rías Baixas

La instrucción que se ha llevado a cabo durante cuatro años en Vigo sobre la mayor trama presuntamente corrupta en la adjudicación de contratos públicos en las Rías Baixas ha recibido este jueves el parón de la Fiscalía Anticorrupción. En su informe de conclusiones, el ministerio público del caso reduce al mínimo las expectativas judiciales del mismo, al solicitar que se archive la imputación de casi la mitad de los investigados, cargos políticos la mayoría de ellos.

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En un informe de 61 folios enviado al juzgado, el fiscal señala que solo encuentra materia penal para continuar con la investigación en 13 de los más de 30 implicados que aparecían en la causa que derivó de la operación Patos, desplegada en febrero de 2014 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Es el caso de Rafael Louzán, entonces presidente del PP de Pontevedra y de la Diputación, y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol. El fiscal pide en su escrito que este siga como imputado por la construcción bajo sospecha de un campo de futbol.

En la petición de archivo se encuentran prácticamente todos los políticos que desfilaron como investigados en el juzgado. Es el caso del alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, al que implicaron por haber recibido dos supuestos regalos del presunto cerebro de la trama, concretamente un reloj y una pluma estilográfica del dueño de la constructora Eiriña y principal imputado, Enrique Alonso País. Caballero siempre lo negó y dijo que aportó pruebas de que habían sido devueltos. También por presunto tráfico de influencias acompañaron a Caballero en su vía crucis judicial tres concejales de su equipo en el Ayuntamiento de Vigo (Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas), para los que también se solicita el archivo.

La Fiscalía también interesa a la jueza el sobreseimiento de la investigación respecto al actual concejal del PP en Vigo José Manuel Figueroa, vicepresidente de la Diputación pontevedresa cuando se destapó el caso, y también de María José Bravo Bosch, que había llegado a dimitir tras su imputación como delegada de la Xunta en Vigo tras aparecer en pinchazos telefónicos como supuesta mediadora de las constructoras investigadas.

Además de Rafael Louzán y su entonces jefe de gabinete en la presidencia de la Diputación, Luis Serantes, que seguirá como investigado por presunta falsedad documental, el fiscal anticorrupción pide que continúe la tramitación de la causa a efectos del juicio contra varios empresarios, entre ellos Enrique Alonso y su número dos en la constructora, Jaime Alvariñas, además del entonces jefe de los servicios técnicos de la Diputación de Pontevedra, Manuel González Juanatey. En su informe, la Fiscalía señala que se han apreciado indicios de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en relación con las obras del campo de fútbol de la localidad pontevedresa de Moraña.

Como investigado seguiría, según el criterio del fiscal, el jefe de División de Proyectos de la Autoridad Portuaria de Vigo, José Enrique Escolar, por presuntas irregularidades en el contrato de las obras de ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores del puerto.

La tormenta política que en un principio desató la presunta trama que llegó a salpicar a medio centenar de imputados en ciudades de varias provincias gallegas ha ido remitiendo poco a poco en otros juzgados a los que se les remitió piezas separadas de la causa hasta incluso quedar archivadas por falta de pruebas.