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La Audiencia valida las escuchas que revelaron posibles amaños en la Patos

En un auto se desestiman los recursos de varios implicados en la operación del sur de Pontevedra que pidieron la nulidad de los pinchazos por un error informático

Agentes requisan expedientes de obras en la Diputación de Pontevedra al inicio de la Operación Patos.
Agentes requisan expedientes de obras en la Diputación de Pontevedra al inicio de la Operación Patos.

La Audiencia provincial ha dado validez a las intervenciones telefónicas que dieron origen a la instrucción judicial de la operación Patos contra la corrupción política al desestimar los recursos presentados por la mayoría de los implicados, entre ellos el del dueño de la constructora Eiriña, Enrique Alonso País, el origen de la investigación.

En un auto con fecha uno de junio, la Sección Quinta de Vigo confirma los razonamientos de la jueza instructora cuando en febrero pasado tuvo que explicar el fallo informático que denunció la defensa de Enrique Alonso Pais, el dueño de la constructora Eiriña y su número dos en la empresa Jaime Alvariñas, y que fue detectado en las órdenes de intervención de sus teléfonos sin la firma de la jueza, lo cual que desencadenó otros recursos en cadena.

La sala ya había rechazado la nulidad de los pinchazos ordenados al empresario, principal investigado en esta causa, y ahora desestima los de María José Bravo Bosch, exdelegada de la Xunta en Vigo y su jefe del servicio de Formación y Colocación, Juan Domingo Pedrosa; Alvaro Crespo Casal, técnico del ayuntamiento de Vigo y el expresidente de la diputación, el popular José Manuel Figueroa Vila.

Tanto Pais como Alvariñas habían recurrido por vulneración de derechos fundamentales del secreto de las comunicaciones y cree el tribunal de la Audiencia que contra el auto de la jueza que dio validez a las escuchas ya no cabía recurso alguno. Sin embargo dice que entra en el fondo del asunto por la “relevancia que tiene esta cuestión para la instrucción de la causa”.

El auto se basa en la Diligencia de Constancia que hizo la letrada de la Administración de Justicia sobre la aplicación informática Minerva (utilizado por los órganos judiciales de Galicia) donde se acordaba la prórroga de los teléfonos de Enrique Alonso País en enero de 2013. Y lo admite como válido porque “contiene argumentación concreta, especifica y coherente con lo solicitado en el previo oficio de la Policía” y acredita la efectiva intervención de la Juez aunque carezca de firma”, concluye el tribunal.

Aunque no quedara constancia del auto en papel, para la Audiencia se trata de “una mera falta de incorporación pero no de una inexistencia de resolución previa” para acordar la intervención. Y añade que la cadena de actuaciones existente evidencia una conexión razonable entre ellas, y nos lleva a concluir con certeza, la existencia y autenticidad del auto que autorizaba la intervención, encontrándonos ante una mera irregularidad, un mero error informático que se subsana por el examen de las actuaciones y no puede conllevar” a la nulidad que proponen los implicados.

De los teléfonos del dueño de Eiriña, un fijo y un móvil, han salido pruebas e indicios de presuntos amaños de contratos públicos con la implicación de medio centenar de personas, entre políticos y técnicos de varias administraciones. Investigaciones que comenzaron en un juzgado de Vigo por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, pero se han dividido en piezas separadas para continuar la instrucción en los territorios de competencia como Pontevedra, Ourense, Santiago o Ponteareas.