La mancha de la corrupción se extiende por las ciudades gallegas

Una nueva redada amplía las sospechas sobre las contratas públicas a seis municipios, entre ellos Vigo, sedes de la Xunta en esa ciudad y la Diputación de Pontevedra

Policías salen con una persona de la empresa Cespa
Policías salen con una persona de la empresa CespaXOAN REY (EFE)

Con las provincias de Lugo, A Coruña y Ourense enfangadas hasta arriba en la Operación Pokémon, solo la de Pontevedra parecía resistir al azote de las investigaciones judiciales por corrupción política. Un consuelo menor que quedó ayer aplastado por la entrada en tromba de policía y funcionarios judiciales en los consistorios de Vigo, Pontevedra, Nigrán y Ponteareas, la sede de la Xunta en Vigo y un consorcio participado por ambas entidades en la misma ciudad, así como la Diputación de Pontevedra además de los ayuntamientos de Santiago y Ourense. El despliegue forma parte de la Operación Patos que dirige el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, y ha acarreado también el arresto del concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde, del PP, y a otras cuatro personas. Una de ellas es el delegado en Galicia de Ferrovial, cuya filial Cespa, especializada en servicios de limpieza y ajardinamiento, es junto a Construcciones Eiriña la empresa por las que más se han interesado los agentes en sus reclamaciones de expedientes.

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Los registros se realizaron casi simultáneamente. En la delegación de la Xunta en Vigo duró seis horas que sirvieron para recoger expedientes en los departamentos de obras, parques y limpieza, relacionados con Cespa y Eiriña. El alcalde, Abel Caballero, señaló en rueda de prensa que el gobierno local está dispuesto “a la máxima cooperación y transparencia”. Las pesquisas también abarcan a las empresas Enalvi e Intermediación Medioambiental, Inversiones Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental. Estas tres, junto a Eiriña, son administradas por Enrique Alonso, padre de la edil del PP en Vigo Alexia Alonso, según informa Europa Press. La Autoridad Portuaria negó que se registrasen sus instalaciones, aunque así lo tenía previsto la policía. Los agentes también visitaron el Consorcio Casco Vello de Vigo, un ente mixto con participación mayoritaria de la Xunta.

En la Diputación de Pontevedra los agentes llegaron sobre las nueve de la mañana y empezaron a llenar cajas, acompañados del secretario del ente. Un portavoz precisó que los documentos que reclamaron aludían a obras de dos campos de fútbol en Coia y Coruxo (Vigo) y otros contratos en Nigrán, Moraña y Poio. El presidente de la Diputación, Rafael Louzán, estaba de viaje y no realizó declaraciones.

La Policía abandona el Ayuntamiento de Ponteareas
La Policía abandona el Ayuntamiento de PonteareasSXENICK (EFE)

Cuando los funcionarios terminaron en la sede provincial se fueron directamente al Ayuntamiento, situado a unos cien metros, donde esperaban la mayoría de ediles de BNG y PSOE. El alcalde, que volvía de una entrevista radiofónica, explicaba mientras subía las escaleras apresuradamente que le acababan de avisar y que creía que eran cuatro expedientes. El concejal de Facenda, Raimundo González, aprovechó una rueda de prensa prevista por otro tema para dar cuenta de que, efectivamente, había un registro en marcha sobre el que no “sacaba conclusiones positivas o negativas”. Dijo que la investigación versaba sobre las “andanzas” de una empresa y aunque no dio datos sobre los expedientes, fuentes conocedoras del caso aseguran que se trata de tres, relacionados todos con Construcciones Eiriña: las obras de reforma del área de Santa Clara (676.200 euros), de urbanización de la avenida de Lugo (1,1 millones) y la cabalgata de Reyes de este año, en la que la compañía puso una carroza.

En Ourense la investigación gira en torno a un concurso de mantenimiento de parques y jardines de 856.000 euros que ya suscitó controversia en el pasado. Cespa gestiona uno de los cinco distritos de la ciudad desde que el PP se lo entregó en 2006. Cuatro años después, con el PSdeG ya en el poder, otros dos distritos fueron privatizados y adjudicados a Acciona. Pero en septiembre de 2013, la junta de Gobierno local concedió a Cespa los tres distritos privatizados a través de un nuevo concurso. Tras un recurso judicial interpuesto por una empresa excluida del proceso, la adjudicación a Cespa fue suspendida el 2 de octubre. José Carlos Martínez-Pedrayo, entonces concejal de Contratación, del PSdeG, dimitió 20 días más tarde “por razones personales”, según explicó entonces. Consultado ayer ante la coincidencia de fechas, el exedil matizó que su renuncia “no tuvo nada que ver” con la contrata. Susana Bayo, actual responsable de Medio Ambiente, asegura que se trata de un proceso “transparente y sin irregularidades”. La sociedad PAU del Grupo Vendex —eje central de la presunta trama corrupta de la Pokémon— quedó como la segunda opción más puntuada.

En Santiago también fue Cespa la empresa en el foco de los agentes, que requirieron los contratos de acondicionamiento de la histórica Finca do Espiño y de la remodelación del estanque del parque de la Alameda, entre otros Fue en la capital gallega donde se detuvo al jefe de Ferrovial para Galicia y Asturias, posteriormente trasladado a la sede compostelana de Cespa, filial de la constructora, para asistir a su registro.

El fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, descartó que la operación contra la corrupción política en Galicia derive de la Pokémon También excluyó que las pesquisas comenzasen por la denuncia de un particular, y aclaró que esta “es una investigación iniciada hace varios meses”.

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