Louzán dice que los técnicos eran los que decidían la tramitación de obras

El expresidente de la Diputación de Pontevedra durante 16 años, Rafael Louzán, declaró que él “era uno más” en el ente provincial para descargar en los técnicos toda responsabilidad en la tramitación de las obras bajo sospecha que se investigan en el contexto de la Operación Patos en la que está implicado.

Louzán hizo estas declaraciones a la salida del juzgado que le citó este miércoles para interrogarle aunque el expolítico declinó someterse a las preguntas de la jueza y del fiscal sobre presuntas irregularidades en contratos de obras y recepción de regalos por parte del dueño de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais.

Para no declarar, el expolítico se escudó en el recurso que presentaron 15 de los implicados en la causa para plantear la nulidad de los pinchazos telefónicos al dueño de Eiriña, una de las principales pruebas documentales de la investigación. “Estoy tranquilo, he dado la cara y no tengo problemas para contestar a las preguntas que me formulen una vez que se resuelva el recurso” dijo a la salida del juzgado.

En su comparecencia ante los medios, Louzán sí se explayó para insistir en su inocencia y en el hecho de que en la diputación “hay un extraordinario equipo de funcionarios que son los que tramitan los contratos y creo que se obró correctamente", comentó.

Incluso Louzán se refirió a la constructora Eiriña y dijo que “nunca se adoptó ninguna decisión para beneficiar a esta empresa y, además, yo no estaba presente en la mesa de contratación de la diputación por tanto, es indudable que mis decisiones no pudieron favorecer ni a unos ni a otros”.

Para declarar sobre estas supuestas irregularidades, Louzán deberá solicitar al juzgado que le cite de nuevo. Los contratos bajo sospecha por los que comparece Louzán son los del campo de futbol de Moraña, Coia y Coruxo, así como los del saneamiento de Nigrán y otras obras adjudicadas a la misma empresa en varios puntos de la provincia. También aparece como receptor de un reloj valorado en 2.500 euros.

El recurso para impugnar las escuchas telefónicas ordenadas por la instructora a la policía fue presentado por las defensas de Alonso Pais y su socio al que se adhirieron otros 13 implicados en la causa. Los letrados alegan que en las diligencias no aparece el auto de la jueza ordenando intervenir el teléfono del dueño de Eriña (del que se derivan casi todas las conversaciones del resto de investigados) aunque sí consta la copia electrónica.