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Montoro propone prohibir las amnistías fiscales por ley

El ministro de Hacienda justifica el indulto fiscal que aprobó en 2012 por la gravedad de la crisis: España "estaba al borde de la quiebra" y "contribuyó a evitar el rescate".

Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados el 21 de junio.Foto: atlas | Vídeo: ULY MARTÍN | ATLAS
J.S. GONZÁLEZ

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones sobre la amnstia fiscal. Ha intervenido después de que el Tribunal Constitucional anulara hace dos semanas el indulto fiscal por considerar que el decreto ley con el que se aprobó no era el vehículo normativo adecuado para sacar adelante una iniciativa de este alcance. El ministro ha justificado la medida por la urgencia que vivía el país en 2012, sumido en una grave crísis económica, y al borde de la quiebra, según ha dicho. Y ha subrayado que la medida junto con otras decisiones impopulares que se adoptaron en aquella época (subidas de impuestos y recortes de gasto) evitaron el rescate. El ministro sin embargo ha pasado de puntillas por los casos de corrupción vinculados a la amnistia. Montoro ha concluido su intervención proponiendo que se cambie la Ley General Tributaria para prohibir más amnistías fiscales en el futuro.

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El diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha recordado que no sirve de mucho prohibir las amnistías fiscales por ley como ha planteado el ministro. Porque, ha dicho, ya se hizo y otra ley puede volver a validarla. De hecho, ya se prohibió a principios de los noventa en la misma norma con la que los socialistas aprobaron una amnistía fiscal. Además, en 2003 se modificó la Ley General Tributaria para introducir la condonación de deudas. La medida del ministro quedó como una artimaña para evitar entrar en detalle.

Durante su intervención, el ministro se ha escudado en la extrema necesidad ante la grave situación que atravesaba España, sumida en lo más profundo de la crisis económica. "Las medidas que tomó el Gobierno en los pimeros años de la décima legislatura (entre 2011 y 2015) eran medidas duras, difíciles de explicar, eran medidas que no hubiéramos adoptado nunca si no hubiéramos atravesado por la difícil situación que atravesamos. Subimos el impuesto sobre la renta, subimos el IVA, ese si que es un auténtico baldón, iniciamos una estrategia de lucha contra el fraude fiscal. Iniciamos un proceso de regularización fiscal que tampoco nos gustaba", ha recordado Montoro, que recordó que "he pedido disculpas varias veces por la política que tuvimos que hacer". Y ha añadido: "Lo hicimos en un momento muy concreto de España, muy concreto. Cuando había adminstraciones públicas que estaban en quiebra técnica".

Al borde del rescate

El ministro ha leído un discurso en tono contenido. Ha insistido en varias ocasiones la urgencia en que vivía España en aquella época y la necesidad que tenía de aumentar la recaudación. "Necesitamos tomar medidas rápidamente, que fueran medidas nítidas y contundentes, con reflejo en el corto plazo. De forma que transmitiéramos la sensanción de que podíamos salir de la crisis por nuestos propio medios. Por duras que fueran esas medidas, por impopular que fueran. Todo lo que hacíamos era para evitar el riesgo del rescate, el riesgo de quiebra de nuestra eonomia. En caso contrarios vendrían otros a decirnos como hacerlo, como hicieron en otros países".

El ministro no ha entrado a explicar los duros argumentos de la sentencia del Constitucional, que acusa al Gobierno de “abdicar” en su obligación de contribuir para sostener los gastos públicos: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”, señala.

Un cebo para los peces

El ministro ha tratado de justificar que la amnistía, con la que recaudó solamente 1.200 millones, la mitad de lo previsto, sirivió para evitar el rescate. "España estaba en 2012 al borde de la suspensión de pagos, al borde del rescate financiero. ¿Qué hubiera supuesto para los españolas la pérdida de la soberanía nacional que sufrieron los países del sur de Europa? ¿Cuánto habrían bajado las pensiones?, ¿Un 40%? ¿Cuánto habría bajado el sueldo de los funcionarios? ¿Un 20, un 30% o un 40%?", ha enumerado el titular de Hacienda.

Ha repetido en varias ociasiones que no le gustó aprobar la amnistía fiscal, ni las subidas de impuestos que puso en marcha en aquella época. De hecho, ha negado que la Declaración Tributaria Especial (DTE), como eufemisticamente bautizaron a este proceso, sea una amnistía "No era una amnistía, le llame quien le llame".

Ha abundado que la DTE era como una regularización tributaria extraordinaria pero con un tipo del 10%. "Hubo que poner un cebo. Porque si no no entra ningún pez. Si no los pececitos se irían a otro sitio o se quedan en el fondo del mar". Ha detallado que el resultado de la amnistía afloró 40.000 millones de euros de bienes y derechos que estaban ocultos en el extranjero. "Pasamos a no saber quienes eran los propietarios de ese dinero a tenerlos identificados en los ordenadores de la agencia tributaria. A casi 30.000 propietarios de esos 40.000 millones. Todo ese dinero que afloró ha seguido pagando impuestos en nuestro país. Han pagado por el IRPF, por el impuesto sobre Patrimonio, el impuesto de sociedades".

El portavoz socialista, Julián López, le ha instado a publicar el nombre de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. Le ha afeado con duras críticas la amnistía. Y le ha cuestionado por asegurar en la sesión de control que hay más cargos socialistas que se acogieron a la amnistía que del PP. La lista de dirigentes populares salpicados por la DTE es larga: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas...

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Sobre la firma

J.S. GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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