El Gobierno quiere que los altos cargos de la Justicia declaren sus bienes

El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere encontrarse ni tener que lidiar con otro caso como el de Manuel Moix cuando tuvo que presentar el pasado 1 de junio su dimisión como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción tras descubrirse que participaba en una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Panamá para la gestión de un chalé familiar en la sierra de Madrid. El Ministerio de Justicia estudia con la Fiscalía General del Estado y los otros órganos judiciales del máximo nivel la fórmula para exigir a futuros candidatos a ese puesto, y también para otros responsables del mundo de la judicatura, la presentación previa de una declaración de bienes y patrimonio como la que ya registran altos cargos de la Administración del Estado.

Los jueces y fiscales ya están acogidos a un régimen de incompatibilidades que les impiden ejercer cualquier actividad mercantil. Pero como la empresa de Moix no tiene actividad se interpretó que no había incurrido en incompatibilidad. Si Moix hubiera sido juez tendría que haber comunicado la existencia de esta empresa de gestión del patrimonio al servicio de inspección, porque así lo exige el estatuto de los jueces. Pero la norma que regula la carrera fiscal no incluye esta concreción, lo que ha permitido a Moix ejercer sin dar a conocer su sociedad. Por su parte, los vocales de la comisión permanente del Poder Judicial están obligados a presentar una declaración de bienes que se hace pública.

“¿De los 2.500 fiscales que hay en España cuantos pueden tener una sociedad en Panamá para gestionar su chalé?”. La pregunta nada retórica de un miembro del Gobierno de Rajoy se formula para destacar la desagradable sorpresa que se llevaron cuando el diario digital Infolibre informó sobre la propiedad de una sociedad offshore en Panamá de la familia de Manuel Moix para ese cometido. No lo sabían y proclaman que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, su teórico jefe superior, tampoco.

Fuentes oficiales del ejecutivo apuntaron que están trabajando para reclamar al futuro relevo del propio Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, en una plaza que se convocó oficialmente este pasado martes en el Boletín Oficial del Estado, que debería presentar en un registro público una declaración de bienes y patrimonio antes de acceder al puesto. En la convocatoria formal se demanda por ahora solo que en los próximos 10 días se envíen solicitudes, currículum y un proyecto.

En el ejecutivo defienden, para sustentar sus tesis, el precedente de que ese tipo de declaraciones de bienes ya son obligadas desde que se aprobó la Ley 3/2015, de 30 de marzo, para el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado. El artículo 17 de esa norma especifica que se deberán presentar esas declaraciones en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y tras su cese.

El Gobierno estudia que ese control preventivo se pueda extender a las más altas instancias judiciales del país, desde los presidentes de las audiencias provinciales, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada autonomía, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y los máximos representantes de las principales Fiscalías. El ejecutivo busca la fórmula concreta de esa declaración y cuál sería el registro adecuado pero la idea es implantar ese método de transparencia en breve.