Los tres guardianes de la ‘mina de oro’ de Granados

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, convirtió Arpegio, la empresa pública autonómica de suelo, en su mina de oro particular. Según la investigación del caso Púnica, el expolítico, en prisión desde octubre de 2014, hizo grandes negocios con la gestión de los consorcios urbanísticos municipales y las adjudicaciones de obras y servicios de los llamados Planes Prisma, que totalizaron 3.000 millones de euros entre 2004 y 2012. Desde esta sociedad, opaca a la fiscalización de los funcionarios, Granados controlaba –y, supuestamente, amañaba- todas las fases de las operaciones de venta de parcelas públicas durante los años centrales de la burbuja del ladrillo, especialmente hinchada en Madrid.

Más información

El juez del ‘caso Púnica’ investiga una tercera fundación del Partido Popular

Anticorrupción implica a ediles de PP, PSOE e IU en nuevos amaños urbanísticos de Púnica

La gestión diaria de Arpegio, sin embargo, no la llevaba Granados, ocupado en sus tareas políticas. Tres figuras son clave en la presunta explotación fraudulenta de esta mina de oro: Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la sociedad; el promotor Adolfo Fernández Maestre y el abogado José Luis Jaraba, secretario de los 22 consorcios urbanísticos suscritos por Arpegio con once ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

La expresión “mina de oro” es, en este caso, mucho más que una metáfora. En una declaración fuera de plazo a Hacienda realizada en 2013, Eduardo Larraz, que antes de colaborar con Granados fue jefe de Gabinete del Ministerio de Sanidad con Celia Villalobos, reconoció que poseía 90 lingotes de oro de medio kilo y otros 56 de un kilo con un valor de 1,96 millones de euros. Según el juez Eloy Velasco, Larraz “intervino en tratos de corrupción” y se enriqueció con las comisiones que contratistas e intermediarios le pagaron a cambio de las adjudicaciones de suelo entre 2005 y 2012.

Larraz y su esposa, Ángeles de Diego, supuestamente ocultaron en Suiza hasta 1,65 millones de euros. Sin embargo, la situación era tan irregular que hasta el banco privado helvético Société Générale canceló su cuenta en 2008 al existir sospechas de corrupción. El matrimonio también tenía sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, que, según el juez, no fueron declaradas a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Larraz y De Diego han maniobrado durante los últimos años para sacar de España parte de este patrimonio. En noviembre de 2014, un mes después de estallar la Operación Púnica y ser detenido Granados, Larraz y su esposa donaron a sus dos hijos la casa familiar de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una segunda residencia en Marbella (Málaga).

El banco suizo Société Générale expulsó a Eduardo Larraz en 2008 por sospechas de corrupción

La segunda pata del plan criminal de Granados para extraer fondos de Arpegio es externa a la sociedad. Se trata del promotor Adolfo Fernández Maestre, dueño de la mercantil DUSA. En febrero de 2006, esta firma recibió una “licitación meteórica” de 5,3 millones de euros para la gestión de los contratos del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

En el registro del domicilio de Fernández Maestre, junto al parque del Retiro en Madrid, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hallaron, además de 15.480 euros y 3.840 dólares en metálico, una pistola marca Llama en perfecto estado de funcionamiento. El arma, que no tenía licencia, perteneció, según manifestó el promotor, a su padre, militar y le ha costado al empresario una imputación por tenencia ilícita de armas, además de una ristra de delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

Los agentes incautaron una pistola Llama en perfecto estado al promotor Adolfo Fernández Maestre

El tercer personaje clave de la trama Arpegio es el abogado José Luis Jaraba Pérez. Secretario de los consejos de administración de los diferentes consorcios urbanísticos bajo sospecha, también figura como socio de la empresa Jaraba Tamame Asociados SL, a través de la cual facturó entre 2003 y 2012 más de 1,1 millones de euros a la propia empresa pública del suelo. Anticorrupción destaca que en esos años también “mantuvo dudosas relaciones” con las firmas de Adolfo Fernández Mestre, de las que recibió alrededor de 1,5 millones de euros. Además, facturó 3,1 millones de euros a Técnicas Territoriales Urbanas, otra de las firmas investigadas.

Anticorrupción considera que “estos intercambios de fondos” son “sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios”. Por ello, el juez Velasco autorizó el pasado 16 de mayo el registro de su domicilio y de la sede de su empresa, en la que se intervinieron 37 cajas de documentación. El magistrado también le incautó el teléfono móvil al considerar que este dispositivo puede ser clave para descubrir “los acuerdos y reparto de parcelas en los consorcios urbanísticos, las adjudicaciones ad hoc para dar cobertura a decisiones presuntamente fraudulentas”. También le bloquearon seis cuentas bancarias y 25 productos financieros. Una nueva veta de una mina de oro que parecía no tener fin.