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Investigadas las cuentas suizas de tres imputados en Púnica por pagos a Granados

Se trata de Eduardo Larraz, consejero delegado de la empresa pública Arpegio, su esposa y el propietario de la mercantil Dusa, Adolfo Fernández

La Guardia Civil ha localizado en varias entidades financieras de Suiza cuentas abiertas a nombre de, al menos, tres imputados en el caso Púnica. Se trata Eduardo Larraz, quien fuera consejero delegado de la empresa pública Arpegio, su esposa y el propietario de la mercantil Dusa, Adolfo Fernández, adjudicataria de millonarios contratos de la Comunidad de Madrid. Dos fueron abiertas hace menos de un año. La UCO investiga si a través de ellas se realizaron pagos a Francisco Granados o le permitieron ocultar su “elevadísimo patrimonio”.

El exconsejero madrileño, Francisco Granados.
El exconsejero madrileño, Francisco Granados.

La investigación del caso Púnica vuelve a mirar hacia Suiza. La Guardia Civil ha localizado en entidades financieras del país helvético varias cuentas bancarias a nombre de Eduardo Larraz Riesgo, que fuera consejero delegado de la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio entre los años 2004 y 2008; su esposa, María de los Ángeles de Diego Suso, y el dueño de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), Adolfo Fernández Mestre, contratista de la Comunidad de Madrid. Las pesquisas han permitido determinar que al menos dos de estos depósitos fueron abiertos por el matrimonio hace menos de un año en el Julius Bar & Co Ag Bahnhofstrasse de Zurich, aunque ya tenían otros en el país helvético con anterioridad.

El juez Eloy Velasco remitió una comisión rogatoria a las autoridades de Berna para recabar nuevos datos sobre “los movimientos bancarios” de ellos poco antes de abandonar el pasado jueves el Juzgado Central de Instrucción 6. Anticorrupción ha anunciado que solicitará una ampliación en los próximos días. Los tres titulares de las cuentas fueron imputados el pasado el pasado 16 de mayo, el mismo día que la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción sometían a un exhaustivo registro a la empresa pública ante la sospecha de que el “elevadísimo patrimonio” que la investigación adjudica a Francisco Granados proviene en su mayor parte de la adjudicación irregular de contratos de Arpegio.

Las sospechas sobre la empresa pública se remontan a julio del año pasado. Entonces, el juez Velasco dictó dentro del caso Púnica un auto en el que reclamaba a la Comunidad de Madrid abundante documentación de Arpegio y del plan regional de inversiones Prisma, gestionado por la empresa pública. Con aquella información, la Agencia Tributaria elaboró un informe en el que se apuntaba la posibilidad de que buena parte de la fortuna ilícita supuestamente obtenida por Granados procediera, precisamente, de estos amaños. Hacienda también descubrió la existencia “de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández”, el dueño de la empresa Dusa, en Suiza.

Pago de comisiones

Con estos nuevos datos, el juez Velasco dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que incidía en la existencia de indicios de “pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prismas”. Unos programas que, recalcaba, estuvieron “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de la Mesa de Contratación, en persona o por delegación” y en los que se manejaron fondos cercanos a los 1.000 millones de euros.

En ese auto, el magistrado autorizaba a la Guardia Civil a acudir de nuevo a la sede de Arpegio el pasado jueves para reclamar el expediente con los documentos originales de la adjudicación a Dusa, la empresa de Adolfo Fernández, el 31 de marzo de 2006 de un contrato de “consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas” por un valor de 4,5 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa de Granados. 

Una empresa en las Islas Vírgenes

No es la primera vez que el nombre Eduardo Larraz se ve salpicado por un escándalo financiero con vínculos en paraísos fiscales. En 2013 salió a la luz que él y su esposa tuvieron una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que, según un informe confidencial de 2010 de la empresa intermediaria Commonwealth Trust Limited, tuvo “un desconocido origen de los fondos”. Antiguo director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad, Larraz también declaró como testigo en el sumario del caso Gürtel para asegurar que a Arpegio llegaban “órdenes políticas” desde la Consejería de Deportes que encabezaba el hoy procesado Alberto López Viejo para que se pagasen determinados contratos.

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