La permanencia en la UE se da por hecha

Los redactores de la ley de ruptura catalana han decidido ignorar las advertencias del Gobierno español o las instituciones comunitarias y asumen que Cataluña seguirá formando parte de la Unión Europea. Lo hacen por defecto, al establecer que todas las leyes del acervo comunitario integradas en el ordenamiento español seguirán siendo parte del marco legal del nuevo Estado.

"El derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y posición respecto del derecho interno", establece el artículo 4.

El capítulo dedicado a la Sucesión de Ordenamientos es uno de los más complejos del texto. Es la arquitectura legal con la que los autores del texto pretenden emular aquel "de la ley a la ley pasando por la ley" que inventó Torcuato Fernández Miranda para pasar del régimen franquista a un Estado democrático sin saltar al vacío. Básicamente, retienen todas las leyes españolas, siempre que "se interpreten y apliquen de acuerdo con esta ley y el resto de normas catalanas dictadas con posterioridad".

En un ejercicio de equilibrismo jurídico, no solo vale lo anterior si no contradice el nuevo espíritu constituyente, sino que se recupera la vigencia de aquellas leyes promulgadas por la Generalitat y anuladas por el Tribunal Constitucional.

"Las normas de la Unión Europea vigentes en Cataluña en el momento de entrar en vigor esta ley siguen aplicándose respecto de las obligaciones que eran de aplicación a las instituciones catalanas”, dice el texto, que incorpora el derecho comunitario pasado… y el futuro. "La normativa de la Unión Europea que entre en vigor con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se integrará automáticamente en el ordenamiento jurídico de Cataluña".

Para que quede claro, un artículo posterior establece que el nuevo Gobierno asume los tratados internacionales "celebrados por el Reino de España que sean de aplicación en Cataluña" y los da por válidos hasta que, sin un plazo específico, "se renegocien de acuerdo con las normas del derecho internacional o se vean sustituidos por un nuevo tratado internacional". En esta estrategia de asumir realidades jurídicas nuevas sin atender a obstáculos, el borrador añade una supuesta prueba de buena fe al proclamar desde su inicio que "Cataluña actúa respetando el derecho internacional".