La policía apunta a Pimentel por el cobro de comisiones en Angola y República Dominicana

Un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el caso Pujol de corrupción y blanqueo de capitales apunta a que Manuel Pimentel, ministro de Trabajo entre 1999 y 2000 con el PP, cobró supuestamente comisiones por operaciones corruptas en Angola y República Dominicana. El documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que la empresa Globaltec Ingeniería y Servicios, a la que está vinculado, entre otros, Pimentel, pudo percibir mordidas -sin cuantificar- por el proyecto de un centro de logística en Luanda (Angola) y por un mercado central de abastos en Santo Domingo (República Dominicana), negocios en los que también tomó parte Ibadesa, una sociedad vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán ahora en prisión.

Según los investigadores, los fondos que se pudieron obtener por estas comisiones ilegales fueron presuntamente desviados luego por Pimentel a una sociedad patrimonial suya, Almuzara Estudios SL.

En conversación con este periódico, Pimentel, que presidió Globaltec entre 2011 y 2013, ha negado "rotundamente" los hechos descritos por la policía en su informe. "Ni yo he cobrado comisiones, ni Globaltec tampoco lo ha hecho. Tampoco hemos participado ni directa ni indirectamente en negocios con los Pujol ni he tenido una actividad deshonesta en mi vida", ha señalado. Pimentel se ha quejado de la "indefensión" que le provoca ser citado en este informe sin haber sido preguntado por la policía y ha anunciado que tomará medidas para defender su imagen y su honor. "No sé cómo pueden decir eso, es un estado policial", afirma.

Según los investigadores, Globaltec participó en estos negocios gracias a que contaba con la garantía de dos empresas semipúblicas españolas, el consorcio Incatema-Mercasa –dedicado a mercados mayoristas- y CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Las operaciones causaron un quebranto de cerca de 92 millones de dólares (82 millones de euros al cambio actual) entre 2008 y 2009 al erario público.

La conexión de las empresas de Pimentel y de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol en esas operaciones son, de momento, solo aparentes. Tanto Globaltec, la sociedad de Pimentel, como Ibadesa, de Pujol hijo, realizan pagos a la misma empresa pantalla panameña Hutton Overseas Inc. Desde esta mercantil de Panamá Jordi Pujol Ferrusola, ahora en prisión, recibió fondos en sus cuentas en Andorra. Sin embargo, los investigadores de la UDEF consideran que estas coincidencias no significan que Pimentel y sus socios y Jordi Pujol Ferrusola “actúen bajo una unidad de acción”, sino que ambos grupos “se aprovechan puntualmente de las estructuras como CESCE y Mercasa para la comisión de los ilícitos”.

Los agentes esbozan las operaciones supuestamente ilegales en las que participan tanto la empresa de Pimentel como la de Pujol. Según los investigadores, se utilizaron “sociedades semipúblicas, que gozan del respaldo institucional y crediticio del estado español, para financiar y/o otorgar garantías a proyectos en terceros países, normalmente en vías de desarrollo o subdesarrollo, ejecutados después por contratistas españoles”.

Y añaden: “Los intervinientes obtendrían cuantiosas comisiones, obtenidas como consecuencia por un lado de conseguir que las sociedades semipúblicas se avinieran a participar en los proyectos, y en algún caso parece que también a canalizar pagos, recompensas no justificadas a las autoridades de los países del proyecto”.

Además de la sociedad panameña Hutton, tanto Globaltec –de Pimentel- como Ibadesa –de Pujol junior- tienen otro nexo común: Francisco Javier Valero Artola. Este ex consejero delegado de CESCE “ocupó puestos de representación social en ambas empresas”. Según los investigadores, las sociedades Globaltec e Ibadesa “recibieron créditos muy voluminosos de CESCE para realizar, entre otros sitios, proyectos en Angola y República Dominicana, que terminaron causando un serio quebranto en las arcas del estado español cuantificado en 92 millones de dólares”.