El juez de Púnica investiga si el PP de Aguirre se financió con 972 cursos para parados

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid alcanza también a los cursos que el Ejecutivo regional que presidía Esperanza Aguirre impartía con cargo al erario para facilitar la colocación laboral de los parados madrileños. Un documento judicial sobre la pieza del sumario de Púnica en el que se investiga la existencia de una caja b del partido revela que el magistrado requirió recientemente a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la documentación "original" relativa al expediente de contratación para la "organización e impartición" de 972 cursos de formación profesional ocupacional durante 2007 y 2008, años de dos de las campañas electorales bajo sospecha de haberse financiado con fondos públicos. La consejería remitió a la Audiencia Nacional más de mil folios que ocupan cerca de tres tomos de la causa cuyo secreto ha levantado recientemente el magistrado.

La investigación sobre dichos cursos se añade a otras líneas de investigación abiertas por el juez Velasco después de que el empresario David Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, desvelase quién se encontraba detrás de unas siglas aparecidas en un cuaderno manuscrito del político y explicase que las cifras que figuraban junto a las mismas correspondían a supuestas entregas de comisiones ilegales. Desde entonces, el magistrado ha requerido numerosa documentación a organismos públicos sobre adjudicaciones de contratos o la entrega de subvenciones públicas a la fundación del PP Fundescam, una de las supuestas vías de financiación irregular de los populares. Sobre ésta, el juez ha solicitado en los últimos meses abundante información al registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid referida a los años 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.

El documento judicial también detalla que los investigadores están analizando las contrataciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años, 2009, 2011 y 2013, y que ganó la empresa Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, quien ya ha declarado en la Audiencia Nacional por estos hechos. También está bajo sospecha el expediente de contratación del servicio de cafetería de la Consejería de Presidencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, situada en el número 4 de la calle Carretas, de Madrid, junto a la Puerta del Sol.

Además, Velasco ha extendido la investigación a nuevos ayuntamientos de la Comunidad. Entre ellos, el de Pozuelo de Alarcón, quien ya se vio salpicado en el caso Gürtel precisamente por la supuesta financiación irregular de actos electorales del que fuera su alcalde, Jesús Sepúlveda. Ahora, el juez Velasco ha pedido a este consistorio los expedientes de contratación con las empresas Back RVS Producciones Culturales SL, Digital Plane SL y Croma 21 SL. Estas tres sociedades también están siendo investigadas por sus contrataciones con el Ayuntamiento de Madrid en las etapas de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.Las dos primeras mercantiles tienen entre sus clientes al propio PP. Back RVS figura, incluso, como donante del partido en 2002. Ello le valió entonces un reproche de la Cámara de Cuentas ya que aquel año ya era proveedor de los populares y del ayuntamiento de la capital.