Cuando pagar por sexo es delito

Es la receta sueca para luchar contra las redes de trata y contra el proxenetismo. Un tipo de abolicionismo, explicaba hace unos días en Madrid Asa Regner, ministra de Igualdad de Suecia, que parte de la premisa de que si no hay demanda no habrá oferta y que se basa en la idea de que la prostitución está anclada en la desigualdad de género y es una forma de violencia contra la mujer —ellas con mayoría—. “Y el modelo sueco está en expansión”, apunta Regner tras un seminario dedicado a la trata y la prostitución organizado por la Embajada sueca en Madrid. A Suecia le siguieron Noruega e Islandia, y hoy son ocho los países que apuestan por esta receta. Los últimos, Francia e Irlanda, que desde febrero impone sanciones de hasta 2.000 euros a los clientes.

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Una fórmula que se aplica también en determinados sitios públicos en España, donde la prostitución es alegal pero sí está castigada la prostitución coactiva y la trata. La Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada Ley mordaza), y antes de ella algunas ordenanzas municipales, castiga a quien solicite o acepte "servicios sexuales retribuidos" en zonas de tránsito público, cerca de colegios, parques o espacios de ocio accesibles a menores o "cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial". Desde que entró en vigor la ley, en julio de 2015, hasta diciembre de 2016 en torno a un millar de hombres recibieron multas por contratar sexo. También alguna mujer fue sancionada, aunque por "exhibición obscena". Todo ello pese a que todos los expertos internacionales coinciden en que sancionar a las mujeres que ofrecen servicios sexuales dificulta la denuncia de abusos y daña a quienes están en una situación más vulnerable.

Y la ley mordaza, explica Carmen Meneses, profesora de la Universidad Pontificia Comillas y experta en el análisis de la trata y la prostitución, se une a las ordenanzas municipales que también castigan al cliente y también, en algunos casos, a las mujeres. "Se está usando una forma para prohibir la prostitución por la puerta de atrás", critica Meneses, que pide un análisis y un debate sosegado para que España tenga su propio modelo. Lo mejor, dice, sería un modelo mixto.

En Irlanda y Francia, la ley multaba a las mujeres que buscaban clientes en las calles. Sin embargo, ahora la prostitución allí es legal, aunque pagar por sexo no lo sea. Y el caso de estos dos países ha reanimado el complejo debate entre quienes, como las autoridades de Holanda, consideran la venta de servicios sexuales un trabajo y creen que debería legalizarse para proteger así a las mujeres, evitar la prostitución coactiva y erradicar las mafias; y quienes sostienen que la prostitución nunca es algo elegido libremente sino algo a lo que las mujeres llegan obligadas, bien por las mafias o bien empujadas por la desigualdad y la pobreza. Y que los clientes contribuyen a esa esclavitud. “Desde luego contribuyen a enriquecer un negocio criminal”, afirma el comisario Per Englud, que desde hace más de dos décadas persigue a los proxenetas y tratantes en Estocolmo. En Suecia, hay unas 600 condenas al año por pagar por sexo; ninguna a cárcel.

Cuando pagar por sexo es delito

En Francia, más de 800 hombres han sido apercibidos por contratar servicios sexuales desde que hace un año entró en vigor la ley que dispone multas de hasta 3.500 euros. Y desde entonces, el debate no ha cesado. Hace 10 días, decenas de prostitutas salieron a la calle en París para exigir la despenalización de los clientes. Aseguran que la nueva regulación no les da más derechos sino que las aboca a la clandestinidad y la inseguridad. “No ayuda a combatir las redes criminales y daña a las mujeres más marginadas”, sostiene Kate McGrew, coordinadora de la Alianza de Trabajadoras Sexuales de Irlanda (SWAI), que afirma además que la nueva regulación no tiene prácticamente efecto en la llamada prostitución de alto nivel.

McGrew es más partidarias del modelo holandés. O el de Alemania, un país considerado uno de los mayores prostíbulos de Europa, donde entre 150.000 y 700.000 mujeres venden servicios sexuales —aunque pocas en realidad se han registrado— y hay entre 3.000 y 3.500 burdeles, según la patronal de esta industria, que mueve 14.500 millones de euros anuales. Allí la prostitución es una actividad regulada desde 2002. Y en unos meses se aplicarán nuevas normas, como el uso obligatorio del condón o el veto a las llamadas gang bangs.

“Pero que esté regulado no significa que no haya mujeres explotadas o víctimas de trata. Sólo es más difícil pillar a quienes abusan de ellas porque se esconden detrás de toda una arquitectura legal”, dice la activista Laura Lessig, a la que tampoco convence del todo el llamado modelo sueco. “Hay menos prostitución, pero la que hay está escondida y eso no ayuda a que las mujeres denuncien a las mafias”, dice.

En Noruega, Islandia o Suecia —donde se ha reducido más de la mitad— sigue habiendo prostitución. Sin embargo, mientras que en la calle se ha convertido en algo residual, se ha incrementado el número de acompañantes. Además, la actividad se ha trasladado de las aceras a pisos —una investigación policial ha detectado recientemente el uso de apartamentos de alquiler turístico de plataformas como AirBnb—. Y los contactos que antes se hacían en las aceras ahora son en Internet donde también hay proxenetas y mafias. A perseguirles en La Red, y también a los clientes, se dedican ahora equipos especializados de la policía sueca. “Si los compradores son capaces de encontrarlos, nosotros también”, dice el comisario Englud.

Modelos legales

Alegalidad. España, Italia. En España, la prostitución es alegal. Sin embargo, la ley mordaza y algunas ordenanzas municipales —52, según un estudio de la profesora Carmen Meneses, de la Universidad de Comillas— sí la prohíben en algunos lugares (fundamentalmente públicos) e imponen multas tanto para los clientes como para las prostitutas (sobre todo por exhibicionismo). Es el caso de Barcelona, aunque la mayoría de las multas impuestas ha sido para los compradores de sexo.

Nuevo abolicionismo. En 1999, Suecia aprobó una ley que penalizaba la compra de servicios sexuales. Una regulación pionera que impone multas e incluso con penas de cárcel al cliente y también a los proxenetas, está en expansión. Es el modelo que han adoptado también Noruega e Islandia; por eso algunos lo llaman modelo sueco o modelo nórdico. Francia, Irlanda, Irlanda del Norte, Canadá, Singapur y Corea del Sur también han adoptado modelos similares. Grecia y Escocia estudian regulaciones en este sentido.

Legalista. Holanda, Alemania, Dinamarca. En Holanda la prostitución está regulada como un trabajo desde el año 2000. La ley obliga a los propietarios de los burdeles y clubes a pagar la Seguridad Social y los impuestos de las prostitutas. Ellas deben tener una licencia municipal y tienen derechos a cobrar el paro y otras prestaciones por cotizar a la Seguridad Social. En Dinamarca, donde las prostitutas también tienen que registrarse y pagar impuestos no cotizan ni tienen paro.