El juez Velasco atribuye al presidente de Murcia los presuntos delitos de fraude y cohecho

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, ha elevado este lunes una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que impute al presidente de esa Comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP), por los delitos de fraude, cohecho y delito de revelación de información reservada.  El juez considera que Pedro Antonio Sánchez concertó con la red Púnica trabajos reputacionales en Internet y redes sociales, de carácter privado bajo el amparo de la prestación de servicios a la Consejería de Educación de Murcia.

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Ahora será el tribunal superior murciano el que deberá investigarlo, y en su caso juzgarlo, dada su condición de aforado, por estos presuntos delitos. En el caso de que el tribunal superior atienda la petición del juez Velasco, esta imputación se unirá a la de prevaricación, fraude y malversación por las que está siendo investigado dentro del caso Auditorio, sobre las irregularidades en la construcción de un equipamiento cultural en Puerto Lumbreras, localidad de la que el político fue alcalde.

En su resolución, el juez Velasco admite que el contrato para mejorar su imagen en Internet que se iba a pagar con dinero público no se llegó a realizar, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude a Pedro Antonio Sánchez, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato. El magistrado añade que si el contrato se hubiera realizado habría sido un delito de malversación.

La Fiscalía informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo, una circunstancia que motivó la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso. Precisamente, el juez Velasco, a la hora de atribuir a Pedro Antonio Sánchez el delito de revelación de información reservada invoca una sentencia del Supremo cuyo ponente fue precisamente el actual fiscal general Maza.

El magistrado detalla todos los indicios de la presunta concertación de Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.

Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y concertó con De Pedro limpiar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, “como finalmente consiguió”.

Según el juez, “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro. Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación “hinchada” en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la “formación” se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.

En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta porqué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, el delito de cohecho, y el de revelación de información reservada.

El magistrado distingue entre el delito de malversación, que es un delito de resultado, y el de fraude del artículo 436 del Código Penal. Este delito, según el magistrado se consuma con el “mero acuerdo o concertación” con un interesado en algún contrato público, siempre que afecte a los intereses de la Administración y la libre concurrencia entre licitadores.

Velasco explica que el delito de revelación de información reservada se produce en el momento en el que se aporta a extraños a la Administración, documentos y sobre todo intenciones de contratar, “desconocidos por el resto de posibles futuros postulantes". Sobre estos datos, recuerda el magistrado "recae el deber de reserva" y la acción ilegal la lleva a cabo "no sólo quien los desvela efectivamente, cuanto más quien ordena y señala cómo y en qué medida y a quién se envían los documentos y se revelan las informaciones que desconocen los demás administrados”.