Cuatro facturas falsas acorralan a una senadora del PP en el ‘caso Púnica’

"Datos objetivos", "sólidos indicios", "evidencias"… La Fiscalía Anticorrupción ha incorporado al sumario del caso Púnica dos anexos al informe con el que el pasado 13 de febrero pidió al juez Eloy Velasco que remitiese al Tribunal Supremo la causa contra Pilar Barreiro, senadora del PP, por el presunto desvío de fondos públicos para pagar a la trama trabajos de reputación online personales. Son 31 folios, desconocidos hasta ahora, en los que se enumeran los correos electrónicos, llamadas de teléfono, mensajes y documentos intervenidos a diferentes implicados y que sustentan la acusación contra la parlamentaria por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

Entre estas "evidencias" destacan cuatro facturas que Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena (Murcia) y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la red, Alejandro de Pedro, con la que pretendía lavar su imagen en Internet, afectada entonces por las noticias sobre el caso de corrupción Nova Cartago. Barreiro ha declinado a través del servicio de prensa del PP en el Senado dar a EL PAÍS su versión sobre dichas acusaciones.

El primer indicio sobre la supuesta "falsedad" de esos documentos mercantiles que recoge el documento de la Fiscalía es la conversación a través de mensajes de Whatsapp que mantuvieron el 27 de mayo de 2014 De Pedro, y un asesor de Pilar Barreiro en el consistorio, Francisco Ferreño. En ella, este recriminaba al primero que las empresas que realizaban los trabajos de reputación para la alcaldesa hubieran remitido las facturas con el concepto de "mantenimiento web". "Como sabes, quedamos en que nos facturabais por mes de publicidad".

Las pesquisas permitieron comprobar posteriormente que dichas facturas ya modificadas fueron remitidas a partir del mes siguiente desde un correo electrónico de las empresas del experto informático a la jefa de la secretaría particular de Pilar Barreiro en el Ayuntamiento, María del Mar Conesa, también imputada en el caso Púnica.

El anexo de Anticorrupción destaca que con estos datos se hizo un requerimiento judicial al Consistorio de Cartagena para que entregara toda la documentación del expediente con el que supuestamente se camufló el desvío de fondos como abonos por banners de publicidad en la red de periódicos digitales de Alejandro de Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento es calificada por la fiscalía en su escrito de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destaca las supuestas irregularidades detectadas precisamente en las facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica a Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015.

Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. Así, sobre la última factura, el documento de Fiscalía destaca que estaba fechada en junio de 2014, pero que no entró en el ayuntamiento hasta más de seis meses después, en enero de 2015. "Consta también en la misma factura otro sello de aprobación del gasto, de 30 de diciembre de 2014, que difícilmente pudo realizarse en dicha fecha, al ser la fecha anterior a la entrada en el Registro del Consistorio, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de las fechas o sobre el procedimiento de entrada y tramitación", recoge textualmente.

De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Pilar Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago. En este sentido, destaca que el Ayuntamiento de Cartagena remitió a la Audiencia Nacional la relación contable que acredita que fue la alcaldesa la que "autorizó" el abono de las facturas presentadas por las empresas de Alejandro de Pedro "consumando el desvío mensual de fondos públicos planificado". Como muestra de ello, reproduce el documento informático aportado por el propio consistorio que así lo acredita.