Pruebas de ADN a todos los perros de Málaga para identificar las cacas

La presencia de excrementos caninos en las calles de Málaga se va a controlar con pruebas de ADN obligatorias para todos los perros, que rondan los 100.000 en la ciudad. Los propietarios tendrán que asumir el análisis genético de sus mascotas, que en el momento en que queden regularizados portarán al cuello una chapa con su nombre y un número identificativo. La medida, recogida en la nueva ordenanza de Bienestar, protección y tenencia responsable de animales aprobada este lunes en comisión municipal, también persigue frenar el abandono y maltrato de los perros.

Los resultados del perfil de ADN, cuya realización tiene un coste aproximado de 35 euros, se añadirán a los datos que ya constan sobre ese animal de compañía en el registro municipal gracias al microchip. Todos los dueños de mascotas están obligados a efectuar el chequeo genético y, en caso de no hacerlo, se enfrentarían a una multa por una falta leve de entre 110 y 130 euros, ha recordado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental de Málaga, Raúl Jiménez. “No se persigue multar por multar, pero para que la medida funcione bien, tiene que ir acompañada de elementos sancionadores”, ha puntualizado.

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La intención del Ayuntamiento no es ir calle por calle en busca de cacas de perro. El servicio ordinario de recogida de animales y aves será el encargado de controlar la vía pública, en función del barrio que esté en su ruta de trabajo, y cuando se tope con un excremento, lo cogerá y lo enviará a analizar. Esta prueba le costará al Ayuntamiento 18 euros. Una vez realizado el examen, los resultados se podrán cotejar con el estudio de ADN que existe del perro. Cada dueño, además de recibir una placa para su mascota, tendrá un carné con 19 marcadores genéticos.

Málaga es la primera gran ciudad española que obliga a la realización de pruebas de ADN canino, una medida que funciona en algunos municipios del Levante español como Xàtiva. “Sabemos que se produce una bajada drástica de excrementos caninos en la calle”, ha apuntado Jiménez sobre su efectividad. La ordenanza ha sido aprobada por la comisión de Sostenibilidad Medioambiental con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención del resto de grupos. Una vez que reciba luz verde en el próximo pleno, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Desde ese momento, los propietarios tendrán un plazo de seis meses para acudir al veterinario y someter a su animal a una extracción de sangre que será enviada a un laboratorio, encargado de elaborar el perfil genético.

Para cumplir el nuevo servicio, está prevista la inclusión de una partida de 200.000 euros en el Presupuesto municipal que cubra el gasto de la operación en los casos en los que los propietarios no cuenten con medios económicos, algo que se controlará junto al área de Derechos Sociales. Los perros acogidos en refugios y protectoras y los que estén en proceso de adopción están exentos de someterse a esta norma hasta el momento de su cesión definitiva. También lo están los perros lazarillo y los destinados a labores de seguridad.

El estudio de la ordenanza se ha prolongado durante un año y medio y ha contado con la colaboración de colectivos animalistas, asociaciones veterinarias y criadores. El texto contempla que las mascotas puedan acceder a cualquier tipo de establecimiento público, salvo que exista una prohibición expresa por parte de su titular. Esto será así siempre que el local no esté dedicado a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos. Se vetan también los collares que se consideran “de castigo” y la exhibición de animales en los escaparates de las tiendas.

Además de nueva norma, el equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, acordó hace unos días incentivar la adopción de perros de la protectora asumiendo los gastos que conlleva todo el proceso: vacunación, esterilización, colocación del microchip y, a partir de ahora, el examen genético. El objetivo es ir dando pasos para alcanzar el sacrificio cero de mascotas. En 2016 ingresaron en las instalaciones municipales 1.473 perros, de los que 1.047 fueron entregados por sus dueños y 426 recogidos en la calle. El año pasado se practicaron 547 eutanasias en Málaga, un 14% menos que en 2015. Los sacrificios se han reducido un 50% desde 2011.