Sin niños, sin tiempo y sin dinero

"Llevamos un mes hablando de dinero y nosotros queremos adoptar a nuestro hijo, no comprarlo”. Manuel Alfonso López es uno de los 75 padres españoles que tramita desde 2012 con la ONG Addis-Galicia, acreditada por el Gobierno gallego, la adopción de un hijo en Burundi o Etiopía. Cinco largos años de gestiones para nada. Y, también, cinco años de pagos que, de momento, han volado: 10.000 euros por familia de los que cada una ha entregado 8.000 sin que se atisbe la adopción.

Hace un mes, la Xunta citó a los solicitantes en Santiago. Allí, relata López, la ONG les hizo “un claro chantaje emocional". "O aportábamos cada uno 7.000 euros más (14.000 en el caso de las adopciones en Etiopía) o nos quedábamos sin nuestros hijos”, detalla. El Gobierno gallego autorizó esa tasa extraordinaria. Días después, cuando quedó claro que la mayoría de los afectados no haría frente al nuevo pago, la Xunta anunció el cierre de la entidad por “falta de viabilidad económica”. No obstante, Addis-Galicia sigue abierta y tramita un puñado de expedientes mientras mantiene, como la Administración autonómica, un opaco silencio sobre la gestión. Los afectados preparan acciones judiciales contra la entidad y la Xunta.

“Addis-Galicia y la Xunta han convertido la adopción en una puja; de nada sirven las gestiones de tantos años ni el orden de solicitud: quieren entregar a los niños al mejor postor”, protestan los afectados por la quiebra económica de la ONG y por el "engaño" del que creen que han sido objeto.

El mundo se les vino abajo el pasado febrero cuando la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) gallega y la Consellería de Política Social que la acredita les anunciaron que no podrían culminar las adopciones iniciadas en 2012 si al menos 20 de ellas no pagaban la tarifa extraordinaria. Aceptaron 14. No fueron suficientes: la Xunta echó el candado a la ONG. O eso dijo.

Los afectados atribuyen a “una mala gestión económica que será necesario aclarar” la quiebra de la ECAI y la responsabilidad en ello del Gobierno gallego. Se preguntan por qué motivo la Administración autonómica acepta que sean los particulares quienes afronten el “fiasco económico” de una organización sin ánimo de lucro “que dice que se ha gastado en papeleo para trámites, en la era de Internet, los 600.000 euros que han aportado las familias y que ha quebrado sin haberlo hecho”. Los 600.000 euros, explica López, corresponden a la suma de las aportaciones realizadas hasta el momento por las 75 familias (cada una ha entregado ya 8.000) que tramitaban la adopción. A esa cantidad hay que sumar otros 255.000 (3.400 euros por familia) correspondientes al último plazo que se paga al recibir al niño.

Ni así era suficiente para que Addis-Galicia pudiese continuar gestionando las adopciones comprometidas y pagadas por los futuros padres. Necesitaba al menos 100.000 euros más: los de la nueva tasa que la Xunta le autorizó. Los afectados sospechan que el “chantaje emocional” relatado por Manuel Alfonso López supone, en la práctica, el intento de la ONG de hacer recaer sobre los solicitantes de adopciones la responsabilidad del incumplimiento del contrato. “Esa nueva tarifa no tiene nada que ver con lo que habíamos firmado: no hemos incumplido nosotros, sino ellos”, sentencia.

“Si acudimos a una ECAI para adoptar fue precisamente porque estas asociaciones tienen detrás una Administración pública que acredita su buen hacer”, expresan los afectados su indignación. No piden que les devuelvan el dinero. Están más centrados en su objetivo: “Queremos a nuestros hijos”, claman ante el muro de silencio levantado por la ONG y por la Xunta de Galicia: “No contestan a los escritos que les enviamos demandando los expedientes de adopción”, protestan.

Imposible contactar con la ONG Addis-Galicia. Desde que anunció su falta de viabilidad económica nadie contestaba a las llamadas. “Hemos estado de mudanza”, justifica desde la nueva sede un empleado que remite a la directora de la asociación que sigue ilocalizable para este diario. La asociación fue registrada en enero de 2008 aunque había sido ya habilitada en 2004 por la Xunta de Galicia corno Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) para mediar en los procesos de adopción en Etiopía que se ampliaron después a Burkina Fas, en 2009, y a Burundi en 2010.

Hasta 2012, momento a partir del cual ya no presenta más cuentas, la asociación registra ventas por importe de 742.525,44 euros con un activo de 627.310,18 y un crecimiento del resultado neto del 430,95% entre 2011 y 2012 . Los datos del Registro Mercantil reflejan que el activo total de la empresa aumentó en un 92,52% en ese último periodo del que hay constancia pública mientras que el activo no corriente decreció en un 0,84%.

La ONG gallega informa a través de su página web que ha culminado 719 procesos de adopción. 515 de ellos, comprendidos entre 2006 y 2016, se corresponden con trámites de adopciones solo en Etiopía, mientras que 35 se computan como procedimientos en Burundi, en este caso entre los años 2011 y 2016. Considerando un coste medio de 7.000 euros por adopción, Addis-Galicia habría obtenido unos ingresos superiores a los cuatro millones de euros. Por eso los afectados no se explican la quiebra.

La Consellería de Política Social ha dejado de responder a las cuestiones sobre este asunto planteadas por EL PAÍS. Lo hizo al principio, reconociendo primero la autorización a la ECAI para aplicar la tarifa extraordinaria y anunciando días después el cierre de la asociación. Ante “la imposibilidad de que [la ECAI] pueda cumplir el plan de viabilidad económico”, afirmaba hace unas semanas la Xunta, “se producirá el inevitable cierre de Addis Galicia y, por tanto, la imposibilidad de continuar con los expedientes en Etiopía y Burundi”. Añadía que la liquidación de gastos se realizaría “de acuerdo con los términos del contrato” firmado entre las familias y la ONG. A partir de ahí, el Gobierno gallego se desentendió.

Esta misma semana, Addis-Galicia ha comunicado por escrito a las familias que traslada su sede a una nueva calle de la misma ciudad de Vigo. "No entendemos nada; ¿cómo puede seguir activa e incluso cambiarse a una sede más céntrica si la Xunta dice que es económicamente inviable y que por eso no puede continuar tramitando nuestros expedientes?", se pregunta López.

“Esto me recuerda al timo piramidal”

Como la mayoría de los solicitantes de adopciones Ana González y su marido tienen preparada su reclamación judicial. Esperarán a abril para registrarla porque no quieren que las familias que están cerrando el trámite "vean frustrados sus procesos”, explica. Sabe lo que se juegan los adoptantes en este último tramo después de tantos años de alimentar una ilusión que, en este caso, ha acabado escurriéndose entre sus dedos para la práctica totalidad. “Esto me recuerda al timo piramidal”, señala.

Los afectados están convencidos, a la vista de los acontecimientos, de que han estado “pagando los trámites de las familias que están ahora cerrando sus adopciones” y que no podrán finalmente tener a su hijo “porque no hay ya nadie detrás" que sufrague los gastos de las 75 familias que quedan. Los afectados se hacen una pregunta que, de momento, nadie responde: “¿Cómo puede la Consellería de Política Social mantener la acreditación a una ONG que anunció que cerraba por haber incumplido el plan de viabilidad y que no puede dar cuenta de lo que ha hecho con las grandes sumas de dinero que le hemos entregado en estos años?”.

González relata asombrada cómo “un técnico de adopciones” de la consellería le aseguró esta semana -contestando a su pregunta de cómo era posible que la ECAI, cerrada, siguiera tramitando adopciones- que el comunicado que les acababan de enviar anunciando el cierre de la ONG, en términos idénticos a la respuesta ofrecida a este diario, “no era oficial”. La respuesta se produjo después de que ella misma hubiese preguntado días antes a la Xunta por qué no salía publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el cierre de la ECAI. “Pero entonces me dijeron que no era necesario porque el comunicado era ya un documento oficial”. “Nos toman el pelo”, concluye. Tras el "duro golpe", buena parte de estas familias creen que se ha cerrado definitivamente para ellas el plazo de la paternidad. Aseguran que no podrán empezar ya de nuevo en ningún sitio un proceso tan intenso emocionalmente, tan caro y tan largo en el tiempo.