Sánchez declara este lunes por prevaricación, fraude y malversación

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), se juega este lunes su futuro político. Minutos después de las nueve de la mañana ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ante el que comparece en calidad de investigado —antigua figura de imputado— por el caso Auditorio. El instructor del caso, Julián Pérez Templado, tratará de dilucidar si Sánchez cometió delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental entre 2006 y 2011, en relación con el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras, municipio del que era alcalde en esa época.

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Sánchez ha accedido a la sede judicial junto a su abogado, Francisco Martínez-Escribano, y ha eludido hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban su llegada, cerca de una treintena. El presidente ha convocado una rueda de prensa posterior a la declaración judicial en un hotel cercano al Palacio de Justicia.

El caso ha levantado una tormenta política en la Región de Murcia, donde Sánchez gobierna sin mayoría absoluta y gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos cuyo primer punto establecía "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

El líder de Ciudadanos en la comunidad, Miguel Sánchez, dio por roto el acuerdo el pasado 2 de marzo después de reunirse con el presidente y de que este reiterase su intención de no dimitir. No obstante, no aclaró cuál será ahora la postura del partido, que ha iniciado contactos con PSOE y Podemos (segunda y tercera fuerzas más votadas en la autonomía respectivamente), pero sin especificar si plantearán una moción de censura —algo que propone abiertamente Podemos— o un anticipo electoral.

"¿Tanto cuesta esperar 72 horas a que yo vaya a declarar para aclarar?" dijo Sánchez a los medios de comunicación un día más tarde, antes de comparar su situación con la de dos de sus antecesores, los ex presidentes socialistas Andrés Hernández Ros y Alberto Collado, que "salieron por la puerta de atrás" y años después "la justicia les dio la razón". Ambos dimitieron, en 1984 y 1993 respectivamente, acusados el primero de soborno y el segundo de prevaricación y malversación, pero nunca fueron condenados.

Una gran diferencia separa a aquellos casos de este: el apoyo del resto de miembros de su partido. No lo tuvieron los socialistas, mientras que el PP ha cerrado filas en torno a Sánchez y el propio Mariano Rajoy le ha dado su apoyo. Con toda probabilidad, Sánchez será nombrado el próximo 18 de marzo presidente del partido a nivel regional, sustituyendo al frente del PP murciano a Ramón Luis Valcárcel después de más de tres décadas.

Los populares ponen la línea roja de la dimisión en la apertura de juicio oral e insisten además en que lo que se investiga no es un caso de "corrupción política", sino una mera "cuestión administrativa" sobre si la subvención de seis millones de euros que la comunidad autónoma concedió para construir el polémico auditorio se justificó o no correctamente. Y le echan en cara a Ciudadanos que su criterio no sea el mismo con los imputados murcianos que con, por ejemplo, los andaluces, en referencia al alcalde de Granada, también investigado.

"¿Qué no sabrá Pedro Antonio Sánchez de la financiación ilegal del PP, que Rajoy no se atreve a decirle que se marche?", se preguntaba el líder del partido naranja, Albert Rivera, la semana pasada sobre este caso. La declaración de Sánchez ante el TSJ viene precedida de una manifestación este domingo en Murcia, convocada por la Plataforma contra la Corrupción de la Región de Murcia, en la que han participado miles de personas para pedir al presidente que "cumpla con su palabra, sea coherente y dimita". Una vez que finalice su declaración ante el juez, Sánchez ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la comparecencia.