Andalucía ratifica la contratación de más de 8.000 funcionarios y acusa a Rajoy de jugar con el empleo público

No hay marcha atrás en Andalucía en su pretensión de convocar 8.053 plazas de empleo público este año, pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy defiende que no sería posible si no se aprueban los presupuestos. La consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo central carece de amparo legal para ese planteamiento y que hay precedentes e instrumentos para convocar las oposiciones. "El Gobierno rectificará y va a asumir la resolución de la Conferencia de Presidentes. Ha jugado con la oferta de empleo público para presionar a las comunidades para que hagan los mismo con los grupos del Congreso", ha afirmado Montero en el Parlamento andaluz.

La consejera, que ha elevado a 100.000 las plazas vacantes por jubilación de funcionarios en todo el país, ha detallado que en Andalucía se convocarán este año un total de 8.035 puestos de empleo público, de los que 3.553 serán en el ámbito de la sanidad, 2.468 en el de la educación y 2.014 en el de la administración general (la mitad de promoción interna).

Según Montero, estas dotaciones tendrán todas las garantías legales, adelantándose así a un posible recurso como el que hace cinco años obligó a suspender las oposiciones por una resolución del Tribunal Constitucional.

"Esta iniciativa está justificada jurídica y presupuestariamente. La labor de los funcionarios resulta imprescindible para garantizar servicios públicos universales y contribuye como potente multiplicador de la recaudación fiscal y del consumo", ha argumentado Montero, quien ha lanzado un mensaje de "certidumbre y tranquilidad" para "despejar cualquier duda".

Según la consejera, la convocatoria de empleo se hace en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía y previstas en las leyes de función pública y en el estatuto de los funcionarios. "La oferta está vinculada a la suficiencia financiera", ha defendido Montero para rebatir el principal argumento que utilizó el Constitucional en la anterior suspensión de las oposiciones.

La responsable del Gobierno andaluz ha recordado que las oposiciones autonómicas se han planificado siempre de forma independiente a la estatal hasta que el Gobierno obligó a limitar la tasa de reposición de personal muy por debajo de las necesidades. 

"En cuatro años, Andalucía ha estado sin poder reponer más de 1.500 empleos cada año que han quedado vacantes por el envejecimiento del personal", ha afirmado Montero, quien ha asegurado que esta situación ha obligado a elevar al 20% el índice de temporalidad en la administración y ha generado una continua batalla judicial que ha limitado la capacidad de movilidad del personal y ha hecho surgir figuras inéditas en la función pública.

“No tiene ningún sentido y no supone ahorro para las arcas públicas”, ha asegurado la consejera de Hacienda para rebatir la tesis del Gobierno central, al que ha acusado de mantener una "estrategia de presión" frente a la actitud de Andalucía, que ha calificado de "leal con el cumplimiento de la norma de estabilidad".

La diputada de IU, Elena Cortés, ha pedido que la Junta de Andalucía lleve sus argumentos a los tribunales para recurrir las limitaciones impuestas por el Gobierno central y el representante de Ciudadanos ha reclamado que se inste al Gobierno a dar garantías a la convocatoria para evitar la inseguridad en los opositores. Podemos ha considerado insuficiente la oferta y ha elevado a 5.500 empleos los perdidos en el ámbito de la Sanidad.

Pablo Venzal Contreras, del PP, ha expresado su apoyo a la convocatoria de empleo público. "Que quede claro", ha afirmado. Montero le ha replicado con dureza que no sea capaz de justificar las limitaciones a la reposición de funcionarios establecida por los Gobiernos del PP y que ahora "amenacen" a las Comunidades Autónomas para conseguir lo que no son capaces de lograr con el diálogo.