El Supremo rechaza la petición de Garzón sobre el Valle de los Caídos
El exjuez planteaba trasladar los restos de Franco y crear un "espacio de memoria"
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar, entre otras cosas.
El recurso, interpuesto por el exjuez, Manuel Ollé Sesé y Eduardo Ranz Alonso, pedía al Tribunal rechazar la desestimación de la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros, el 19 de noviembre de 2015 en ejercicio del derecho de petición, regulado en el artículo 29.1 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre. El Tribunal lo rechaza sin entrar en el fondo y recuerda que la petición fue contestada por acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre de 2016.
En aquel escrito, los juristas pidieron al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un "Espacio de Memoria", el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
La solicitud, presentada en virtud del Derecho de Petición, coincidió con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange.
Eliminar todo vestigio franquista del lugar
Reclamaba también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, "pueden incitar al odio".
Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado "pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral".
El escrito proponía la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.
Los juristas pedían la transformación del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, donde las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.
Para ello, se solicitaba al Gobierno la aprobación de la dotación económica suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.
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