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Una trituradora del tesorero de Convergència escondía la última mordida

La Guardia Civil halló unas tiras de papel en la trituradora del despacho de Andreu Viloca

Andreu Viloca (d), a su llegada a los juzgados.
Andreu Viloca (d), a su llegada a los juzgados. EFE

Convergència intentó quitarle hierro al asunto. Solo era, al fin y al cabo, una vieja trituradora. Se habían destruido papeles, sí, pero hacía tiempo. Y solo eran tarjetas de visita y documentos internos sin valor. Nada que ver con el 3%.

Todo esto alegó el partido cuando, el 28 de agosto de 2015, la Guardia Civil halló unas tiras de papel en la trituradora del despacho Andreu Viloca, el tesorero. Pero Viloca los había destruido apenas unos minutos antes, al saber que los agentes habían irrumpido en la fundación CatDem, afín al partido. Y los papeles, reconstruidos laboriosamente, sí tienen que ver con el presunto pago de comisiones. Uno de ellos, de hecho, muestra cómo Viloca intentó organizar una mordida —la última de su trayectoria— ese mismo verano.

En el registro de agosto, mientras Viloca pedía permiso para salir a fumar, los agentes precintaron la basura con los papeles triturados. No sabían qué contenían. Hasta que el Departamento de Grafística logró reconstruir 11 de los documentos con precisión de cirujano. Hay dos tarjetas de visita (Teyco, OHL), dos planos, cartas internas y hasta un sobre con el logo de CDC donde dice “traspaso efectivo”; en un post-it podía leerse: “Andreu Viloca caja fuerte".

Pero el papel que ha dado mayores frutos es el identificado como “número 5”. En el reverso aparecen anotaciones que, por sí solas, no dicen gran cosa. La palabra “Escola” —escuela en catalán— figura junto a una flecha que señala hacia “Romero”. Abajo, otro nombre ignoto (“Polo”) y, al final, una serie de números y signos: “130 aval”, “31/10” y “900-”. A la reparación física le siguió una labor más propia de arqueólogo, que ha permitido descifrar las anotaciones: todas ellas son indicio, concluyen los agentes, de un intento de obtener una comisión ilegal en 2015 a costa de una escuela pública.

Los agentes descubrieron que, ese verano, Infraestructures.cat —la mayor adjudicataria pública de la Generalitat— sacó a concurso la construcción de la escuela Montserrat Vayreda de Roses (Girona). Una de las empresas que había presentado su oferta era Romero Gamero —“Romero”— y el presidente de la mesa de contratación iba a ser el director general del ente público: Josep Antoni Rosell i... Polo. Pero hay más. “130 aval” alude a los 130.000 euros que la Generalitat exigió como garantía en ese concurso.

Vuelve el 3%

Una cantidad, que además, supone “el 3% del importe total de la adjudicación” de la Montserrat Vayreda. La cifra “31/10” indica la fecha de adjudicación (31 de octubre), mientras que “900-“ alude a la oferta a la baja de Romero Gamero: la empresa se quedó en los 3,4 millones de un presupuesto de licitación máximo de 4,3, lo que supone una bajada de 900.000 euros.

Superada la criptografía, los agentes cruzaron otros datos obtenidos gracias a los seguimientos a Viloca. Sobre las 17 horas del 25 de agosto de 2015 —tres días antes del registro— el tesorero esperaba en la plaza Eguilaz de Barcelona. Un tipo se le acercó y juntos caminaron hasta unas instalaciones deportivas. Tomaron algo en la cafetería y, después, el hombre se marchó. Los agentes no sabían entonces quién era. Le siguieron. El desconocido siguió caminando y entró en un edificio cercano: la sede de Infraestructures.cat. Tras abandonarla, permaneció dos horas en un hotel de la plaza de Cataluña y salió acompañado de una mujer hacia su casa, en Vilanova. Hay fotos de todo ello. El individuo no es otro que Joan Antoni Rosell Polo y, según los investigadores, esa tarde se había reunido con Viloca para hablar de la necesidad de adjudicar la escuela de Roses a Romero Gamero.

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