Una auditoría destapa otra vía de financiación ilegal de Convergència

Una auditoría interna de Convergència Democràtica de Catalunya incluida en el sumario del caso 3% revela otra vía de financiación irregular que reportó al partido 2,99 millones de euros entre 2009 y 2013. El sistema consistía en vender en efectivo decenas de miles de “talonarios de 50 a 250 euros”, lo que permitía a “donantes anónimos” —prohibidos por ley— comprar muchos tiques de donativos sin dejar rastro. La normativa obliga a identificar a quienes aportan al partido más de 300 euros, pero el Tribunal de Cuentas ya alertó de que la falta de un sistema de control impedía saber si se superaba este límite.

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Convergència (CDC, hoy PDECat) ha hecho en los últimos años un gran uso de las dos grietas que la redacción de la ley de financiación de partidos —ley orgánica 8/2007— dejó abiertas. La primera —los adjudicatarios de obra pública no pueden donar a los partidos, pero sí a sus fundaciones— está en el centro de las investigaciones del caso 3% sobre la supuesta financiación ilegal de CDC.

La segunda la constituyen las llamadas “actividades promocionales”, un epígrafe que incluye desde la venta de lotería y objetos de todo tipo —llaveros, libros...— a la organización de cenas o conciertos. En este caso, la ley establece un límite de 300 euros por debajo del cual no es necesario identificar a los compradores. Este límite, pensado para transacciones de poca importancia, queda pulverizado cuando lo que se vende sin control y en efectivo son decenas de miles de “tiques” por 50, 100 o hasta 250 euros.

Convergència logró por sus “actividades promocionales” mucho más dinero que todos los demás partidos españoles juntos entre 2009 y 2013: 2.996.000 euros, según datos de la auditoría interna y del Tribunal de Cuentas. La cantidad obtenida ha ido oscilando notablemente: 448.315 euros en 2009; 1.306.000 en 2010; 591.000 en 2011, 292.000 en 2012, y 359.000 en 2013.

Las diligencias de la investigación del caso han puesto el foco en esta vía de financiación basándose en el Informe de revisión de los estados financieros, encargado por la propia Convergència en 2014 y referente a los dos años anteriores. El informe destaca que “para las actividades promocionales superiores a 300 euros es obligatorio identificar al contribuyente”. Como el partido “logra estos ingresos con talonarios de 50 a 250 euros y no identifica al donante, no es posible asegurar que la misma persona no ha comprado varios tiques por más de 300 euros, lo que supone un incumplimiento de la ley al tratarse de donantes anónimos”.

En sus informes, el Tribunal de Cuentas ya había advertido a Convergència, aunque de forma más tibia, sobre este punto al señalar que “no ha sido posible verificar el cumplimiento” de la ley “ya que el partido no tiene establecido un control adecuado sobre la gestión de estas actividades”.

Los otros dos partidos a los que el Tribunal de Cuentas conminó a regularizar estos ingresos son PNV y UPyD. El primero obtuvo entre 2009 y 2012 —en 2013 solventó el tema— un total de 1,6 millones de euros. En este caso, la mayor parte del dinero procede de “celebraciones conmemorativas” en las fiestas y sedes del partido, con un peso destacable en la vida social y cultural del País Vasco. La otra formación censurada por el Tribunal fue UPyD, aunque por cantidades mucho menores, 351.000 euros entre 2009 y 2011, que también incluían la venta de lotería y la celebración de actos y jornadas.

Fuentes que investigan el caso 3% lamentan así “hayan podido llegar grandes cantidades de dinero sin control al partido”, aunque admiten que “el sistema utilizado hará imposible diferenciar entre los donativos genuinos y los que escondan otras intenciones”.

Aunque el centro de las investigaciones hasta ahora han sido las mordidas pagadas a CDC camufladas como donaciones a sus dos fundaciones —CatDem y Fòrum Barcelona—, los investigadores siguen el rastro de varios posibles pagos en efectivo por supuestas comisiones ilegales. Uno sería la entrega por un directivo de Isolux Corsán de un sobre en la sede de Convergència. El otro, la mención a una oficina bancaria en una reunión entre el tesorero del partido, Andreu Viloca, y uno de los empresarios investigados.