La acusación pide imputar al presidente de Murcia por idear un “concierto criminal”

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación popular del caso Púnica, ha solicitado al magistrado Eloy Velasco que eleve al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Murcia dos exposiciones razonadas para imputar y poder actuar contra Pedro Antonio Sánchez (PP), presidente de Murcia; y contra Pilar Barreiro Álvarez (PP), senadora y exalcaldesa de Cartagena. Según el escrito enviado al juzgado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los dos dirigentes populares acordaron con la trama un "concierto criminal" para lavar su imagen pública "con cargo al presupuesto público" de la Consejería de Educación, que entonces dirigía el actual jefe del Gobierno autonómico.

"Este lavado [de imagen] no tenía nada que ver con la educación de los murcianos, sino solo con la amistad entre ambos y los apoyos en el Partido Popular que pretendían lograr", apostilla la acusación particular en su escrito, donde considera que existen indicios suficientes para acusar a Pedro Antonio Sánchez de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. A Barreiro, por su parte, le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada, revelación de información reservada y falsificación de documento oficial.

Esta petición se produce después de que José Manuel Maza, fiscal general del Estado, impusiera su criterio jerárquico y considerara que no se debía actuar contra el presidente de Murcia al creer que no había perjudicado a las arcas públicas. Esta decisión se adoptó pese a que las dos fiscales que investigan Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, concluyeron que Pedro Antonio Sánchez "elaboró" un "plan criminal" para "desviar" a las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro "fondos públicos" de la consejería autonómica de Educación, que dirigió desde abril de 2014 hasta julio de 2015.

El presidente de Murcia no solo se encuentra salpicado por esta investigación judicial. Ya está imputado por el llamado caso Auditorio. En este proceso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia considera que Sánchez pudo cometer cuatro delitos —prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos— en la licitación, ejecución y justificación de la subvención pública (6 millones de euros) para la construcción del auditorio de la localidad de Puerto Lumbreras.