Agricultura tendrá que readmitir a una ingeniera represaliada de Acuamed

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tendrá que readmitir a Gracia Ballesteros, una de las ingenieras de Acuamed que fue despedida por negarse a participar en las irregularidades que se cometieron en la empresa pública y que denunció los hechos que actualmente investiga la Audiencia Nacional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de confirmar que su despido fue nulo.

El fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, confirma que Ballesteros fue despedida en julio de 2015 en un "contexto evidente de hostilidad" hacia el director general, Arcadio Mateo, el presunto cabecilla de la red, como consecuencia de negarse a participar en actuaciones "irregulares". La ingeniera fue directora de la obra de descontaminación de Flix (Tarragona), y posteriormente gerente territorial de la empresa en Cataluña.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree que los directivos de Acuamed quisieron inflar el presupuesto de Flix para compensar a la constructora FCC por otra de sus obras, la de la desaladora de Bajo Almanzora, inundada en 2012, y para la que se pactó pagar a medias entre Administración y contratista la reparación. En ese contexto se produjo el despido disciplinario de Ballesteros y de Azahara Peralta, otra ingeniera, directora de los trabajos de descontaminación de Flix, que también denunció la situación.

Ambas demandaron a Acuamed tras ser despedidas de manera fulminante. Los representantes legales de Acuamed llegaron a ofrecer a Ballesteros ser readmitida y aceptar "una pequeña sanción", según fuentes cercanas al caso, para evitar ir a juicio, pero esta lo rechazó. Finalmente un juzgado de lo Social de Madrid le dio la razón en mayo pasado. La empresa, que depende del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, recurrió el fallo. Ahora el TSJM confirma todos los extremos, tanto la nulidad como la indemnización que Acuamed deberá pagar a Ballesteros, de 90.000 euros.

El despido disciplinario de las dos ingenieras se decidió en una reunión del consejo de administración de Acuamed —donde se sientan representantes de tres ministerios— celebrada el 30 de julio de 2015. Según el acta de esa reunión, los consejeros fueron informados de los resultados de un informe interno de auditoría sobre Flix y se les propuso despedir a las supuestas responsables de las "debilidades e incumplimientos" que se les atribuían.

La decisión se aprobó por unanimidad. El consejo lo presidía ese día Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, número dos del Ministerio de Agricultura, que accedió a este cargo en sustitución de Federico Ramos, que dimitió tras verse salpicado en el caso Acuamed. Velasco archivó la investigación contra Ramos en octubre pasado.

La sentencia del TSJM considera probado que en una reunión celebrada tras el verano de 2013 Arcadio Mateo dijo a Francisco Valiente, entonces director de Ingeniería y principal denunciante del caso Acuamed ante la Fiscalía, que "se iba a pagar a una persona ajena a este procedimiento judicial una liquidación de 10 millones en la obra de la desaladora del bajo Almanzora, que no procedía, y que otra parte se iba a pagar por medio de un modificado ficticio en la obra del embalse de Flix, que indicó al señor Valiente y a la demandante que hiciesen".

Según el fallo, tanto Valiente como Ballesteros se negaron. "A consecuencia de esa negativa, la situación en la empresa de la demandante y del señor Valiente se volvió más difícil, al punto de que en una reunión en la que el señor Valiente defendió una actuación de la demandante, se le indicó que 'van a caer dos pájaros por uno". El tribunal describe asimismo una situación de acoso laboral, en la que Gabriela Mañueco, número dos de Mateo, se negaba a dar tareas de entidad a Ballesteros después de que esta solicitara una reducción de jornada y cambiara de puesto.

El juez Eloy Velasco dictó prisión incondicional para cinco de los 13 detenidos en la Operación Frontino en enero de 2016 al considerar que existía "una organización criminal" dentro de Acuamed e implicó a "cargos de muy alto nivel del ministerio" en pactos para favorecer con dinero público a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por FCC. Todos salieron de prisión tras pagar las correspondientes fianzas meses después.

Tres de los imputados volvieron a sus puestos directivos en Acuamed nada más salir de la cárcel y el juez Velasco tuvo que pedir que abandonaran la empresa porque podían acceder a documentación relevante para el caso. "Están en su casa, pero cobrando", afirma una fuente cercana al caso. "Y otros dos imputados son los que actualmente dirigen la empresa", añade.