La oposición insta al Gobierno a investigar a la Fundación Franco

"¿Se puede imaginar alguien una Fundación Benito Mussolini en Italia? ¿O una Fundación Adolf Hitler en Alemania?". Así ha iniciado el diputado de Unidos Podemos Antón Gómez-Reino la exposición de la proposición no de ley que solicita al Gobierno que investigue a la Fundación Francisco Franco. La iniciativa, debatida este jueves en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ha salido adelante con el apoyo de la oposición. Solo Ciudadanos y el PP votaron en contra.

La proposición surge a partir de la información, adelantada en este diario, de las cartas que la fundación envió a diversos Ayuntamientos de España ofreciéndoles asesoramiento legal para afrontar las denuncias por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La iniciativa recuerda que corresponde al Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, velar por el cumplimiento de la ley de fundaciones, que en su artículo 3 establece que "deberán perseguir fines de interés general", entre los que cita la defensa de los derechos humanos, la promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, o el fomento de la tolerancia. El grupo de Unidos Podemos considera "constatada" la existencia de "indicios racionales de ilicitud penal" en la actividad de la fundación y reclama que se abra una investigación y se remita toda la documentación recabada a la fiscalía u otro órgano jurisdiccional competente."La existencia de la Fundación Francisco Franco", ha concluido Gómez-Reino durante su intervención, "es una auténtica anomalía democrática".

Margarita Robles, del PSOE, ha recordado que el artículo 9 de la Constitución española establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" y eso, ha añadido, "incluye la ley de memoria histórica o cualquier otra ley".  Las cartas que la Fundación Franco envió a los ayuntamientos insumisos no contenían críticas a la norma aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, lo cual, "habría sido aceptable desde un punto de vista democrático", ha dicho, sino llamamientos "a la desobediencia" por lo que su grupo comparte la necesidad de abrir una investigación y dar traslado al Ministerio Fiscal para que tome las decisiones convenientes" .

La diputada del PP Beatriz Escudero no ha querido "entrar en ningún debate" al considerar que la comisión de Interior no era la competente para tratar el asunto ya que el protectorado de fundaciones depende del Ministerio de Educación y Cultura, por lo que ha votado en contra. Sí ha asegurado que el protectorado de fundaciones ya había requerido información a la fundación sobre las cartas enviadas a los Ayuntamientos y que una vez recibida toda la documentación requerida valoraría "las actuaciones que en su caso procedan".

Desde Ciudadanos, el diputado Saúl Ramírez, ha defendido la existencia de la Fundación Franco y ha votado en contra de la iniciativa. "Cuando leo la propuesta de Unidos Podemos no veo ningún indicio de ilicitud penal, por eso no entendemos ese rencor y esa inquina innecesaria", ha dicho.  

Mikel Legarda, del PNV también apoyó la proposición de Unidos Podemos por entender que "de la combinación de la ley de memoria histórica y la ley de fundaciones" las cartas dirigidas por la Fundación Franco "vulnera claramente el espíritu y la letra de la ley de memoria histórica y se desvía del fin fundacional del interés público". El diputado peneuvista también solicitó la intervención de la fiscalía y lamentó que la Administración no estuviera siendo en este caso "todo lo diligente" que sí es en otros "con muchos menos motivos".

La Fundación Nacional Francisco Franco tiene como principal objetivo "la difusión de la memoria y obra" del dictador, "el personaje histórico y su legado". Estos son algunos ejemplos de cómo interpreta la fundación ese legado: "Transformó España y a su pueblo como no se había conocido en su historia"; Desde 1936, "empezó a gravitar sobre él la carga entera del compromiso, las esperanzas y las vidas de millones de personas, el ser o no ser de España, el inexcusable aplazamiento a juicio que le hace la historia. A partir de este momento, se inicia el periodo que corresponde a su magistratura al frente del Estado español, al que llevará, desde el caos sangriento de 1936, a la venturosa, próspera y pacífica España que nos dejó en 1975".