Educación solo actuará ante los plagios del rector con una prueba oficial externa

Cuatro meses después de que saltaran los primeros casos del presunto plagio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, Fernando Suárez, la respuesta institucional no llega. La Comunidad de Madrid, de la que depende el presupuesto de este campus, considera que corresponde al Ministerio de Educación revisar lo ocurrido por ser la Administración a la que pertenecen las agencias que evalúan la acreditación de profesores y su investigación. Y el Ministerio de Educación indica que es la propia Universidad la que tiene que autorregularse y que “mientras no haya sentencia firme” por una infracción penal sus agencias “no pueden hacer una revisión de oficio por este motivo”.

El Gobierno respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada de En Marea Yolanda Pérez en la que requería, el pasado 20 de diciembre, qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno en relación con las “numerosas denuncias por presunto plagio académico” formuladas contra el rector. Este periódico ha constatado copias a más de una veintena de autores. Pérez preguntaba si la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y la CENAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora), dependientes del Ministerio de Educación, “van a revisar los méritos aportados” por el rector para el reconocimiento de su trayectoria académica y si la dirección general de Política de Investigación, dependiente en este caso de Economía, tiene previsto revisar los proyectos de investigación concedidos a Fernando Suárez como investigador principal o miembro de un equipo de investigación tras los indicios “de haber sido concedidos en base a un currículo distorsionado”. A esto último no hace referencia la respuesta parlamentaria que remitió el Gobierno el 16 de enero.

El Gobierno señala en la respuesta que solo una sentencia judicial puede constatar un plagio académico para que Educación pueda actuar de oficio. Y un portavoz de Educación añade que, tal como señalaron cuando la Universidad de Barcelona emitió un informe pericial que constataba la copia a uno de sus profesores, revisarán la documentación del campus catalán para ver si constituye una “prueba suficiente en derecho para la revisión de oficio” para que intervengan las agencias. El Ministerio considera, por tanto, que no puede actuar por su cuenta.

Y eso es lo que le recriminan cinco de los afectados, que han recibido la adhesión de 427 profesores de universidades españolas (52) y extranjeras (58). El ministerio, critican en un comunicado, sigue “empeñado en negar su competencia en la investigación -y sanción si procede- de las evaluaciones (sexenios y habilitación a catedrático) del profesor Suárez” que ha realizado la ANECA.

Recuerdan los plagiados que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, les indicó en una carta que la Constitución y a la Ley de Universidades son quienes "recogen la autonomía universitaria como un pilar fundamental de su gestión". Y responsabilizó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo: "Como ya sabe, es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte —a través de la ANECA— quien ostenta la competencia para investigar la revisión de los sexenios y del trabajo de acreditación a la que alude en su escrito".

“Se nos escapan los motivos reales del ministro para hacer caso omiso al sentido común y a nuestras demandas de una Universidad española libre de plagios entre profesores e investigadores que, siendo un fenómeno minoritario, afecta gravemente a la imagen de nuestra Universidad al tener ahora como protagonista a tan alto cargo académico, por lo que una sanción disciplinar por parte de la autoridad evaluadora correspondiente debería sentar precedente”, añaden los afectados en su carta, en la que recuerdan que la URJC no ha puesto en marcha la comisión de investigación que prometió. El 25 de noviembre el propio rector anunció una comisión que investigaría su obra, pero esta nunca llegó a constituirse y ahora todo está parado a expensas de las elecciones al cargo del 15 de febrero. 

Dos de los responsables de analizar este asunto —el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, y el secretario general de Universidades del Ministerio de Educación, Jorge Sáinz—, proceden de la Rey Juan Carlos.

Sobre la opción de una sentencia judicial firme, los afectados añaden que se produciría “en un plazo de años”. Por último piden ayuda a los partidos de la oposición “en la tarea de salvar la honra, la imagen y el buen funcionamiento de nuestras instituciones académicas”.

La diputada Yolanda Pérez, por su parte, considera “indignante” la respuesta del Gobierno a su pregunta. “El Ministerio de Educación sí que puede actuar. En un país normal este señor habría sido ya fulminado y la ANECA habría actuado de oficio. Y, si verdaderamente no pudieran hacerlo, ¿por qué el ministerio no se persona en una posible causa penal?”, se pregunta.