Rector indigno

El lamentable espectáculo protagonizado por Fernando Suárez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, negándose a dimitir de su cargo a pesar de la evidencia de los numerosos plagios encontrados en su obra investigadora, no solo le llenan de descrédito a él personal y profesionalmente, sino a su Universidad y, por extensión, al sistema universitario español.

Frente a la ligereza con la que algunos, entre ellos el propio interesado, despachan la cuestión del plagio, hay que recordar que la copia del trabajo de los demás es la falta más grave que puede cometer un académico. Apropiarse sin citarlo del trabajo de otros supone pervertir la misma esencia del trabajo universitario, que no es otra que la producción de conocimiento y su transmisión a la sociedad. No se trata, por tanto, de una cuestión menor, ni de unos meros entrecomillados, sino de una violación del núcleo central en el que se basa la integridad y la respetabilidad de toda una profesión.

La sociedad, que ha depositado en funcionarios como Fernando Suárez una responsabilidad tan crucial como la de producir y difundir el conocimiento científico, no puede permitir bajo ningún concepto que un tramposo acreditado esté en la cúspide del sistema universitario en su doble condición de catedrático y, por ende, de rector de una Universidad.

Resulta lamentable que, como se ha demostrado estos días, ni la propia Universidad concernida, ni la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de quien depende para su financiación, ni el propio Ministerio de Educación, encargado de velar por la calidad del sistema universitario y de acreditación y evaluación de los profesores que en él trabajen, hayan sido capaces hasta la fecha de obligar a rendir cuentas al rector por su inaceptable comportamiento.

Con su pasividad, la Universidad proyecta una sombra de corporativismo y clientelismo sumamente peligrosa. La autonomía universitaria, cuyo fin es ayudar a lograr la excelencia, no puede servir precisamente para lo contrario: proteger a los mediocres o, directamente, a los tramposos.

Por su parte, el silencio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su consejero de Educación, Rafael van Grieken (catedrático en la misma Universidad que el profesor Suárez), tampoco resultan aceptables. Su deber es exigir la ejemplaridad de los empleados públicos a los que administran y habilitar los mecanismos para que este tipo de comportamientos no quede impune.

Tampoco puede permanecer al margen el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con la torpe y por lo demás falsa excusa de que el tema no es de su competencia cuando el hecho es que su ministerio es el responsable de acreditar y evaluar a los profesores universitarios, lo que le convierte en el primer interesado en saber por qué no se detectaron dichos plagios a la hora de evaluar y acreditar al rector.

Vistos los hechos, no encontramos una sola razón que no haga urgente la dimisión del rector bien por iniciativa propia o bien porque en aras del prestigio de la enseñanza universitaria así se lo exija con toda firmeza la presidenta de la Comunidad de Madrid o el ministro de Educación.