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El presidente del CSN rechaza ir al Congreso para informar sobre Garoña

El supervisor ignora sus propias reglas en el proceso de reapertura de la central nuclear

Central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos.
Central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos.

Esta semana será clave para el futuro de las centrales nucleares de España, cuyos propietarios quieren que funcionen más allá de los 40 años. El miércoles —si no hay un nuevo aplazamiento— la central de Garoña (Burgos) podría recibir el imprescindible aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) —cuyo pleno está controlado por el PP— para poder reabrir y seguir enganchada a la red eléctrica hasta 2031, superando así ampliamente esa frontera de los 40 años de vida (comenzó a operar en 1970 y está parada desde 2012).

PSOE, Podemos y Ciudadanos han instado en varias ocasiones al Gobierno y al CSN a que paralicen la tramitación de ese informe de reapertura. Piden que antes se abra un debate sobre las implicaciones de permitir que las centrales operen más de 40 años. La semana pasada solicitaron la comparecencia de urgencia para este martes del presidente del CSN, Fernando Martí (PP), en el Congreso. Pero el pleno del supervisor ha acordado este lunes que será la vicepresidenta, Rosario Velasco (PSOE), la que comparezca. La convocatoria enviada desde el Congreso permitía que fuera uno de los dos el que acudiera este martes al Parlamento.

Incumple sus reglas

El proceso para la reapertura de Garoña arrancó en 2014. La última palabra administrativa la tiene el Ministerio de Energía, pero este departamento ha indicado en varias ocasiones que su decisión dependerá de lo que digan los técnicos, es decir, el CSN. La dirección de este supervisor envió a los propietarios de la central —Endesa e Iberdrola— un escrito en marzo de 2015 en el que les indicaba que, para poder emitir su informe sobre la reapertura, se "considera necesario" que se realizaran previamente una serie de obras.

En concreto, se trataba de actuaciones como un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, cambios en el sistema eléctrico y la protección ante la hipotética caída del techo del edificio de turbinas en caso de incendio. Los propietarios, sin embargo, no han ejecutado estas obras. "En el momento del presente, Nuclenor [la empresa participada al 50% por las dos eléctricas y propietaria de la central] no ha finalizado la implantación de esas modificaciones", señala el informe final que la dirección técnica del CSN presentó al pleno el 23 de enero.

Pese a que el reconocimiento de que esas obras no están concluidas y que el CSN consideró en 2015 imprescindibles, ese informe final es favorable a la reapertura. Eso sí, se vincula a que se hagan varias inversiones, entre ellas, las pendientes desde hace casi dos años.

La Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN) ha criticado este miércoles esta maniobra. "La emisión por parte del CSN de un dictamen favorable a la explotación de la central supondría un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos", ha dicho en referencia a las indicaciones que el supervisor envió a los propietarios de Garoña. "Supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos", ha añadido.

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