Presidentes del PP presionan para que no se prime a Cataluña
Feijóo y Cifuentes advierten de que no permitirán privilegios ante la Conferencia en el Senado
Hay inquietud, presión y bastante desconfianza entre los presidentes autonómicos del PP, especialmente liderados por el gallego Alberto Núñez Feijóo y la madrileña Cristina Cifuentes, ante la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy se plantee algún tipo de prima o beneficio hacia Cataluña en el nuevo sistema de financiación de las autonomías. Esa negociación arrancará en la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada para el 17 de enero que se define hoy.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió anoche de Barcelona con la vista puesta en su cita hoy con los consejeros de Presidencia de las demás autonomías para preparar el orden del día de la Conferencia de Presidentes autonómicos. Quiere cambiar el formato y el fondo del encuentro, para que tenga continuidad. La intención es rebajar los aspectos protocolarios y darle contenido al debate. Implicar a todas las estructuras del Estado en discusiones de calado, como el nuevo sistema de financiación autonómico. El reparto del dinero que los presupuestos del Estado destinan a las autonomías será el asunto central de la reunión.
El ejecutivo persigue evitar la recurrente retahíla de discursos reivindicativos e individuales de cada presidente y forzar una discusión común. No será fácil. Algunos presidentes autonónicos del PP llevan semanas alertando al Gobierno de Rajoy, en público y en privado, con que no consentirán ningún privilegio hacia Cataluña. Esa discusión ya formó parte estas Navidades de la reunión que celebraron en Barcelona los responsables de la ponencia económica y territorial del PP de cara a su Congreso Nacional. Se reunieron allí bajo la coordinación de la vicepresidenta y del vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas; los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de la Rioja, José Ignacio Ceniceros, y del PP vasco, Alfonso Alonso, y catalán, Xavier García Albiol.
Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado varias comparecencias desde entonces para avisar al Gobierno central de que no iba a consentir un “trato injusto” hacia Galicia, pidió un reparto “ecuánime” de la financiación y demandó la alianza de las fuerzas políticas gallegas en la oposición para ese combate. En su discurso de Nochevieja el presidente gallego advirtió: “Galicia no aspira a ningún privilegio, pero tampoco los aprueba”. Desde entonces ha repetido ese mensaje de que no se “mezcle” ni “contamine” el debate identitario de Cataluña con la distribución de los recursos y ha encargado a su equipo que se prepare para hacer valer la importancia de la dispersión poblacional y la edad avanzada en el mundo rural frente a otros criterios.
El rey Felipe VI no irá a la Conferencia de Presidentes
La VI Conferencia de Presidentes autonómicos, prevista para el día 17 en el Senado, cambiará en esta ocasión de formato, tendrá menos protocolo, una parte deliberativa más corta (esa mañana) y otra para ratificar esa misma tarde una serie de acuerdos que tendrán luego seguimiento en una comisión específica. La agenda se cerrará hoy en una reunión de consejeros de Presidencia con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero la previsión es que el rey Felipe VI no tenga en esta ocasión ningún papel. No ofrecerá ni un desayuno ni un almuerzo oficial a los presidentes desplazados, como sí hizo en todas las anteriores ediciones menos en la primera su padre, Juan Carlos I. No habrá tampoco fotografía de familia de los políticos con el Monarca.
En Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes encargó a su consejero de Presidencia, Ángel Garrido, otro informe sobre las reclamaciones de esa comunidad. Madrid entiende que como comunidad rica aporta mucho más de lo que recibe del Estado pero cree de manera muy desproporcionada. Mantiene que algún fondo de compensación se sostiene al 80% con aportaciones solo de esa región y que Cataluña es muy beneficiada.
La ponencia del PP evitó señalar una posición comprometida y abogó por la reforma del actual modelo pero precisó: “No puede ser utilizada como elemento para la consecución de objetivos políticos, por muy legítimos que sean; y mucho menos para alcanzar objetivos políticos contrarios al ordenamiento constitucional”.
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