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La discrepancia en el Cupo con el Estado llega a los 1.600 millones

Tres lehendakaris, nacionalistas y socialistas han coincidido en la reclamación vasca

Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy en un acto sobre la memoria de las víctimas de ETA en Vitoria
Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy en un acto sobre la memoria de las víctimas de ETA en Vitoria

El Gobierno vasco demanda la aprobación de un mecanismo real de bilateralidad entre ambas administraciones que obligue a resolver las discrepancias económicas y competenciales en igualdad de condiciones y sin judicializar sus relaciones.

Esas discrepancias económicas, en torno a la liquidación del Cupo —la cantidad anual que debe de pagar el País Vasco al Estado para financiar las competencias no transferidas y la contribución al fondo de solidaridad— ascienden ya a cerca de 1.600 millones de euros desde 2007, cuantifica el Gobierno vasco.

Se arrastran desde ese año, pese a que en julio de 2007 fue aprobada en las Cortes la Ley quinquenal 28/2007 de 25 de octubre del Concierto Económico, que modificó la Ley 12/2002, de 23 de mayo. Tres lehendakaris, Juan José Ibarretxe (PNV), Patxi López (PSE), e Íñigo Urkullu, han discrepado abiertamente y de forma coincidente, frente a la administración central.

En parte, esas discrepancias se deben a incrementos de financiación que ha ido haciendo el Gobierno central a otras comunidades para algunas competencias exclusivas vascas, como la escolarización de los niños de cero a tres años o la financiación de la Ley de Dependencia. A mayor presupuesto en Educación, por ejemplo, menor Cupo.

La interpretación vasca se basa en que el Cupo parte del presupuesto de gastos de la administración central, y de esa cantidad se detrae el importe íntegro correspondiente a las competencias asumidas por Euskadi. A ese importe se le aplica el 6,24%, un porcentaje que, en teoría, representa el peso de la economía vasca en el concierto nacional.

A partir de ahí se establecen una serie de descuentos por los tributos concertados, los ingresos no tributarios y otros ajustes por impuestos directos, incluido el 6,24% del déficit presupuestario del Estado, entre otros ajustes menores. El Gobierno vasco ya se ha descontado esos 1.600 millones.

Además, pide compromiso para el TAV y la entrada soterrada a las tres capitales vascas.

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