Un exconsejero y diputado andaluz se sentará en el banquillo por contratos irregulares

El diputado socialista y exconsejero andaluz Luciano Alonso se sentará en el banquillo de los acusados este invierno después de que el fiscal le haya pedido 14 años de inhabilitación por prevaricación continuada al acusarle de "beneficiar a personas relacionadas con el Partido Socialista con puestos de libre designación y naturaleza eventual, a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados". Tras esta grave imputación de la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto juicio oral, que se celebrará previsiblemente el próximo febrero. Alonso es el primer diputado socialista desde que Susana Díaz preside la Junta de Andalucía que afronta el banquillo de los acusados.

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La acusación del fiscal censura en términos muy duros la actuación de este cargo histórico del PSOE andaluz, exsenador, diputado durante 12 años y consejero durante ocho años con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, entre 2008 y 2015. El ministerio público le acusa de beneficiar a personas vinculadas al PSOE para puestos cuyo nombramiento dependían de él, a sabiendas de que no tenían la formación necesaria. Además, el fiscal subraya que estas personas percibieron sus salarios presupuestados por la Consejería de Cultura "pero no desempeñarían sus funciones en modo alguno".

A pesar de que el exconsejero decida dimitir en los próximos días y por tanto pierda su fuero, su causa no volverá a los juzgados ordinarios sino que se celebrará en el alto tribunal andaluz con sede en Granada, tal y como ha avanzado El Mundo.

El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos de junio de 2015 que permite a los socialistas gobernar en Andalucía reza en su punto nueve: "Separar de inmediato a cualquier cargo orgánico imputado por corrupción política". Un portavoz de Ciudadanos contestó a este diario al respecto que no consideraba la acusación contra Alonso un asunto "de corrupción política". Ahora añade que su partido "está valorando" el caso "porque estamos en otro momento procesal", a pesar de que "no es lo mismo meter la pata que la mano".

El parlamentario socialista procesado ha criticado la opinión del fiscal, al que acusa de "olvidar que como eventuales [los tres cargos nombrados por él] eran puestos de confianza, sobre los que no es exigible a misma. Por otro lado, resultan de todo punto inadecuadas e improcedentes por atentatorias a los principios constitucionales de respeto a la privacidad, dignidad y libertad ideológica de la persona, las referencias a las adscripciones políticas de sus familiares", ha respondido en un comunicado sobre la mención al PSOE del fiscal.

Luciano Alonso designó a Luis Guerrero como director del Centro andaluz de Documentación del Flamenco por haber sido un "destacado militante del PSOE de Málaga y miembro de su Ejecutiva Provincial". Tras su nombramiento en 2013, "ambos acordaron" que no desempeñara las funciones previstas en el cargo de director del centro artístico ubicado en Jerez. "Continuó residiendo en la ciudad de Málaga y ni siquiera visitó la sede oficial del centro que debía dirigir, cuyos trabajadores incluso desconocían que contaban con un director", expone el fiscal.

También en 2013 el exconsejero nombró como director de la Filmoteca de Andalucía a Alejandro J. Cárdenas, hijo de la exalcaldesa de Jaén e "íntima amiga de la consejera" que precedió a Alonso y "miembro destacado del PSOE de Jaén". Cárdenas tenía entonces 24 años y estaba recién licenciado en Derecho, y Alonso le contrató "a sabiendas de que no iba a desempeñar ninguna de las funciones a éste encomendadas", censura el fiscal.

A pesar de saber que no iba a desempeñar el cargo, el joven presentó la documentación necesaria para su nombramiento, la Consejería propició su toma de posesión en el puesto. Cárdenas "ni siquiera visitó" la sede de la Filmoteca andaluza en Córdoba, critica el escrito de acusación del ministerio público.

Tras el cese de Cárdenas, el 1 de enero de 2014 Alonso nombró como directora de dicha filmoteca a María Centeno, hija y sobrina de destacados dirigentes del PSOE de Málaga. Durante un año y medio, Centeno "no ocupó dicho cargo ni siquiera visitó la sede que la Filmoteca tiene en Córdoba, donde era totalmente desconocida".

El juez instructor Miguel Pasquau exculpó a los tres contratados de haber cometido algún delito por haber aceptado cargos que nunca iban a ejercer en la Administración y cobrar por ello fondos públicos. Tras la apertura del juicio oral, ahora Alonso dispone de 10 días para presentar su escrito de defensa. Mientras, ni el PSOE ni el Gobierno andaluz se han pronunciado sobre su permanencia en el Parlamento como diputado.