El PP responsabiliza a Susana Díaz y otros 34 cargos del fraude de los cursos de formación

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El Partido Popular se ha adelantado al resto de partidos y al previsible archivo judicial de la causa al adelantar sus conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre la actuación política en el fraude de la formación. El PP exige responsabilidades a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a sus antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y a otros 32 cargos de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha recuperado 7,6 millones de euros de los 80 concedidos como subvenciones a un millar de empresarios y a los que reclama la devolución de las ayudas.

La comisión de investigación ha analizado las supuestas irregularidades detectadas en los cursos de formación desde 2002. Los diputados autonómicos del PP Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico han avanzado este domingo sus conclusiones adelantándose a IU y Podemos, que han pedido una ampliación del plazo, que acaba este lunes, y al previsto archivo de la causa judicial.

El PP concluye, como sostenía antes de que se iniciaran los trabajos de los grupos en el Parlamento, que “hay hechos más que evidentes que demuestran la responsabilidad política de la Junta de Andalucía y la pérdida de dinero público”.

A Susana Díaz le atribuyen responsabilidad por “falta de colaboración con los trabajos de la comisión”,  “ocultar información fundamental”, paralizar la formación profesional para el empleo durante cinco años, “participar de forma  activa en la recepción de fondos de formación profesional para el empleo para el PSOE andaluz a través de los alquileres de las sedes con UGT”; “faltar a la verdad al ocultar relaciones familiares con la formación" y “permitir que no se actúe con diligencia” para la recuperación y reclamación del dinero defraudado.

Del resto de responsables políticos a los que señala el PP destacan, además de los expresidentes, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero; el de Empleo, José Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo; ocho viceconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta FAFFE (fundación para la formación); y ocho delegados provinciales de Empleo.

Según Sillero, Montero recibió nueve Informes de Actuación, que son instrumentos excepcionales de control, y "no tomó las medidas adecuadas" para evitar los fraudes ni para recuperar los fondos afectados. También defiende el PP que la Cámara de Cuentas advirtió del mal funcionamiento del sistema de cursos. Sin embargo, este órgano descartó el menoscabo de fondos públicos.

El PP ha lamentado que de las 106 peticiones de documentación que se habían hecho a instancias de su grupo, sólo 29 se han atendido en su totalidad, 49 han llegado incompletas, y 28 no han sido remitidas al Parlamento.

Ruiz Sillero también ha destacado la falta de revisión de los expedientes que, en su opinión, ha dado lugar a falta de medidas sancionadoras y a no poder recuperar fondos públicos, ya que, según las conclusiones del PP, 1.082 expedientes del total de 18.023 podrían prescribir.

El Partido Popular eleva a 539 millones la cantidad entregada a los responsables de los cursos y que están aún pendientes de justificar, a lo que suma otros 800 millones que no se han ingresado por la paralización de los cursos.

La Comisión de Investigación ha celebrado 66 comparecencias durante 174 horas y 39 minutos transcritas en 4.130 páginas de los diarios de sesiones. Los grupos han recibido más de 1.148 expedientes en fotocopias.