Procesado un diputado socialista y exconsejero andaluz por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado continuar la causa contra el parlamentario socialista y exconsejero Luciano Alonso al apreciar indicios de prevaricación en el nombramiento de tres directores de organismos de la Junta cuando el diputado era consejero de Cultura.  El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos de junio de 2015 que permite a los socialistas gobernar en Andalucía reza en su punto nueve: "Separar de inmediato a cualquier cargo orgánico imputado por corrupción política". De momento, el PSOE mantiene como diputado a este cargo histórico que ha sido senador y consejero entre 2007 y 2015 y que ya ha anunciado que recurrirá.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía ha avanzado este miércoles que va a pedir al PSOE toda la documentación relativa al caso del exconsejero. La formación, con cuyo apoyo fue investida Susana Díaz, entiende que es un caso de corrupción política y exigirá el cumplimiento del pacto anticorrupción firmado entre ambas formaciones.

Este caso de enchufismo contra Alonso surgió por el nombramiento de un diputado malagueño socialista como exdirector del Centro Andaluz de Flamenco, lo que motivó una denuncia de la fiscalía. El alto tribunal andaluz archivó la denuncia contra el diputado, pero indagó sobre el papel desempeñado por el exconsejero. A continuación, el juez ha censurado en su investigación sobre Alonso los nombramientos de dos hijos de exalcaldes socialistas como directores de la Filmoteca de Andalucía.

En su auto de transformación en procedimiento abreviado, el magistrado Miguel Pasquau entiende que en la actuación del político socialista hubo “un deliberado torcimiento” de la normativa sobre la designación de personal eventual. Eso sí, el juez descarta que Alonso cometiera un delito de malversación, como defendía la Fiscalía Superior andaluza. La justificación del juez para llegar a esta conclusión es que las partidas presupuestarias correspondientes a los puestos de trabajo que están en entredicho “no fueron dedicadas a finalidades ajenas a lo público”, sino a actividades de Cultura que fueron ejecutadas.

Sin embargo, el instructor censura la forma utilizada por el exconsejero para esos nombramientos. “El modus operandi empleado por el señor Alonso comporta, indiciariamente, un fraude deliberado en perjuicio de las normas que limitan el nombramiento de personas de confianza, sin publicidad ni concurso, para funciones de asesoramiento en la Consejería”, subraya el auto que cierra la instrucción y transforma en procedimiento abreviado las diligencias penales abiertas el pasado abril. El juez, tras este auto que se puede recurrir, pide a la fiscalía que en el plazo de 10 días formule acusación o solicite el archivo de la causa.

La primera de las supuestas irregularidades que se achacan a Alonso está relacionada con el nombramiento como director del Centro de Flamenco de Luis Guerrero, actual diputado provincial del PSOE en Málaga. Guerrero declaró como investigado (denominación actual de imputado) al inicio de esta causa, pero el juez descartó que tuviera responsabilidad en los hechos porque cobró un sueldo por una actividad con “prestación real” y archivó el caso contra él. Su nombramiento se produjo en agosto de 2012 y se extendió hasta junio de 2015, aunque el actual diputado nunca ejerció como responsable del citado organismo, con sede en Jerez de la Frontera, sino que se dedicó a la promoción de actividades del Centro Andaluz de las Letras, ubicado en Málaga.

Alejandro J. Cárdenas fue nombrado director de la Filmoteca de Andalucía en septiembre de 2013 y mantuvo el puesto hasta diciembre de ese año, cuando lo sustituyó María Centeno, quien permaneció en el cargo hasta junio de 2015. Ambos, resalta el auto judicial, son hijos de exalcaldes socialistas y ninguno de los dos desempeñó las funciones propias de ese puesto para el que fueron designados. Al primero se le encomendó que realizara un informe sobre legislación de cine y la segunda ejerció como asesora de la entonces exviceconsejera de Cultura, Montserrat Reyes. De hecho, la dirección del organismo estaba a cargo de otras personas.

Alonso, durante su declaración ante el instructor, justificó estos nombramientos en la “merma de personal” por la refundición de las delegaciones provinciales de Educación, Cultura y Deporte y la reducción de consejerías. Aunque el magistrado descarta que exista malversación, sí entiende que fueron “decisiones arbitrarias para las que el ordenamiento jurídico no le facultaba [al exconsejero]”. Según recuerda el auto, no queda a criterio del titular de una Consejería convertir puestos de trabajo creados por decretos del Consejo de Gobierno para finalidades específicas en “puestos de asesoramiento personal indiferenciado”.

“Ninguna norma le habilitaba para designar libremente a una persona, más allá de los límites del personal eventual del Gabinete, y encomendarle la función de preparar un anteproyecto de ley o la coordinación de las competencias de la Consejería en una determinada provincia, comprometiendo así los objetivos de contención del gasto que se persiguieron” con la refundición de las delegaciones provinciales y la reducción de consejerías, subraya el magistrado. En su opinión, esos nombramientos “contravenían” las normas dictadas por un órgano superior, el Consejo de Gobierno.