Ciudadanos acelera para que el PP regule la muerte digna

Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso una propuesta de ley para regular la muerte digna. Ante la proliferación de normativas autonómicas, la propuesta ordena los derechos de los pacientes, clarifica las obligaciones de los médicos y prevé sanciones para los centros públicos y privados que no se atengan a la ley. Aunque el PP está obligado a apoyar su tramitación por el pacto de investidura que le une con Ciudadanos, el partido de Albert Rivera se ha ceñido a los términos estrictos de ese acuerdo para acelerar su paso por el Congreso y evitar cualquier fricción con la formación conservadora: no hay ninguna mención a la eutanasia ni al suicidio asistido, que seguirían siendo considerados delito.

Más información

¿Qué diferencia hay entre suicidio asistido, sedación y eutanasia?

España no es buen lugar para morir

El PSOE, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a aprobar en 2011 un anteproyecto de ley de muerte digna y cuidados paliativos, pero el texto finalmente se aparcó. El texto que ahora propone Ciudadanos es muy parecido al que entonces presentaron los socialistas, que, a su vez, era muy similar al que habían aprobado ya algunas comunidades autónomas: una norma que ordena derechos que, en su mayoría, estaban ya recogidos en la ley de autonomía del paciente, de 2002, pero que el Gobierno nunca ha terminado de regular por lo que, a la hora de llevarlos a la práctica, surgen trabas.

"Es una cuestión esencial mantener la igualdad ante la ley de todos los españoles hasta el último día de sus vidas. No puede ser que en España haya seis legislaciones diferentes y que no se legisle de forma igual sobre una cuestión que es un derecho fundamental", ha explicado el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Francisco Igea. Y ha subrayado: "Esperamos que la Ley haga todo el recorrido, se aprueba en esta legislatura y de forma muy temprana porque forma parte de los acuerdos que alcanzamos con el PP y, de hecho, es una parte muy esencial de dichos acuerdos".

La propuesta de ley destaca la necesidad de diferenciar entre un "razonable esfuerzo terapéutico" para alargar la vida de los pacientes y el "encarnizamiento terapéutico" que conduce a la prolongación de un sufrimiento "innecesario" cuando ya no hay una expectativa razonable de que el paciente se recupere de su enfermedad. Además, la normativa obliga a recibir cuidados paliativos integrales y de tratamiento del dolor, previendo el derecho a la sedación paliativa, "incluso cuando ello pudiera implicar un acortamiento de la vida". También establece el derecho a una habitación individual para los enfermos porque "las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se preserve su intimidad personal y familiar".

La norma sería de obligatorio cumplimiento para centros públicos y privados. Para ello establece sanciones económicas y profesionales, como revocar la autorización para la actividad de los centros incumplidores.

Este último aspecto ya fue muy criticado por los colegios profesionales cuando fue recogido en términos similares por leyes autonómicas como la andaluza. Entonces, los médicos advirtieron de las dificultades de ejercer su profesión "bajo el miedo" de ser castigados.