Un “grupo criminal” instalado en la planta ilegal de Chiloeches

En su auto, fechado este miércoles, el juez describe la actuación de los empresarios encargados de los residuos como la de "un grupo criminal". Por un lado, el juez imputa a estos empresarios y varios de sus trabajadores. Por otro, a los responsables de la Administración autonómica y del Ayuntamiento de Chiloeches que permitieron que la planta siguiera operando pese a no tener en vigor los permisos. Finalmente, las instalaciones acabaron ardiendo en agosto. 

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El juez imputa al administrador único de KUK Medioambiental -propietaria de la planta- y a los tres dueños de la empresa Grupo Layna, sociedad que tuvo arrendadas las instalaciones entre marzo de 2015 y marzo de 2016. Durante ese tiempo, según describe el auto, habrían llegado hasta las instalaciones "27.220 toneladas de residuos peligrosos, además de una cantidad indeterminada de residuos no peligrosos". Los trabajadores luego realizaban presuntamente "mezclas de los residuos peligrosos con los no peligrosos". "Esta mezcla era posteriormente cargada en camiones bañera del propio Grupo Layna y, tras ser recubiertos por una capa de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), trasladados al vertedero de residuos inertes de Salmedina, con el que los investigados mantenían una estrecha relación". El juez también imputa al gerente de esa planta de Salmedina. 

Con estas prácticas, según el auto, se pudieron "gestionar presuntamente ingentes cantidades de residuos peligrosos procediendo a su vertido en un lugar no habilitado al efecto, con el consiguiente riesgo para las personas y el medio ambiente".

Estas prácticas, según adelantó EL PAÍS, fueron denunciadas a principios de año por el grupo Anonymous y la patronal del sector de residuos peligrosos, Asegre, que llegó a contratar a una agencia de detectives privados para registrar las irregularidades, que luego fueron confirmadas por el Seprona de la Guardia Civil.

Responsables políticos

Entre los imputados figura el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Sergio González, que en septiembre dejó su cargo tras conocerse que había tenido relaciones empresariales con Grupo Layna. El juez le acusa de "prevaricación ambiental". Según detalla, otorgó presuntamente a KUK "una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada", el permiso que necesitaba para que la planta siguiera recibiendo residuos peligrosos. Pero el juez recuerda que, en vez de haber logrado esa modificación, la empresa "debería haber cesado su actividad por sanción". Tenía suspendida esa autorización ambiental. Por el mismo motivo, varios altos cargos de la Junta, de esta etapa y del anterior Gobierno autónomo, también están imputados.

Por último, el juez imputa al exalcalde Chiloeches César Urrea por haber permitido que la planta operara en su localidad pese a que la mayor parte de las instalaciones no contaban con licencia municipal, como adelantó EL PAÍS. "El Consistorio tenía presuntamente perfecto conocimiento de que la empresa ejercía la actividad sin la preceptiva licencia de apertura", recuerda en su auto el juez.