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Solo el PSOE rechaza limitar las puertas giratorias de jueces

Asociaciones de jueces y Podemos y Ciudadanos apoyan el debate sobre el retorno a la política

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. Ampliar foto
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. EFE

Las asociaciones de jueces y todos los partidos, salvo el PSOE, apoyan la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para limitar las llamadas puertas giratorias de los jueces. Catalá explicó en una entrevista publicada este lunes en EL PAÍS su propuesta para evitar que jueces y magistrados pasen directamente de la actividad política a la judicial. No obstante, los partidos y las asociaciones judiciales hacen propuestas distintas que van desde la limitación permanente o temporal al apartamiento de órganos colegiados de los que se haya formado parte antes de participar en política. La reforma legal necesitaría mayoría absoluta del Congreso.

El ministro de Justicia quiere establecer límites a las llamadas puertas giratorias de jueces y magistrados, es decir, que una vez hayan ejercido una actividad política no se reincorporen directamente a la Justicia. El Gobierno del PSOE eliminó en su momento el periodo de dos años que debían permanecer apartados de la carrera antes de su reincorporación. Catalá propuso hace un año incluir en el programa electoral del PP la reforma para establecer la limitación y ahora se propone avanzar en una reforma legal.

Los jueces, a través de las asociaciones profesionales, comparten la necesidad de revisar la situación actual, aunque no proponen limitaciones concretas o coincidentes. Así, Celso Rodríguez, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, incluye dentro de sus propuestas para mejorar la credibilidad de la Justicia y “con el fin de superar la injusta percepción social de injerencia política que venimos padeciendo” una “regulación de las llamadas puertas giratorias”. Esta asociación no precisa, a la espera de abrir el debate necesario, si esa limitación debe ser permanente o temporal. Pero, en todo caso, pide que se incluyan todos los cargos políticos, no solo los electos como parlamentarios, sino también los de designación. Por ejemplo, el de director general en el Ministerio de Justicia que ocupó Carlos Lesmes, hoy presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial.

El presidente del Supremo estaría afectado

Si se pudiera aplicar retroactivamente, el número uno de la cúpula judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, sería uno de los afectados por una limitación del paso directo de la política a la Justicia. Carlos Lesmes fue director general en el Ministerio de Justicia en la etapa de José María Aznar. Tras cesar, volvió a la carrera judicial y luego llegó a presidente del Supremo.

Un caso similar es el de José de la Mata, ahora magistrado de la Audiencia Nacional y antes director general en Justicia en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el Congreso de los Diputados en este momento están los magistrados Margarita Robles y Juan Carlos Campo, ambos del PSOE, y Juan Pedro Yllanes, diputado de Podemos. En la anterior legislatura lo fue Victoria Rosell, hoy reincorporada a la Justicia.

Y el Gobierno acaba de nombrar director general de la Guardia Civil al magistrado José Manuel Holgado. El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, es juez.

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, pide que se estudie “algún tipo de solución que deje a salvo la apariencia de imparcialidad de los jueces”, y apunta como opciones que, por ejemplo, la vuelta inmediata no sea al mismo órgano judicial. Y, en todo caso, que se preserve “el derecho fundamental de los jueces a participar en los asuntos públicos sin limitaciones”.

Respecto a los partidos, el portavoz de Justicia de Unidos Podemos-En Comú Podem, Jaume Moya, asegura que su grupo está en contra de todo tipo de puertas giratorias. No obstante, explica que el debate debe ser cómo y por cuánto tiempo se establecen las limitaciones. Lo esencial, en su opinión, es la transparencia y la fiscalización de cada caso.

Moya asegura que sería excesivo un periodo de 10 años para los jueces que hayan estado en política antes de volver a su actividad jurisdiccional, pero asegura que sí es partidario de estudiar alguna fórmula. El diputado del grupo que dirige Pablo Iglesias añade, además, otro tipo de puertas giratorias no contemplado por Catalá. En concreto, el de aquellos que hayan ocupado altas instancias en la administración de Justicia y puedan utilizar esa experiencia para fichar, por ejemplo, por grandes despachos de abogados.

El Gobierno de Mariano Rajoy autorizó en 2015 al ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce a incorporarse al despacho de abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad tras su cese. Juan Pedro Yllanes, juez y ahora diputado de Podemos, pone de manifiesto el hecho de que el Gobierno del PP se haya acordado de este asunto precisamente cuando jueces como él se han incorporado al partido de Iglesias.

Ciudadanos comparte la propuesta de Catalá, e incluso en su programa decía: “Restringiremos las puertas giratorias entre justicia y política, imponiendo a jueces y magistrados una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos. Una vez producido el cese, la excedencia se extenderá por el mismo periodo”.

Derecho limitado

El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, rechaza cualquier limitación y asegura que “sería un disparate” porque limitaría el derecho de jueces y magistrados a participar en política o a ocupar cargos relacionados con la administración de Justicia. Campos es magistrado, fue secretario de Estado de Justicia y alto cargo de la Junta de Andalucía, y se vería afectado por la limitación si pudiera aplicarse con carácter retroactivo.

El paso de la política a la Justicia fue polémico a principios de los años noventa con casos como el de Baltasar Garzón, que volvió a la Audiencia Nacional tras ser diputado del PSOE. Recientemente, han sido apartados de procesos contra el PP los jueces Enrique López y Concepción Espejel, pero no por haber ocupado cargos políticos, sino por su relación con los populares.