España necesita respuestas a las nuevas preguntas

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“Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”, decía el escritor uruguayo Mario Benedetti. Una forma muy gráfica para explicar lo que está pasando en España. Las instituciones, las leyes, las estructuras y los usos y costumbres que se desarrollaron en nuestro país desde la restauración de la democracia no han evolucionado al ritmo de los nuevos problemas de una sociedad insatisfecha y que reclama profundas reformas políticas, económicas y sociales.

Además, la manera de afrontar la durísima crisis global, iniciada en 2008, no solo ha aumentado la desigualdad, sino que ha abierto la brecha entre los partidos y unos ciudadanos que cada vez se sienten más alejados de las instituciones. Los políticos han de buscar soluciones ante los nuevos retos que tienen ante sí: ofrecer certezas a personas decepcionadas, indignadas y que exigen respuestas a sus problemas reales. Paro, corrupción, gestión política, futuro de las pensiones, Estado del bienestar, desigualdad, justicia... son los más importantes.

EL PAÍS inicia hoy una serie sobre las principales reformas que necesita España. La formación de un nuevo Gobierno, tras más de 300 días de interinidad, devuelve la normalidad institucional a nuestro país y abre la posibilidad de pactar nuevas políticas para hacer frente a los problemas reales de los españoles. Un Parlamento tan fraccionado puede facilitar el diálogo y evitar el inmovilismo propio de las mayorías absolutas.

La evolución de los resultados en las últimas elecciones en España (europeas, autonómicas, municipales y generales) muestra el desgaste de los dos grandes partidos políticos (PP y PSOE), que se han turnado en el poder desde 1982, y el nacimiento de otras dos fuerzas (Podemos y Ciudadanos) que pretenden ocupar su espacio con nuevas ofertas y políticas reformistas. Aunque ni los partidos viejos son tan viejos ni los nuevos son tan nuevos. La realidad ha demostrado que los acuerdos son posibles, como ha sucedido en multitud de Ayuntamientos y comunidades autónomas.

Junto al declive del bipartidismo, se ha producido un movimiento intenso de desafección hacia la clase política y hacia las instituciones. Los españoles reclaman cambios políticos profundos y urgentes. Está en crisis hasta la propia democracia representativa, con el riesgo de que siga aumentando la nómina de ciudadanos que se sienten fuera del sistema y que quieren acabar con lo que denominan “el régimen del 78”, impulsados por algunas fuerzas políticas que hacen el doble juego de estar dentro y fuera del sistema.

Este mismo sábado, la Coordinadora 25S, surgida de la protesta del 25 de septiembre de 2012, ha convocado una manifestación en la que destacan lemas como “frente a un Congreso vacío de democracia oponemos nuestras plazas llenas de lucha”. Está previsto que participen varios dirigentes de Unidos Podemos.

Al margen de este ambiente de enfrentamiento, hay una serie de reformas políticas que se deben acometer de forma urgente; especialmente las referidas a la regeneración. La corrupción y la falta de transparencia han sido dos de las causas fundamentales de esa desafección. Los españoles demandan limpiar la clase política y cambiar algunas de las reglas del juego que han funcionado hasta ahora. Entre ellas, la ley electoral, sobre la que la mayoría de los partidos políticos están dispuestos a negociar, sobre la base de aumentar la proporcionalidad.

Separación de poderes

Todo ello sin olvidar las reformas necesarias ante el reto dinamizador del Estado: la justicia, los órganos jurisdiccionales y la Administración pública, en busca de una más clara separación de poderes y una mayor eficacia del Estado, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Esa es una asignatura pendiente, junto a la financiación autonómica, cuyas negociaciones no han conseguido dar con la solución a un problema que se arrastra desde hace años.

Otra reforma ineludible es la de negociar un nuevo marco político y económico específico para Cataluña. El movimiento secesionista catalán requiere, además de la defensa de la legalidad, una respuesta política que ha brillado por su ausencia en los últimos años. Urge iniciar un diálogo entre todas las fuerzas políticas para rehacer las relaciones de Cataluña con el conjunto de España.

Las políticas de exteriores, seguridad y defensa requieren también un cambio de rumbo. España ha perdido peso e influencia tanto en los órganos de gobierno de la Unión Europea como en sus relaciones con Estados Unidos y los principales países iberoamericanos. Es el momento de definir nuestra posición estratégica y buscar una mayor influencia internacional.

En el entorno económico y social, las reformas son especialmente urgentes. La primera, sin duda, la de las pensiones. Los cambios demográficos, el aumento del número de desempleados y el propio sistema de reparto han puesto en peligro la financiación de las pensiones. Es urgente la convocatoria del Pacto de Toledo para buscar soluciones a uno de los problemas que preocupan a más españoles.

La reforma fiscal es otra de las prioridades a muy corto plazo. Hay que replantear la política de ingresos y gastos dentro del marco legal de la UE y garantizar el Estado del bienestar en España; uno de los principales logros de la democracia. Habría que plantear también nuevas políticas para luchar contra la desigualdad en todos sus aspectos y un nuevo enfoque en la política migratoria.

La política social y las relaciones laborales merecen también un planteamiento que se adapte al nuevo entorno económico y del empleo. Las dos reformas laborales aprobadas en los últimos años no han solucionado los graves problemas de desempleo que tiene nuestro país, probablemente porque se han centrado en los modelos de contratación.

Todo ello sin olvidar dos reformas imprescindibles para España: la modernización del modelo productivo y la del sistema educativo. Esos son dos pactos de Estado que deberían plantearse cuanto antes, intentando una conversación lo menos ideologizada posible, teniendo en cuenta que son básicos para el futuro de España y de sus ciudadanos.

Y, finalmente, los políticos deberían debatir, de una vez por todas, la reforma de la Constitución. Muchas de las reformas planteadas pueden requerir cambios en una Ley Fundamental que, con 38 años de vida, necesita modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos. Sería oportuno crear una subcomisión parlamentaria para analizar la reforma de la Constitución. Cuanto antes, mejor.