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Familias y alumnos, en huelga contra las reválidas educativas

Los profesores de cuatro comunidades convocados para el paro. Es la protesta número 23 desde 2012

Jornada de huelga en un colegio de Madrid.

Las reválidas son la última medida de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y también la que ha provocado más rechazo desde las aulas al Congreso de los Diputados. Familias y alumnos de toda España están convocados este miércoles a una huelga para pedir que se retiren. También están llamados los profesores de al menos cinco comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Murcia, Navarra y País Vasco, esta última con paros parciales de una hora) en una movilización general contra los exámenes de final de etapa de ESO (15 y 16 años) y Bachillerato (18 años) para la que los convocantes han previsto manifestaciones en más de 40 ciudades.

El Sindicato de Estudiantes y la Federación de Estudiantes Progresistas (FAEST) llaman a los alumnos y la principal confederación de padres de la escuela pública, la CEAPA, pide a las familias que no lleven a sus hijos a clase. Distintos sindicatos docentes secundan los paros, que también respaldan PSOE, Podemos e IU.

Las evaluaciones finales se ponen en marcha este curso aunque aún faltan detalles de su contenido y realización —el Gobierno en funciones aún no ha aprobado la orden que regula cómo serán las pruebas, para lo que se ha dado de margen hasta el 30 de noviembre—. En este primer año de implantación se aplicarán como prueba piloto (es decir, que no habrá que aprobarlas para conseguir el título) pero la de Bachillerato sustituye a la Selectividad.

“El Gobierno aprobó el decreto que las regula en julio, a escondidas de la comunidad educativa”, señala Ana García, del Sindicato de Estudiantes. “Es su medida más lesiva que dejará a cientos de miles de jóvenes del sistema educativo. Y tienen un carácter franquista porque son como las que tenían que aprobar nuestros padres para poder seguir estudiando”, añade.

Será la segunda huelga convocada contra las medidas educativas del Gobierno del PP desde que Íñigo Méndez de Vigo está al frente del Ministerio de Educación y la número 23 que promueve el Sindicato de Estudiantes desde 2012. Aunque están convocados los alumnos de todas las regiones, el Sindicat d'Estudiants dels Paisos Catalans se ha descolgado de la convocatoria por considera que la huelga es “claramente españolista”, informa Jessica Mouzò.

La Comunidad de Madrid es la única en la que están convocadas todas las etapas educativas, desde educación infantil a Formación Profesional. La comunidad educativa –sindicatos y padres- arrancó la legislatura de Cristina Cifuentes con cierta cercanía el Gobierno regional, que se ha mostrado más dialogante que el de Ignacio González con el que las diferencias eran insalvables. Pero, aunque los recortes en educación no han ido a más, no hay una gran mejora presupuestaria y a muchos no les ha gustado el pacto educativo que ha propuesto el Partido Popular a la Asamblea de Madrid, informa Elisa Silió.

No gusta que se centre en la evaluación del profesorado. Además, Madrid está implantando la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con más rigor que otras regiones que tratan de esquivarla. En este contexto los sindicatos de distinto signo ideológico, que llegaron a hacer causa común durante las mareas verdes contra la tijera presupuestaria, se muestran divididos. Hasta el punto que el sindicato de profesores Anpe, el de funcionarios CSI-F y la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional (CSIT) han mostrado públicamente su distanciamiento.

Contra los recortes

Además de pedir la paralización de las reválidas, los convocantes reclaman también la derogación de la LOMCE y se movilizan contra los recortes. “Son medidas que atacan a la educación de nuestros hijos y tenemos que luchar contra ellos, para que el día de mañana no nos pregunten por qué no hicimos nada por su futuro”, añade José Luis Pazos, de la confederación de familias CEAPA.

En las últimas semanas ha habido movimientos contra estos exámenes desde las propias comunidades autónomas. Los directores generales de Educación de todas las regiones (incluidas las cinco del PP) se manifestaron para pedir que este curso se prorrogue la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU o Selectividad) porque aún no se conocen los detalles del nuevo examen. El PP negoció incluso, en el intento fallido de investidura de Mariano Rajoy del pasado septiembre, dejar las reválidas sin efecto a cambio del apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria. Ciudadanos asegura que ese acuerdo sigue en pie para esta nueva ronda de investidura, un extremo que no confirman ni el PP ni el Ministerio de Educación.

Los padres y estudiantes que llaman a la huelga desconfían. “El anuncio de Ciudadanos fue un intento de frenar la huelga supeditado a un pacto educativo que no va a estar listo cuando lleguen las reválidas y del que no hay nada por escrito”, según Pazos (CEAPA).

La principal manifestación recorrerá el centro de Madrid a partir de las 18.00 y pasará cerca del Congreso de los Diputados a la misma hora en la que empieza la primera sesión del segundo debate de investidura de esta legislatura de Mariano Rajoy. Pero hay movilizaciones convocadas a mediodía y por la tarde en todas las comunidades autónomas.

Comisiones Obreras convoca a los docentes a secundar el paro en Madrid y en Andalucía llama a los paros el sindicato USTEA, informa Ángeles Lucas. “Lo que tenemos que hacer es apoyar a los estudiantes y la familia, que la comunidad educativa vaya unida. Porque además de la LOMCE y la reválida, exigimos que haya más presupuesto en Andalucía", declara Olga Gómez, responsable de USTEA Sevilla del sector, que critica desde la entidad además la falta de convocatoria decidida del resto de sindicatos.

“Nos hemos reunido varias veces con los profesores pero este día no les parecía la mejor fecha para la movilización. Nosotros entendimos que dejarlo para noviembre era demasiado tarde”, añade Alejandro Delgado, de FAEST. Los estudiantes anuncian nuevos paros si las reválidas se mantienen: “Puede que la movilizaciones tengan que continuar”, concluye Ana García.

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