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DÍA DEL DERECHO A SABER

Las preguntas que el Gobierno no contesta (pese a la Ley de Transparencia)

Tras más de año y medio en vigor obtener información pública sigue siendo un reto

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

La norma que regula el derecho a saber en España ha cumplido año y medio, con escaso interés por parte de los ciudadanos. El Portal de Transparencia apenas ha recibido 5.992 peticiones de información por culpa, en parte, del complicado sistema de acceso, que el Defensor del Pueblo ha calificado de "disuasorio".

Si es difícil pedir información amparándose en la Ley de Transparencia, en muchas ocasiones también lo es que el Gobierno conteste a lo que se le pregunta. El Ejecutivo no admite a trámite o deniega una de cada tres peticiones, según su último balance. Hoy se celebra el día internacional del derecho a saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas.

Pese a que la norma obliga a hacer publicidad activa de las informaciones cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, el Portal de la Transparencia lleva meses sin ofrecer ningún dato que proceda de peticiones ciudadanas. El Gobierno tampoco ha elaborado el reglamento que desarrolla la ley --previsto para 2015--, y que tendría que resolver las diferencias en la interpretación de sus preceptos.

El resultado es que los ciudadanos cada vez recurren más al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano competente para velar por el cumplimiento de la ley, porque no están satisfechos con la respuesta de la Administración o porque esta directamente no les contesta. El CTBG ha recibido desde su creación 911 reclamaciones, según sus últimos datos.

A los tribunales por el derecho a saber

Cuando se aprobó la Ley de Transparencia, nadie pensaba que sería la propia Administración la que acabaría recurriendo a los tribunales para no dar información. Ministerios y empresas públicas han llevado al juzgado resoluciones que daban la razón a los ciudadanos.

Hasta ahora el Consejo de la Transparencia acumula diez de estos recursos. Tres son de Radio Televisión Española, que se niega sistemáticamente a aceptar las solicitudes de información basadas en la Ley de Transparencia. También el Ministerio de Presidencia ha llevado a los tribunales al Consejo para evitar divulgar informes precisamente sobre el progreso del Gobierno en materia de transparencia.

RTVE no quiere que se sepa cuánto costó el festival de Eurovisión, ni el presupuesto de los diferentes canales ni cuánto ha pagado por comprarle películas a la productora Video Mercury Films, propiedad de Enrique Cerezo. El Ministerio del Interior no quiere desvelar a un ciudadano información sobre la entrevista que hizo en un proceso de selección de la Guardia Civil. Renfe se sigue negando a publicar las condiciones de licitación para el suministro de 15 trenes de Alta Velocidad que le pidió un ciudadano y también ha presentado recurso contencioso administrativo. Son algunos ejemplos de información que, por ahora, siguen fuera del alcance del público, aunque el organismo encargado de interpretar la Ley de Transparencia diga que sí deberían conocerse. 

Bajo el lema Contra la opacidad, el derecho a saber, el Consejo organiza hoy un "maratón de preguntas" con la colaboración de la fundación Civio y de Access Info. Estas dos organizaciones ceden su certificado digital (el requisito de identificación que exige la Administración en España) para que cualquiera pueda ejercer su derecho y preguntar a través de un sencillo formulario.

Aunque la Ley ha permitido hacer públicos datos hasta ahora secretos, como los gastos en las embajadas, los pasajeros que utilizan las estaciones del AVE, cómo emplea la Iglesia los fondos públicos que recibe o qué abogados del Estado están en excedencia, todavía hay muchas preguntas que el Gobierno no quiere responder. EL PAÍS ha recopilado a lo largo de año y medio ejemplos en los que la ley no ha ayudado a hacer transparente la gestión de lo público:

Industria

Tras conocerse el contenido de dos informes oficiales de instituciones españolas que decían que hubo relación entre la inyección de gas en el depósito submarino Castor y los más de 500 terremotos registrados en la zona en septiembre de 2013, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que también había encargado estudios a “expertos internacionales”: la Universidad de Stanford y el MIT. 

“Qué tipo de contratación ha seguido el ministerio, con cargo a qué partida presupuestaria, dónde está publicado el concurso público o la adjudicación y el importe de estos dos estudios”. Así preguntó EL PAÍS meses después, pero Industria denegó la petición. Alegó que los estudios todavía estaban "en curso de elaboración".

Medio Ambiente

¿Qué hace el Gobierno para cumplir su propio plan contra la contaminación? EL PAÍS solicitó los informes de seguimiento del plan nacional de calidad del aire, llamado Plan AIRE, para comprobar qué avances se han producido desde que el Gobierno lo aprobó en 2013.

Por defecto, cualquier información sobre medio ambiente que se solicita a través del portal es rechazada. Se inadmite a trámite y se le indica al interesado que tiene que trasladarla directamente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en virtud de una ley de 2006 que regula el derecho a la información en materia de medio ambiente.

El problema es que, por esta vía, las garantías para reclamar la información no son las mismas. En el caso del Plan Aire, el ministerio nunca envió la documentación oficial que se le solicitó. Tampoco alegó la inexistencia de informes, lo que hubiera significado que no hizo seguimiento de su plan. El CTBG no admitió a trámite la reclamación por "no ser competente" en materia medioambiental. 

Interior

¿Cuántas intervenciones telefónicas hacen la Policía y la Guardia Civil? Cuando se solicitan "estadísticas sobre las solicitudes de intervenciones telefónicas y las autorizaciones concedidas a Policía Nacional y Guardia Civil", el Ministerio del Interior contesta con un: “Procede denegar el acceso”.

Sanidad

La lista de espera quirúrgica, desglosada por comunidades autónomas, es uno de los mayores secretos en el ámbito de la política sanitaria. ¿Esperan más los madrileños que los andaluces para operarse? ¿Dónde se gestiona mejor la actividad quirúrgica? Son dudas que ni siquiera la Ley de Transparencia permite resolver, pese a que en otros países son datos públicos que suelen estar colgados en las páginas web de los servicios de salud.

EL PAÍS pidió las estadísticas, pero el Ministerio de Sanidad denegó la información. "Los datos que se reciban de las comunidades autónomas para facilitar esta información, tienen el carácter de informes internos o entre órganos o entidades administrativas", alegó el departamento que entonces dirigía Alfonso Alonso.

¿Y qué ocurre con las infecciones hospitalarias? La sanidad pública de países europeos como el Reino Unido permite consultar la tasa de infecciones nosocomiales de cualquier centro para que el paciente pueda valorar dónde prefiere ir a operarse. En España, una vez más, es información imposible de obtener. El Ministerio de Sanidad afirma que solo tiene datos agregados por comunidades autónomas y que por tanto no puede responder.

Defensa

¿Qué autoridades y acompañantes viajan en aviones oficiales? El uso que se hace de estas aeronaves es una pregunta recurrente, que también hizo EL PAÍS. El Ministerio de Defensa argumenta dos cosas para denegar la información: que requiere reelaboración al tener que consultar distintas bases de datos y que además los datos son secretos.

Esta es una de las cuestiones que dirimirán los tribunales de justicia. El Consejo de la Transparencia dio la razón a un ciudadano que solicitó la información. Consideró, por un lado, que la identidad de las autoridades en el desempeño público de sus cargos no debe quedar vetada al conocimiento de los ciudadanos y, por otro, que la información no puede considerarse como clasificada puesto que no ha habido un acto expreso de clasificación.

El Ministerio de Defensa presentó un recurso contencioso administrativo para evitar dar los datos como le pedía el Consejo.

Asesores a dedo

En los gabinetes ministeriales trabajan unos 150 asesores eventuales (contratados a dedo), con sueldos brutos anuales de casi 60.000 euros de media que, solo en 2013, costaron 8,3 millones de euros al erario público. ¿Hay más o menos ahora? ¿Quiénes son y para quién trabajan?

El Gobierno se niega a hacer público un listado de esos puestos de trabajo en 2014 y 2015. EL PAÍS preguntó, recurrió la negativa de la Administración y el Consejo de la Transparencia le dio la razón. Pese a la resolución a favor, el Gobierno ha incumplido el plazo y sigue sin entregar la información. La Ley de Transparencia no da poder coercitivo al Consejo; solo le permite "instar". 

Hacienda

¿Qué le dice la Comisión Europea a España cuando le abre un procedimiento de suspensión o de interrupción de fondos? ¿Qué contesta España a los requerimientos? En el caso de los millones de euros en ayudas FEDER que Bruselas ha bloqueado por distintas irregularidades, el ciudadano español no lo tiene fácil para saber qué correspondencia intercambia su país con la Comisión. El Ministerio de Hacienda denegó una petición de EL PAÍS alegando que pedía demasiada información y que además esta requería reelaboración.

investigacion@elpais.es